El carnet de militante sandinista es el boleto a la libertad de miles de reos comunes

Entre 2014 y 2022 al menos 38,540 reos comunes salieron de las cárceles sin pagar condena gracias al "perdón presidencial" o "régimen de convivencia familiar" que otorga el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua de manera discrecional. En 2023 otros 7,630 recibieron el premio de la libertad sin saldar su deuda con la sociedad, entre ellos 2.200 regresados a las calles el pasado diciembre.

La cuota y parámetros para otorgar el beneficio de excarcelación anticipada son manejados a discrecionalidad. La Constitución establece que la concesión de indultos o reducción de penas carcelarias son atribuciones de la Asamblea Nacional, pero los listados que en los últimos años se cuentan por miles no pasan ese filtro y son anunciados como actos de generosidad.

La militancia sandinista es la llave para salir de prisión. Familiares de reos que cumplen condenas en los penales de Juigalpa, Tipitapa y Chinandega y que han iniciado el periplo para sacarlos de prisión sin cumplir condena cuentan bajo anonimato que "sin el carnet de militante, no se mueve nada".

El trámite comienza en las oficinas de resucitado Ministerio del Interior. Ahí se informa a todo aquel que quiere gestionar la salida anticipada de un reo que para hacer la solicitud es "requisito" contar con el carnet de militante del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Demostrada la fidelidad partidaria, comienza un proceso que incluye el llenado de una ficha en la que, además de los datos del reo y del solicitante, se deben aportar nombres, contactos y filiación política del resto del núcleo familiar del beneficiario. Luego, la persona que gestiona la excarcelación pasa por una entrevista en la que el interrogador se asegura de verificar que sean fichas del partido rojinegro.

NOMBRES, TELÉFONOS Y LUGAR DE TRABAJO DE TODA LA FAMILIA

"Lo primero que preguntan (los funcionarios del Ministerio del Interior) es si uno tiene el carnet de militancia. Luego hacen un interrogatorio sobre la familia y nuestra afinidad política y si participamos en actividades del partido (FSLN)", cuenta la madre de un preso que pide solo ser identificada como Martha.

En la ficha que Martha completó aportó los nombres del papá del hijo que quiere sacar de la cárcel y también los de sus hermanos. Dejó también sus números  de teléfono, lugar de trabajo y hasta el nombre del colegio donde estudiaron.

Entre las preguntas en las que más le insistió el funcionario que le recibió la ficha recuerda:

-En qué partidos políticos militan los demás miembros de su familia?

-¿Votaron en las elecciones?

-¿Han participado en actividades del FSLN  u otro partido?

-¿Algún familiar ha sido candidato a algún cargo público por partidos opositores?

-¿Alguien de su familia participó en las protestas de 2018?

El abogado defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, dice que la militancia partidaria como requisito en las gestiones que se realizan ante cualquier institución del Estado es una práctica "común" del FSLN, pero que ha tenido un marcado peso en los últimos años, pues el carnet del partido ha llegado a alcanzar la categoría de documento oficial, tanto o más que la propia cédula de identidad.

"En el desarrollo de mi trabajo en Nicaragua pude comprobar que muchas personas acusadas de delitos graves y que debían cumplir sendas penas eran puestas en libertad por gestiones partidarias entorno al Frente Sandinista", confirma el abogado que se encuentra en el exilio.

PREGUNTAN HASTA POR LOS MUERTOS

Una chinandegana que también presentó una solicitud de indulto para un familiar, dice que ella pasó por un proceso similar y ahora está a la espera de que le resuelvan si este mayo, para el Día de las Madres, le concederán el beneficio.

Explica que además de demostrar que milita en el FSLN quien la interrogó le indicó que debía informar si tenía familiares fuera del país o que hubiesen fallecido en los últimos años. "El que tiene familia en el extranjero debe decir el país en el que se encuentran y en caso de que alguien cercano haya muerto se debe decir también la causa", añade.

Otra fuente que habló bajo confidencialidad explicó que la orientación que tienen los funcionarios del Ministerio del Interior es asegurar que los beneficiarios de indultos "sean  reos comunes que pertenecen a familias leales al partido" y, por eso, lo primero que se exige es la militancia.

EL PROCESO PARA LA LIBERACIÓN DE UN REO COMÚN

Las liberaciones masivas de reos con sentencia firme han estado en el punto de mira de defensores de derechos humanos porque no solo representan un manoseo a las leyes sino un peligroso mensaje de impunidad ya que las propias autoridades facilitan la salida de personas responsables de todo tipo de delitos, desde robos hasta crímenes.

"Desde hace algunos años el gobierno sandinista ha vulnerado y trastocado la norma para la liberación de presos comunes y ha utilizado estas liberaciones como un arma política. Estamos hablando de una estrategia que no solo evidencia la búsqueda de fidelidad, sino el hecho de que no le importa romper las normas y procesos estipulados para la liberación de reos", critica Cuevas.

El abogado defensor explica que para proceder con la excarcelación anticipada de reos comunes se debe realizar apegada a lo establecido en las leyes No 473, Ley del régimen penitenciario y ejecución de la pena y la ley No. 745, Ley de ejecución, beneficios y control jurisdiccional de la sanción penal.

En dichas normas se definen las condiciones las vías de excarcelación: por cumplimiento de la condena establecida, por buen comportamiento dentro del sistema penitenciario o por la presentación y en caso que demuestre alguna enfermedad crónica o en fase terminal.

El proceso para liberar a un preso común es únicamente por medio de una orden escrita librada por la autoridad judicial competente, quien deberá dirigir la orden al director del centro penitenciario.

Según la Ley No. 473, en los casos en los que la Asamblea Nacional otorgue indultos o amnistías bastará la presentación de la ley al director del centro penitenciario por medio del cual se le perdona al reo y se le otorga la reinserción a la sociedad.

EL PELIGROSO BENEFICIO DEL PERDÓN PRESIDENCIAL

Cuevas señala que el llamado perdón presidencial es un atentado a la seguridad, ya que anulan los filtros estipulados en la ley por priorizar la fidelidad partidaria. Eso no solo causa malestar en la sociedad sino que "promueven impunidad", incluso en el caso de delitos graves como homicidios y femicidios, reitera.

"Lamentablemente todos estos procesos anómalos de liberación trastocan la ley y provocan malestar social porque liberan a ciudadanos que no se reinsertan de la mejor manera a la sociedad, los ponen en la calle y vuelven a delinquir y esto conlleva a una inseguridad social y hasta a una impunidad de crímenes atroces como el homicidio y el femicidio", dijo el abogado defensor.

Por su parte, la socióloga y feminista Claudia Vargas, coincide en que el perdón presidencial es speligroso para las familias de las víctimas de femicidios que demandan justicia: "Que la dictadura libere a nuestros agresores es una bofetada y una burla a nosotras, es también decir que no le importan los delitos que tengan que ver con las mujeres y por supuesto es negarles justicia a estas familias que perdieron a una madre, hija, hermana y esposa".

Vargas considera que la excarcelación anticipada y al margen de la ley solo demuestra que "la justicia que se hace en Nicaragua es que la que él (Daniel Ortega) decide y como él decide" y que este "perdón comprado" solo deja más violencia y muerte en el país.

EL PODEROSO CARNET DE MILITANTE

Bajo el régimen Ortega-Murillo, el carnet de militancia del FSLN tiene más valor que cualquier documento oficial. Portarlo hace la diferencia para conseguir un empleo, entrar a una universidad, evitar multas y hasta para salir de la cárcel.

El oposito y desterrado político Félix Maradiaga recuerda que desde el año 2013 el partido rojinegro inició la estrategia de carnetización de la militancia "como llave de acceso a servicios públicos".

"La utilización del carné del partido como documento de acceso a servicios públicos para ciudadanos privados. Nos referimos, en otras palabras, a ciudadanos que no son funcionarios públicos, pero a quienes se les exige el carné partidario para acceder a servicios públicos", explica Maradiaga en su investigación "La Transformación del Frente Sandinista: De Partido Político Hegemónico a Estado-Partido-Familia".

En el estudio realizado por Maradiaga no solo se habla del carnet de militancia, sino del aval político emitido por los secretarios políticos de cada municipio del país que otorga beneficios a sus titulares.

Los familiares de reos confiaron que para conseguir el carnet de militante también deben cumplir con el llenado de una solicitud y pasar por una entrevista con los políticos de cada zona que son quienes actúan como espías del FSLN en los barrios.