Nicaragua condena a las mujeres a vivir en violencia

IMPUNIDAD. Luz Marina Torres, activista feminista del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo que tiene presencia en Managua y Matagalpa, se muestra indignada porque el Estado de Nicaragua manoseó la Ley integral de violencia contra las mujeres (Ley 779). “La impunidad provoca un aumento de femicidios, esa es la realidad, no los vamos a parar mientras siga la impunidad en las muertes”, dice la mujer vía telefónica.

“Y la impunidad no solo es porque hay un Estado que ha descuartizado una ley bastante buena, la ley 779, sino porque se ha desprotegido totalmente a las mujeres al no haber instituciones públicas donde las mujeres pongan denuncias de delito y agresiones contra ellas. Hay impunidad porque ninguna mujer puede decir algo a favor de los derechos o en contra de las violaciones o porque la ley fue descuartizada”, agrega en tono alto.

La estadística que recogen las Católicas por el Derecho a Decidir indican que de los 63 femicidas de 2019, 31 se encuentran prófugos de la justicia, 19 están detenidos, siete se suicidaron, uno fue asesinado y solamente cinco han sido sentenciados. “Es una situación muy crítica, muy desesperante, socialmente Nicaragua está pasando por una situación difícil, hay una represión, asesinatos. Hay temor día y noche, y las mujeres los sufren más que los hombres”, me dice, casi gritando, como si quisiera que el país entero escuchara en voz de ella un mensaje de justicia.

Si se busca el origen de esa ruta de impunidad, hay que recordar que en 2013 modificó la Ley 779, aprobada un año antes, y limitó los femicidios a las relaciones de pareja. Luego, en 2015 en el reglamento de esta legislación se incorporó la figura de la mediación, a sabiendas que las mujeres no quieren mediar y que la realidad demuestra que los femicidas antes de matar pasan por ese proceso. Y para hacer más oscuro el panorama en ese mismo año el Gobierno de Daniel Ortega orientó a la Policía eliminar las Comisaría de la Mujer y la Niñez, que si bien no eliminaban la violencia contra mujeres y niñas, al menos contribuían a contenerlas.

“Para nosotras un femicidio es la muerte de una mujer, que se da con tanto odio hacia las mujeres, pero lo que el Estado hace es invisibilizar esas muertes de violencia. Nuestra lucha ha sido denunciada. La violencia de género es un problema de salud pública, y lo tienen que ver como tal”, afirma Martha Flores. Y acusa: “El Estado de Nicaragua está condenando a las mujeres a vivir en violencia. El Estado es cómplice de femicidas y agresores desde el momento que no hay una atención especializada, los cierres de Comisaría incidió, un sinnúmero de acciones del Gobierno lo convierte en cómplice”.

En 2018, la Policía Orteguista presentó el Mapa de Violencia Contra las Mujeres en el que admitió un incremento de asesinatos de mujeres, pero muy pocos los tipificó como femicidios. En 2017, según la institución, se registraron 25 femicidios, pero las mujeres contabilizaron 51. “Dicen que se han reducido las tasas de femicidios, pero en realidad lo que hacen es tipificarlas de mala manera, no como dice la Ley, sino como dice el reglamento, que es un reglamento ilegal y extemporáneo”, refuta María Teresa Blandón, del programa feminista La Corriente.

Las mujeres tampoco confían en la Policía ni en las medidas de forma que quiere implementar el Gobierno. Hace un mes, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que para combatir la violencia contra las mujeres reactivo las Comisaría de la mujer y orientó a la institución policial reforzar el patrullaje, lo último más bien visto como una forma de justificar el estado policial de facto impuesto por la dictadura.

“Tenemos a un Estado misógino, antidemocrático, tapadores de violadores y femicidas. Ya no sabemos donde acudir. Ahora que la Policía está sancionada es mucho más la incertidumbre, no hay prioridad para el estado, para atender la violencia y menos los femicidios”, dice Maryce Mejía de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

“Que van a abrir las Comisaría, es una mentira que nos ofenden. Tenemos a 17,000 efectivos de la Policía y si fuese cierto que patrullan ya hubiésemos frenado la violencia contra las mujeres. Todo hace indicar que no es cierto que la Policía se está dedicando a la prevención de delitos y en particular a la violencia contra las mujeres. Todos los días oímos en los medios actos aberrantes, que desde antes se cometía, pero ahora con frecuencia y con alto nivel de crueldad”, dice por su parte Blandón.

ESTADO AGRESOR. El martes 11 de diciembre de 2019 decenas de mujeres se apostaron en el estacionamiento de un hotel de Managua para corear “Un violador en tu camino”, un himno de denuncia creado por el colectivo feminista de Chile y que se viralizó en el mundo. Vestidas de negros practicaban una coreagrafía simple y protestaban contra la violencia machista y la impunidad, mientras de fondo las sirenas de las patrullas policiales, acostumbradas a aniquilar cualquier protesta en Nicaragua, pretendían silenciarlas.

Además de ser el principal responsable de la impunidad, el Estado de Nicaragua se ha convertido en un represor de mujeres, impidiéndoles ejercer derechos constitucionales como la manifestación y la protesta cívica. “Tenemos muchos años de que el Estado ni siquiera nos deja marchar en el Día de la Mujer”, lamenta Juanita Jiménez, directora Ejecutiva del Movimiento Autónoma de Mujeres. “El Estado se ha convertido en el controlador y el opresor de los cuerpos de las mujeres,  es un Estado que está vulnerando el derecho de las mujeres”, dice en la misma línea Luz Marina.

La dictadura orteguista no solo ha impedido que las mujeres protesten al sumarse al anhelo nacional de justicia y democracia, sino que su policía y parapolicías han golpeado y secuestrado a mujeres que luego se convirtieron en presas políticas. De los más de 700 ciudadanos encarcelados en celdas de extrema seguridad, desde 2018, más de 50 eran mujeres, a las que torturaban y golpeaban las custodias de los sistemas penitenciarios.

En noviembre de 2018, trascendió que la dictadura mandó a golpear a 16 presas políticas recluidas en La Esperanza, entre ellas Amaya Coppens e Irlanda Jerez.  “El Estado se convierte en un agresor. Mujeres  han sido golpeadas por militares y policía y el Gobierno les ha dado permiso a su fuerza policial y parapolicial para que comentan acciones como estas”, valora Blandón.

Las mujeres apuestan por un cambio total del país, que solo será realidad con el fin de la dictadura de Ortega. “Una de las cosas es que no podemos seguir teniendo esta Policía, tiene que ser cambiada”, menciona Luz Marina Torres, del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo. Esa transición pacífica, por el que también apuesta ellas, se han convertido ahora en una demanda principal, que dará pie a otras que garanticen una auténtica justicia para las mujeres víctima de la violencia machista, como la que sufrieron en la víspera del 8 de marzo las adolescentes de 15 años Lety y Mayerli, en Boaco y Managua, respectivamente, muertas a tiros. Los responsables están prófugos y los femicidios, probablemente, para las autoridades policiales no lo serán.