MANAGUA — A Byron Estrada apenas le faltaban seis clases para culminar su carrera de Odontología en la UNAN-León cuando fue expulsado. Las autoridades universitarias le robaron más de US$5,000 en equipos de trabajo que guardaba en un cubículo personal y que al día de hoy no le han sido devueltos. Ni siquiera le permiten acercarse a los portones del recinto, la última vez que lo intentó acabó molido a golpes por fanáticos del régimen de Daniel Ortega.  

La expulsión le llegó un 13 de agosto de 2018, doce días antes de ser encarcelado por el régimen tras liderar las protestas ciudadanas en la ciudad universitaria. Byron Estrada estuvo detenido desde el 25 de agosto de 2018 hasta el 11 de junio de 2019 cuando el régimen lo excarceló junto a otros 55 presos políticos bajo una polémica Ley de Amnistía.  

Su expulsión no fue la única. El Movimiento Universitario 19 de Abril de León, que él mismo lidera, ha documentado al menos 140 expulsiones desde el estallido social contra el régimen, dirigido en su mayoría por universitarios. Entre los 140 afectados, hay expulsados sin derecho a un historial académico y otros que aunque pueden ver sus notas, no tienen derecho a matrícula.   

La expulsión ha sido una medida represiva aplicada como castigo a los estudiantes que se manifestaron contra Ortega o se atrincheraron en las universidades como forma de protesta contra la represión.  

En la UNAN-Managua al menos 83 estudiantes fueron expulsados. La Universidad Nacional Agraria (UNA) ha aplicado la medida a al menos 43 jóvenes.  

En total, de acuerdo a registros de movimientos estudiantiles, y según documentos emitidos por las mismas universidades, al menos 265 estudiantes han sido expulsados, suspendidos por un año o se les ha cancelado becas universitarias definitivamente, obligándoles a abandonar sus estudios.  

Junto a Byron Estrada fueron expulsados 10 de sus compañeros y a todos se les borró el historial académico. La decisión, según el líder estudiantil, fue tomada por la rectora Flor de María Valle junto a los líderes del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) de la UNAN-León. 

“No me permiten ni pasar de los portones. La última vez que lo intenté fui atacado por simpatizantes del Frente Sandinista y por turbas. Luego mis padres con mi representante legal fueron a solicitar mis notas y una carta de alumno activo, porque nunca retiré matrícula y tampoco se me fue proporcionado nada”, detalla. 

El argumento de las Secretarías Académicas de las facultades es que las expulsiones, suspensiones y cancelaciones de becas se dan porque “son personas que están bajo investigación por atentar contra la paz del país”.  

Para Byron Estrada haberlo expulsado de la universidad a las puertas de culminar su carrera, una de las más caras de costear, ha representado un golpe económico y emocional para él y su familia.  

“A nivel psicológico tengo muchísimas secuelas sobre el hecho de pensar que mis compañeros ya son graduados, ya son odontólogos, el año pasado se graduaron y yo no pude estar con ellos. Me han truncado un sueño”, dice el joven de 25 años, quien en sus cinco años de carrera destacó por su excelencia académica.

GIEI CONFIRMÓ ADOCTRINAMIENTO 

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en 2018 investigó los hechos de violencia acaecidos en Nicaragua, analizó la situación en las universidades públicas y confirmó que estas se encuentran fuertemente controladas por el oficialismo y prácticamente no hay espacio para otros sectores.   

 “El control oficialista del ámbito universitario se logra también, de acuerdo a la información obrante, mediante la venta de cargos a cambio de favores políticos; la falta de relevo en cargos temporales y fraudes electorales universitarios y, la persecución política contra los académicos que no comulgan con los intereses del partido gobernante”, concluyó el GIEI.   

Para el exministro de educación, Carlos Tünnermann, las universidades estatales se han transformado en parte del engranaje de represión de la dictadura de Daniel Ortega.  

“Ante todos lo sucedido contra los universitarios desde abril de 2018, las autoridades universitarias no dieron ni una palabra al respecto, más bien cuando termina esa etapa de lucha cívica la emprendieron en contra de quienes se manifestaron con expulsión”, critica.  

Para Tünnermann lo más grave de estas medidas es que cuando se aplica una expulsión, las autoridades no dan oportunidad para poder apelar, y, por el contrario, eliminan los registros académicos de los estudiantes, imposibilitándoles continuar con su formación en otra universidad, “es una violación a un derecho humano”.  

La represión en las universidades también abarca a maestros que se han manifestado en contra de la represión del régimen. Según estimaciones de organismos de derechos humanos al menos 60 docentes fueron despedidos de universidades públicas, de los cuales 43 serían de la UNAN – Managua y al menos 13 de la UNAN- León.  

Según Tünnermann, coordinador general de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que ha monitoreado estos casos, la mayoría de docentes despedidos eran catedráticos con especialidades adquiridas fuera del país, lo que ha afectado la calidad de la enseñanza.  

“Se ha perdido calidad y pertinencia en los estudios, pero esto también afecta a todo el sistema educativo, porque también hay una politización en los sistemas primarios y secundarios. Hay una manipulación política en la educación que está afectando en todos los sectores académicos”, denuncia el experto. 

Para eliminar la politización de la educación superior en Nicaragua, Tünnermann sostiene que las universidades “deben aplicar su autonomía sin temor e inculcar al estudiante el espíritu de crítica, indagación, compromiso con el país y la realidad en la que se vive”. 

En medio de la desilusión por no poder estudiar, ni dentro ni fuera de Nicaragua, decenas de jóvenes expulsados por el régimen centran su esperanza de volver a las aulas cuando Daniel Ortega salga del poder.  

En eso confía Byron Estrada. Quiere acabar su carrera y que su madre lo acompañe a recibir su título. Pero también espera retomar las aulas con una educación de calidad que promueva el pensamiento crítico: “quiero regresar a una universidad libre del secuestro en que la tienen, donde podamos tener autonomía, donde podamos tener justicia y una universidad sin corrupción”.