Personaje del Año | La Iglesia perseguida

El sacerdote Adolfo López de la Fuente, de 99 años de edad, ya no abre la puerta de la Casa Villa El Carmen, situada en los predios contiguos a la Universidad Centroamericana (UCA). Hace cuatro meses, agentes policiales y judiciales que confiscaron la universidad también se tomaron esta residencia donde vivían seis jesuitas, entre ellos el padre Adolfo. 

Pese a que la Compañía de Jesús demostró que la casa Villa El Carmen les pertenecía, y no formaba parte de los bienes de la UCA, el desalojo se completó en cuestión de horas. El padre Adolfo, con su infaltable bastón, sólo pudo sacar su reloj, cartera y algunas prendas de vestir. Además de sus pertenencias privadas, el anciano dejó 12 mil piezas de conchas y caracoles que formaban parte de su colección como científico de malacología, una rama que estudia a los moluscos.

Los que visitaron al padre Adolfo en Villa El Carmen recuerdan que casi siempre abría la puerta, como una especie de portero voluntario. Le daba la bienvenida a los visitantes con su cruz en el pecho, vestido de guayabera blanca. Ahora el padre reside en otro lugar, “temeroso” de que lo expulsen del país, según una fuente de la Compañía de Jesús. 

Hasta finales de agosto, dos sacerdotes jesuitas que también vivían en Villa El Carmen fueron trasladados a El Salvador por problemas de salud: el nicaragüense Richard Vélez, de Granada, y el mexicano Arnaldo Centeno. El padre Adolfo se quiso quedar. “No he hecho nada malo”, argumenta frente a la idea, cuenta el vocero de la Compañía de Jesús para Centroamérica, José María Tojeira. 

El padre Adolfo fue despojado de su casa y de sus cosas más preciadas en medio de una cruzada que ha emprendido el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia católica de Nicaragua. Entre enero y agosto de este año, se registraron 205 agresiones contra la Iglesia, según la IV entrega del informe “Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?”, elaborado por la abogada e investigadora, Martha Patricia Molina. Es la mayor cantidad de ataques documentados en los últimos cinco años de crisis política aún sin resolver.

En total, desde el inicio de la Rebelión Cívica, en abril de 2018  se contabilizan 667 agresiones. Entre ellas, 117 dirigidas hacia los templos: vigilancia permanente, destrucción, disparos con armas de fuego, cobros excesivos, cortes injustificados de servicios básicos, incendios, saqueos, suspensión de misas, bloqueos e impedimentos de actividades religiosas, confiscaciones e inmovilización de cuentas. “El impacto económico causado por estos ataques es incalculable”, señala el documento. 

La persecución contra la Iglesia no ha cesado en los últimos días del año. Mientras los nicaragüenses se preparaba para celebrar la Navidad y Fin de Año fueron secuestrados otros 13 sacerdotes, entre estos monseñor Silvio Fonseca, vicario de Familia, Vida e Infancia de la Arquidiócesis de Managua, y monseñor Miguel Mántica, de la parroquia San Francisco de Asís, en Managua. 

En estos casi seis años de crisis sociopolítica, la dictadura ha atacado a 214 religiosos (nuncio apostólico, obispos, sacerdotes, misioneras, diáconos, seminaristas) con golpes físicos, destierro, expulsiones, amenazas de muerte, difamaciones, intimidaciones e impedimentos de realizar su actividad pastoral en Nicaragua. Se hicieron 71 pintas y mensajes de odio, 80 robos y profanaciones, 82 represiones a actividades de laicos y 64 prohibiciones de procesiones y actividades campales. 

No en vano el papa Francisco comparó a Ortega con el dictador alemán Adolf Hitler. El pontífice insinuó en marzo pasado que Ortega padecía un “desequilibrio”: “Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas”. Las palabras de Francisco fueron un golpe moral fuerte para el régimen nicaragüense que pretende imponer una Iglesia sumisa afín a su proyecto dinástico.

El periodista Emiliano Chamorro, que ha cubierto la Iglesia por más de 10 años, sin embargo, cree que el papa Francisco desperdició la oportunidad de llamar a un diálogo a Ortega. “El papa no le ha puesto mucha atención a Nicaragua a pesar de que su Iglesia ha sido reprimida, silenciada, humillada. No vemos a un Papa que esté defendido a su Iglesia. En vez de comportarse como un jefe de Estado, como un Papa con sabiduría, salió ofendiendo al dictador. No fue muy sabio”, valoró el Chamorro desde su exilio en Estados Unidos.

Lo cierto es que Ortega ha desoído los llamados de diálogo de la comunidad internacional, incluso el presidente de Daniel, Luiz Inácio Lula Da Silva, a petición de Francisco, intentó mediar por la liberación del monseñor Rolando Álvarez, sin éxito.

En Nicaragua, al menos el 45 por ciento de la población es católica, según la firma encuestadora CID-Gallup. Es decir, unos 3.1 millones de nicaragüenses profesan esta religión. Y por mucho que Ortega pretenda deslegitimar la autoridad moral de la Iglesia, los nicaragüenses la siguen viendo como la institución de mayor credibilidad del país. De igual forma, hay un respaldo ciudadano generalizado de solidaridad hacia la Iglesia y su voz profética, que en muchas regiones del país resolvía, a través de diversas oenegés, problemas que el Estado no atendía. 

Si bien la persecución no es reciente ha habido un patrón represivo feroz contra la Iglesia desde 2018 cuando los líderes católicos decidieron respaldar el clamor ciudadano de libertad, democracia y justicia. La primera agresión durante las protestas de 2018 ocurrió en los primeros días de la Rebelión Cívica, el 20 de abril, cuando la Catedral de Managua fue invadida por simpatizantes del régimen que agredieron a los jóvenes que se reunieron en el templo religioso para recoger víveres y entregarlos a los manifestantes reprimidos en diferentes puntos del país. 

Desde entonces, Ortega y Murillo han ordenado quitarles los fondos a casi todas las parroquias que recibían del Presupuesto General de la República (PGR). La Arquidiócesis de Managua, que dirige el cardenal Leopoldo Brenes, fue la más afectada con la reducción. “Ha habido una orden de quebrar a la Iglesia, pero no lo han logrado, la Iglesia está débil, pero Ortega sabe que hay un pueblo que la respalda”, dice un fuente cercana a la Arquidiócesis de Managua consultada para este reporte. 

El año pasado, ya había sido catalogado por la investigadora Martha Molina como un “año nefasto para la Iglesia” por los 171 ataques registrados. Sin embargo, 2023 es un “año más funesto” que los anteriores. “Es el peor año del quinquenio respecto a los ataques que ha recibido la Iglesia católica. Además del daño económico, el impacto a los beneficiarios de las obras sociales de la iglesia es catastrófico”, dijo Molina a DESPACHO 505. En esa misma línea, el periodista Chamorro dice que la Iglesia enfrenta “el peor año de su historia contemporánea”.  “No hay registros en la historia reciente de América Latina de un ataque a la Iglesia como el que se vive en Nicaragua”, agrega Chamorro. 

El sacerdote jesuita, José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús en Centroamérica, explica, por su parte, que la persecución a la Iglesia se desarrolla en un contexto de persecución de cualquier pensamiento crítico sobre los problemas y las necesidades del país. “Infundir miedo, silenciar voces, dejar sin trabajo o sin propiedades, espiar, maltratar a los familiares de los opositores, desaparecer personas, es parte frecuente de la represión. Encarcelar, desterrar e incluso desnacionalizar es ya parte de la estrategia”, señala Tojeira.

El jesuita considera que después de encarcelar a más de 1,300 personas, desterrar a más de 300 opositores, eliminar partidos políticos y más de 3 mil oenegés, el régimen identificó a la Iglesia católica y a algunas iglesias evangélicas “como la única fuerza moral institucionalizada y capaz de asentar públicamente la verdad, frente a un gobierno autoritario y represivo”. 

Y eso es lo que encarna el anciano padre Adolfo López de la Fuente: pese a que se quedó sin su casa, a sus casi cien años de edad, quiere quedarse en Nicaragua “animando a la gente a vivir y tratar de hacer las cosas bien”.

LA PERSECUCIÓN A LOS SACERDOTES

Luego de que a inicios de octubre se publicó la entrevista que hizo la periodista australiana Prue Lewarne, de la cadena SBS News, con un cura a quien ocultó el rostro y no lo identificó, la cacería contra los sacerdotes del norte del país se desató. Lewarne habló con el religioso sobre la represión que está viviendo la Iglesia católica en Nicaragua. Durante la conversación, el cura le dijo que “si alguien se daba cuenta de la entrevista sería arrestado inmediatamente”. 

El sacerdote no se equivocó. Entre el 1 y el 9 de octubre, fueron arrestados seis sacerdotes de Estelí, Jinotega, El Rama y Ocotal. Todos fueron trasladados a la cárcel de tortura conocida como El Chipote, junto a otros dos sacerdotes, Pastor Eugenio Rodríguez Benavides y Osman Amador Guillén, ambos de Estelí, quienes permanecían bajo “casa por cárcel” en las instalaciones del Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Managua. 

Hasta mediados de octubre de este año se encontraban encarcelados 13 religiosos. Tres de ellos fueron condenados en juicios sin derecho a defensa: monseñor Leonardo Urbina, de Boaco, declarado culpable por el supuesto delito de abuso sexual y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 14 años de edad; Manuel Salvador García, de Nandaime, condenado a dos años de prisión por el supuesto delito de amenaza con armas contra cinco personas; y el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, con un pena de 26 años de cárcel, por los supuestos delitos de  “conspiración”, “propagación de noticias falsas”, “obstrucción de funciones agravada” y “desacato a la autoridad”. Los tres fueron detenidos en 2022. 

El 18 de octubre la dictadura Ortega-Murillo desterró a todos los sacerdotes, menos al obispo Álvarez. “El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, informa a nuestro pueblo que se logró un acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de los 12 sacerdotes que, por distintas causas fueron procesados, y que han viajado hacia Roma, Italia”, informó el régimen en un comunicado.

Poco más de un mes después del destierro, la noche del 28 de noviembre, el Ministerio de Gobernación (Migob) difundió 34 fotografías y un video del obispo Rolando Álvarez durante seis visitas familiares a prisión y tres visitas de atención médica que supuestamente ha recibido desde febrero. Álvarez, quien el 27 de noviembre cumplió 57 años de edad, luce delgado y pálido.

Sin embargo, el comunicado de Gobernación indica que “las condiciones de reclusión son preferenciales y se cumple estrictamente con el régimen de consultas médicas, visitas familiares y recibimiento de paquetes, contrario a lo que campañas calumniosas pretenden hacer creer”.  El régimen no mostraba fotos de monseñor  Álvarez desde el 25 de marzo. Las demandas de organismos de derechos humanos y la comunidad internacional pedían nuevamente una prueba de vida del religioso, y la dictadura respondió con ese comunicado. Las fuentes diplomáticas han filtrado que monseñor Álvarez no ha querido irse de Nicaragua, pese a que en algún momento Ortega se mostró a favor de permitir su salida del país. 

Mientras tanto, el pasado 16 de diciembre se difundió un video de los 12 sacerdotes desterrados a Roma, celebrando una eucaristía en una basílica de la Santa Sede. Luego del destierro, esta fue la primera vez que los religiosos son vistos, pues la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) no ha informado sobre las tareas pastorales de los curas desterrados. 

Pero, ¿por qué tanto odio de Ortega hacia la Iglesia? “Sabe que la fuerza del país está en la Iglesia, la Iglesia ha sido creíble. La voz de la Iglesia era la que respaldó las demandas de la población, su dolor, su sufrimiento. El Estado de terror ha pisoteado la voz de la Iglesia”, comenta Chamorro. 

UNA VIEJA PRÁCTICA DEL SANDINISMO: ODIO A LA IGLESIA

Durante el primer régimen sandinista, en los años 80, también se encarcelaron y desterraron a líderes católicos. El sacerdote Luis Amado Peña fue acusado de conspirar con la Contra (la guerrilla contrarrevolucionaria que enfrentó al Ejército Popular Sandinista en esa década). Peña fue llevado a los Tribunales Antisomocistas. Durante cuatro meses lo mantuvieron confinado en el Seminario. En esos días, además, expulsaron de Nicaragua a 10 sacerdotes extranjeros que se solidarizaron con Peña. 

El obispo Pablo Antonio Vega, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en ese entonces, viajó al Vaticano para denunciar el encarcelamiento de Peña y la expulsión de los sacerdotes. Era una de las voces más fuertes contra el sandinismo junto con el cardenal Miguel Obando y Bravo, Bosco Vivas y Abelardo Mata. Con esta gestión fue que suspendieron “a divinis” a Ernesto Cardenal, Miguel D’ Escoto y a Fernando Cardenal de la Compañía de Jesús. Los tres eran sacerdotes que apoyaron abiertamente al régimen sandinista y se desempeñaban como funcionarios del gobierno.

En 1986, Vega viajó a Washington para denunciar ante el Departamento de Estado el crimen contra tres de sus ministros laicos a manos de los sandinistas, y la represión que estos seguían ejerciendo contra el campesinado. Cuando regresó a Nicaragua, lo citaron a una reunión para detenerlo. Lo llevaron al Sistema Penitenciario y lo trasladaron en helicóptero hacia la frontera con Honduras, donde lo dejaron abandonado. 

Los sandinistas acusaron al sacerdote de “actitud antipatriótica y criminal” al apoyar a la guerrilla antisandinista y justificar una eventual intervención norteamericana en el país. La medida consistió en “suspender indefinidamente el derecho” de Pablo Antonio Vega de “permanecer en el país”, y fue efectiva “mientras se mantenga la agresión del Gobierno de Estados Unidos en contra de Nicaragua”. Una medida similar a la que ha realizado el régimen Ortega-Murillo en contra de sus críticos, entre ellos, sacerdotes. 

En los años 80, Daniel Ortega sostuvo encontronazos con el cardenal Miguel Obando y Bravo. Le llamaba “capellán del somocismo”. Pero uno de los más críticos fue el padre Bismarck Carballo, quien advirtió del peligro que significaba “copiar el modelo cubano”, y luego denunció “la violación a los derechos humanos” en la represión conocida como la “Navidad Roja”, cuando en 1991 el Ejército Sandinista desplazó a miles de miskitos en un operación militar que provocó decenas de muertos. 

Por esta razón, el sandinismo urdió una trama en contra del padre Bismarck Carballo que consistió en hacer creer a la opinión pública que el sacerdote fue atrapado infraganti por el esposo de una supuesta amante. Sin embargo, todo fue una manipulación, en la que los únicos hechos reales fueron que Carballo fue desnudado y golpeado en público y ante cámaras fotográficas de medios de comunicación el 11 de agosto de 1982. La trampa fue dirigida por la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), encabezada por Lenín Cerna, un encargado de Inteligencia que todavía sirve a la pareja en el poder. 

El propio Ortega admitió la agresión contra Carballo años después.“Atropellamos a figuras tan respetadas como monseñor Carballo, a quien ahora le ofrecemos un perdón en público para que no quede duda de nuestra sincera aceptación de esos desaciertos”, dijo el veterano  líder rojinegro, dos años antes de que ganara las elecciones. Ese día, anunció una misa por la reconciliación y por la tarde el padre Carballo se abrazó con Lenín Cerna. 

Desde entonces, las relaciones entre Carballo y los sandinistas mejoraron. Una hermana de él, Esther Margarita, fue nombrada como embajadora ante el Vaticano en 2017. Los ataques a la Iglesia, sin embargo, continuaron en los años noventa, después de que los sandinistas perdieron el poder. En 1993, una turba golpeó al ahora obispo de Granada, Jorge Solórzano, cuando era párroco de la iglesia San Pablo Apóstol, ubicada en la Colonia 14 de Septiembre, en Managua. 

El hombre que lideraba la turba era Rafael Valdez, el hombre que en 2018 dirigió la divulgación de audios en contra del obispo Silvio Báez, y pidió al papa Francisco que lo retirara del país. Valdez Rodríguez también dirigió las turbas sandinistas que se tomaron la catedral de Managua y que agredieron al padre Rodolfo López en noviembre de 2019.

Una muestra de estas tensiones a inicios de esa década es el llamado que hizo el cardenal Obando y Bravo en las elecciones de 1990, cuando dijo que todos los ciudadanos deben votar conforme a sus conciencias, “no por miedo ni por dádivas”. Una vez perdió las elecciones, Ortega le llamó “fariseo” y lo acusó de “ensuciar la palabra de Cristo”. Obando y Bravo respondió que “una serpiente, que vive, mata y muere escupiendo veneno”. 

Durante la campaña electoral de 2006, Daniel Ortega cambió de estrategia y buscó un acercamiento con el cardenal Miguel Obando y Bravo. Lo logró, y el jerarca católico le dio la primera comunión a Ortega y Murillo. También los casó en una ceremonia privada en 2005. El religioso se plegó al discurso sandinista, que por entonces llamaba a trabajar “por el bien común” y la “reconciliación”. 

VIOLACIÓN A LA LIBERTAD RELIGIOSA

Carolina Jiménez Sandoval es la presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericano (WOLA, por sus siglas en inglés). Jiménez tiene más de 20 años de experiencia en investigación y defensa de los derechos humanos en el continente americano y otras regiones del mundo. 

La defensora asegura a DESPACHO 505 que la dictadura de Ortega no sólo reprime a los sacerdotes, sino también la práctica religiosa al impedir que se realicen procesiones y misas, entre otras actividades católicas. “Está violando abiertamente el derecho a la libertad religiosa”, enfatiza. 

En su informe anual sobre Libertad Religiosa en el mundo, presentado en mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró su denuncia sobre la violación a la libertad religiosa en Nicaragua y el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez. “Defensores de derechos humanos hacen sonar la alarma sobre los ataques a la Iglesia católica por parte del régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua”, dijo Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense. Blinken calificó a Álvarez como una persona “que está injustamente detenida”. 

Un informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) indica también que Nicaragua se encuentra entre los mayores afectados por las violaciones a la libertad religiosa en el mundo. Los datos de este análisis, que se publica desde 1999, revelan que de los 195 países donde se viola la libertad religiosa, en 28 de ellos existe persecución religiosa. En esta última lista de países se encuentra Nicaragua. El documento es conclusivo: “Ha aumentado la persecución debido a un Gobierno (el de Ortega y Murillo) autoritario”. 

Carolina Jiménez, de WOLA, explica que la confrontación entre la Iglesia y los gobiernos en América Latina no es nueva. Sin embargo, en el siglo XXI no recuerda un caso como el de Nicaragua, donde “se han llegado a los extremos de encarcelar, desterrar, desnacionalizar y perseguir a diversos integrantes de la Iglesia católica”. 

El investigador e historiador del pensamiento religioso, Charles Tieszen, define persecución religiosa como “cualquier acción injusta, con diversos niveles de hostilidad, dirigida a creyentes religiosos a través de una opresión sistemática o de un acoso irregular o de una discriminación que conduce a diversos niveles de daño considerado este desde el punto de vista de la víctima”. 

Las formas de persecución pueden ser detención arbitraria, interrogatorios injustos o coercitivos, trabajos forzados, encarcelamiento, golpes, tortura, desapariciones, desplazamiento forzado de la propia tierra, esclavización, violación, asesinato, ejecución, ataques o destrucción de iglesias y amenazas plausibles que se llevarán a cabo. 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo viola todos los tratados internacionales que Nicaragua ha firmado, en los que se orienta a los estados a respetar la libertad religiosa. Entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (el acuerdo de las Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana. 

Además, la Constitución Política de Nicaragua prohíbe la discriminación basada en la religión; establece la libertad de creencias, religión y culto; y que nadie estará obligado por medidas coercitivas a declarar su ideología o creencias.

EL SILENCIO DE LOS OBISPOS Y LAS RAZONES DEL ODIO

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) guardaron silencio todo este año sobre la persecución que vive la Iglesia Católica. Ni siquiera la condena del obispo Rolando Álvarez, miembro de la CEN, provocó que emitieran algún comunicado. La última vez que los obispos se pronunciaron sobre la persecución fue en 2022, precisamente cuando la Policía ordenó casa por cárcel al obispo Álvarez. 

“La Conferencia Episcopal de Nicaragua, ante la situación que vive nuestro hermano en el episcopado, Mons. Rolando José Álvarez Lagos, queremos

expresar nuestra fraternidad, amistad y comunión episcopal con él, ya que esta situación nos toca el corazón como obispos e Iglesia nicaragüense”, expresó la CEN.

El silencio de los obispos toca las fibras de la Iglesia. Un sacerdote de una parroquia de Managua, consultado por DESPACHO 505 en anonimato, dice que “los sacerdotes nos sentimos sólos y sin ninguna protección”. El prelado agrega que “el silencio de los obispos es un mensaje de que la Iglesia se encuentra en sobrevivencia, y que por eso todos han optado por el silencio”. 

Una carta, difundida a principios de noviembre, escrita por una treintena de religiosos y sacerdotes nicaragüenses señala que el silencio de la CEN y el cardenal Lepopoldo Brenes “grita conformismo e indiferencia”. 

El cardenal Brenes también calla. El máximo líder de la Iglesia en Nicaragua ya no hace llamados “en defensa de los oprimidos” como lo hizo al inicio de la crisis política. Brenes ahora se limita a dar escasa información sobre la situación que vive la Iglesia y sus obispos, llama a orar y dialogar, y a seguir las comunicaciones del papa Francisco. El papa tampoco ha sido vehemente con lo que vive su Iglesia en Nicaragua, aunque fuentes de la Arquidiócesis señalan que “está trabajando silenciosamente”.

“Es entendible el miedo que el cardenal Brenes pueda tener”, dice Chamorro sobre el silencio del máximo representante de la Iglesia en Nicaragua.

Otra de las voces fuertes dentro de la CEN es el obispo de Jinotega, Carlos Herrera, también silenciado durante esta cacería. Herrera, a inicios de 2018, fue crítico del actuar de la Policía: “la violencia es reprochable y no lleva a la paz ni al diálogo”. Monseñor Herrera también en esos meses se caracterizó por abogar por los heridos y los fallecidos en las protestas. Sin embargo, en sus últimas apariciones, se ha ofrecido a mediar y dialogar con el régimen. 

En una pequeña iglesia de Managua, el sacerdote que habla con este medio de comunicación expresa que ahí se quedará “hasta la última consecuencia”. Él abrió las puertas de su parroquia en 2018 para refugiar a los heridos durante las protestas. Ahora vive con temor, pero asegura que “todo tiene su tiempo, y todo pasa”. 

El sacerdote José María Tojeira dice, por su parte, que la persecución de Ortega y Murillo es precisamente dirigida a los sacerdotes que “mantenían una voz profética de defensa de su pueblo”. Y en esa misma línea se expresa la defensora Carolina Jiménez, de Wola, al considerar que la razón de la persecución a los religiosos católicos se da en medio de una estrategia de represión para controlar a los disidentes políticos y ejercer un control social sobre la población. “Esto ha llevado a la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad”, apunta Jiménez. 

La experta explica que dentro de esa estrategia de represión, la dictadura de Ortega “identificó a la Iglesia católica como uno de los grupos y factores que debía controlar para ejercer el control social, pues Nicaragua es un país católico donde la Iglesia juega un rol social y comunitario importante”. 

En la medida en que la Iglesia ejerció un rol de crítica y canalización de demandas ciudadanas “se vuelve un factor a ser silenciado y controlado”, señala Jiménez. “En el momento en que la Iglesia se pone al lado de las víctimas, de los presos políticos, y acompaña a los estudiantes y disidentes, en ese momento la Iglesia es identificada como un grupo social que el gobierno debe reprimir dentro de esa estrategia generalizada”. 

La investigadora Martha Patricia Molina también coincide en que esta persecución a la Iglesia se debe a que la dictadura “no ha logrado el control absoluto de los diferentes clérigos del país”. Para Molina, el régimen “busca sacerdotes que bendigan las vulneraciones de derechos humanos”. 

El mérito de la Iglesia, según Molina, es precisamente “la persistencia en la verdad que emana del Evangelio, por esa verdad es que son perseguidos”. 

Como en las antiguas persecuciones religiosas, a los católicos aún no los detiene la posibilidad de la cárcel, el destierro o la desnacionalización. “Es una situación difícil, en la que estamos permaneciendo como cristinanos donde es grande el sufrimiento”, dijo el sacerdote. Conviviendo con insultos, amenazas y malos tratos, el sacerdote se mantiene en su pequeña parroquia en Managua.

Los feligreses, por su parte, contienen el aliento ante las prohibiciones. A inicios de este mes, se vivieron las celebraciones de la Purísima y la Gritería en todo el país. Fue uno de los pocos días en las pudieron participar, no exento de limitaciones, de la tradición con fervor. Para ellos ha sido duro ver cómo cancelan las procesiones de los santos a los que son devotos, como lo es también saber que los sacerdotes callan por temor en los púlpitos. A puertas cerradas, los católicos resisten.

“Ortega, desde su arrogancia y poder absoluto, cree que podrá silenciar la voz profética de la Iglesia, que va a destruir a la Iglesia. Podrá cerrar templos, desterrar, pero jamás destruirá la fuerza moral de la Iglesia y nunca va a desarraigar del corazón de la gente su fe y devoción”, concluye el periodista Chamorro. 

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*La Iglesia católica de Nicaragua y Sheynnis Palacios fueron elegidos Personajes del Año por el Comité Editorial de DESPACHO 5O5, compuesto por expertos en diferentes disciplinas e independientes a los criterios de la Edición General.