Caruna y el negocio con las "Casas para el pueblo"

MANAGUA — Maritza Gutiérrez es una maestra jubilada que el 27 de octubre del 2008 recibió de manos de Daniel Ortega un documento que la acreditaba como beneficiaria de una vivienda en el programa Casas para el Pueblo, en el sector del barrió Bóer, en la vieja Managua.

Otras 599 personas recibieron un título firmado por Ortega que indicaba que gozaban del derecho de posesión de una casa del programa habitacional pagado con fondos de la cooperación venezolana.

Ese 27 de octubre, Ortega reveló que el valor promedio de cada casa era  U$8,500, sin incluir el terreno que sería donado por el Estado a los 600 beneficiarios.

Once años después, Maritza, de 63 años, ha pagado U$10,560 por la casa que ocupa, pero no tiene ningún documento que respalde su derecho sobre la propiedad.

Ernesto Zamora, un exfuncionario público que lleva más de 8 años desempleado, ocupa una casa del mismo programa, ubicada en el sector del reparto San Antonio, en el Distrito Dos de Managua. Comparte con Maritza la incertidumbre de estar pagando un bien sobre el que no tienen ninguna seguridad jurídica, y por el que no pueden reclamar, ni cuestionar.

Los 600 beneficiarios de la primera fase del programa de vivienda social del orteguismo no cuentan con la documentación legal que reconozca sus derechos sobre el bien por el que han pagado mes a mes durante los últimos once años; solo disponen de los recibos de pago que les entregan en las instituciones públicas para las que trabajan o en las oficinas de la Caja Rural Nacional (Caruna).

Ernesto asegura que verbalmente les han informado que las escrituras públicas las recibirán hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) formalice la donación de los terrenos donde se construyeron las 600 viviendas de este programa.

Las proyecciones de Daniel Ortega en el 2008 eran construir 18,457 viviendas con fondos venezolanos, pero cofinanciadas con recursos públicos por medio de subsidios del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) y el Instituto de Seguridad Social (Inss).

Con esto, Ortega pretendía sacar del negocio de las viviendas de interés social a las urbanizadoras, a las que acusó, durante el acto de entrega de los títulos de propiedad, de cobrar “a las familias beneficiadas, el doble y el triple del valor de esa vivienda; (porque) se ha convertido en un negocio, y no ha sido realmente, una vivienda de contenido social y solidario”.

Además, informó que para el 2009 su Gobierno entregaría en concepto de subsidios C$45.17 millones del Presupuesto General de la República, para financiar conjuntamente con Caruna microcréditos para mejoras de 3,585 viviendas, créditos que nunca volvieron a las arcas estatales, porque esos  préstamos también continúan siendo cobrados por Caruna. 

Ortega, además prometió U$114,7 millones de Alba Caruna para la construcción de las 18,457 casas.

El director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Félix Maradiaga considera que el gobierno de Ortega no solo se ha aprovechado de las donaciones venezolanas para su partido, sino que se ha beneficiado de otras ayudas como la de los buses donados por Rusia, que terminaron siendo vendidos, a través de Caruna, a sus actuales propietarios.

“Sin duda el sistema de viviendas del Gobierno como misma fuente de ingreso obedece a un patrón, eso lo hemos visto en varias fuentes y bienes, vimos como la donación de buses rusos  fueron luego canalizados para su venta, hemos visto cómo viviendas que eran supuestas a ser donadas fueron vendidas”, explica.

Pero lo que más preocupa, según Maradiaga, es la forma como el régimen de Daniel Ortega ha manejado los fondos provenientes de la cooperación venezolana, pues a pesar de estar dirigida a gasto social la registró como donación al sector privado.

“Hemos visto como parte de la cooperación venezolana que está supuesta a gasto social fue luego registrada en el Banco Central de Nicaragua como donación al sector privado”, reitera.

En plena crisis sociopolítica, Caruna aparece como el prestamista de un nuevo programa programa habitacional denominado "Bismarck Martínez", el cual el orteguismo presenta como parte de los beneficios para los secotres más empobrecidos.

El excontralor Agustín Jarquín Anaya, advierte que la selección de Caruna para prestar dinero responde a una estrategia política ejecutada por Daniel Ortega para ganar simpatizantes en medio de la crisis y en aras de perpetuarse en el poder.

Los argumentos de Jarquín Anaya se sustentan en el control político que ejercer Ortega sobre esta cooperativa de ahorro, que ha sido utilizada por el régimen para triangular fondos provenientes de la cooperación venezolana.

Además señala que una ventaja de esta entidad financiera, es que a pesar de manejar los recursos del sancionado Bancorp y de la cooperación venezolana, se ha salvado de las sanciones del gobierno de Estados Unidos, y a nivel interno se vende como un prestatario con intereses bajos. 

En agosto del año pasado una vez más Caruna entró al negocio de las urbanizaciones financiando un proyecto gubernamental, sin que se explique los mecanismos ni controles de este financiamiento. Lo único que se conoció fue que prestó U$5 millones de dólares a la alcaldía de Managua para la compra de terreno donde se construirá el nuevo proyecto habitacional Bismarck Martínez, y que será pagados en tres años y con una tasa de interés del 9%.