El botín del robo de universidades en Nicaragua supera los C$375 millones anuales

La estrategia de Daniel Ortega de reprimir el libre pensamiento y confiscar los bienes de 30 universidades privadas, para disfrazarla como el saneamiento de la Educación Superior con la complicidad del Consejo Nacional de Universidades (CNU), esconde una operación económica que se cuenta en millones.

A la sombra de la declaratoria de universidades públicas, la dictadura factura más 31 millones de córdobas al mes. El dato corresponde a la estimación del pago de los aranceles en 19 universidades que mantiene operativas. El gran golpe económico no incluye los bienes confiscados a las 30 casas de estudio a las que ha echado mano por medio de la cancelación de sus personerías jurídicas.

Según el cálculo, el zarpazo represivo a las universidades privadas deja al año totaliza la nada despreciable cifra de 375 millones de córdobas, unos 10.3 millones de dólares, solo en concepto de mensualidad y pago de matrículas.

Gran parte de las universidades confiscadas por Ortega habían sido autorizadas por el CNU para operar en Nicaragua desde hace más de tres décadas. Nada de eso pesó cuando ordenó enlistarlas entre las más de tres mil organizaciones que ha ilegalizado y confiscado sus bienes desde el año 2018, sin medir el coste social.

En la historia de Nicaragua, la única vez que se cerró y confiscó una universidad fue entre 1869-1888, cuando el presidente conservador de la época Fernando Guzmán ordenó expropiar al seminario conciliar de San Ramón o Colegio Tridentino, fundado en la ciudad de León el 15 de diciembre de 1670, y que adquirió el rango de universidad. La medida fue un castigo por haber publicado un manifiesto considerado revolucionario. La dictadura somocista que reprimió y asesinó a universitarios, tampoco llegó a cerrar ni apropiearse de universidades.

31.4 MILLONES DE CÓRDOBAS MENSUALES

Según ha constatado DESPACHO 505 en 19 universidades fueron absorbidas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) los estudiantes siguen pagando matrículas y aranceles, que garantizan cada al régimen ingresos mensuales de 31 millones 422 mil 220 de córdobas, unos US$ 859, 000 dólares al cambio actual.

La cifra, es la suma de reportes de población estudiantil de las mismas universidades ocupadas y en base a los aranceles que no se han dejado de cobrar, muy a pesar de que la propaganda del régimen sugería beneficios para los estudiantes que junto a sus bienes pasaron a manos del régimen.

Los registros de seis universidades intervenidas en febrero de 2022, indican que al momento de la ocupación, contaban con una matrícula de 20,000 estudiantes en sus sedes centrales y recintos departamentales.

La lista aumentó a 31,933 estudiantes, con la ilegalizaron de una docena de instituciones meses después, según datos de las mismas instituciones universitarias a los que DESPACHO 505 tuvo acceso y que fueron agrupados también para este reporte. Los números solo corresponden a las matrículas de pre-grado y no incluyen los de posgrados y maestrías que por ser aranceles diferenciados, significarían otros ingresos del botín en manos del régimen.

PAGOS SIGUEN FIRMES

El CNU, órgano rector de la educación superior en el país, ha sido el encargado de ejecutar la aniquilación de las universidades privadas. A mediados de febrero de 2022, esa institución también dejó claro que las nuevas universidades públicas en edificios y bienes confiscados, no serían gratuitas. Si acaso, cobrarían menos, pero cobrarían.

Y así quedó escrito cuatro días después del nombramiento de nuevas autoridades en la anulada Universidad Politécnica de Nicaragua, (Upoli), una de las primeras en el asalto masivo del régimen contra instituciones similares. La embestida que inició a mediados de diciembre de 2021, continuó en 2022 y agregó más ocupaciones hasta este 18 mayo reciente para sumar 26 universidades confiscadas y la anulación de al menos cuatro asociaciones ligadas a la promoción privada de la educación técnica y superior del país.

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Tras intervenirla al comenzar febrero de 2021, el régimen bautizó a la Upoli con el nombre de Universidad Nacional Politécnica (UNP). La nueva Secretaría General dio a conocer que la matricula costaría 10 dólares o su equivalente en córdobas, en todas las modalidades,  presenciales y por encuentro en las sedes regionales y en el recinto central.

Las mensualidades serían de 30 dólares o su equivalente en moneda nacional y bajarían a 25 dólares o su equivalente en córdobas en sus recintos regionales.  Como “premio de consuelo”, María Alejandra Martínez, en su calidad de secretaria general de la nueva UPN, anunció que por órdenes del generoso CNU, se condonaban las deudas que tenían los estudiantes de pre-grado hasta esa fecha.

MAESTRÍAS Y DOCTORADOS EXCLUIDAS

Pero aclararon que el alivio, no cubriría ni a estudiantes de cursos libres, ni de posgrados, maestrías, ni doctorados. Esos pagos se mantendrían tal y como lo cobraba la entidad cuando era privada.  

Al momento de su ocupación, la Upoli contaba con una matrícula de 8,500 estudiantes según las mismas autoridades de esa casa de estudios, de modo que solo en matrícula el régimen obtendría US$ 85.000, o 3.109,300 córdobas y por mensualidad de 25 dólares, que sería el arancel más bajo, recaudaría US$ 212.500, equivalente a 7 millones 773 mil 250 córdobas. Todo eso sin haber invertido más que en papelería y tinta para un nuevo membrete.

Cuando las autoridades de las universidades privadas confiscadas, fueron informadas de la ocupación, les dijeron que el CNU, delegaría a gente de su confianza para recibir los bienes y activos de las instituciones. Les dijeron también, que debían hacer un manejo confidencial de informes de matrículas y notas de su población estudiantil y entregarlo al órgano rector de las universidades lo más rápido posible.

“ALGUIEN HIZO NÚMEROS”       

Mandaron a que comunicaran a sus estudiantes, que no se darían notas, ni certificados hasta “nuevo aviso”, que las sedes no cerrarían y que continuarían funcionando con el mismo membrete, hasta que la papelería fue reemplazada con otro nombre, después que la Asamblea Nacional fabricó de forma exprés nuevas universidades que funcionarían en los mismos edificios confiscados y con los mismos bienes.

La retención de las notas, nunca fue algo al azar. Aunque desató crisis y nervios entre padres de familias y sus hijos universitarios que temieron haber perdido años de estudios en esas universidades. Era parte de la estrategia del régimen para este próspero negocio que Ortega disfrazó con el sombrero de estatal, pero con bienes de otros.

“Bueno, había que frenar una posible deserción masiva de estudiantes que de darse, arruinaría a las universidades o al menos lo que quedaba de ellas, tras las tomas”, explica a DESPACHO 505, un exfuncionario de una de las universidades confiscadas que aceptó dar estos detalles bajo condición de anonimato por temor a la represión gubernamental.

Asegura que régimen prohibió tajantemente a las autoridades intervenidas, informar al exterior de los recintos, más de lo que ellos proveían. Los manejos confidenciales de datos sobre la población estudiantil, pretendían ocultar la verdadera intención de esta embestida contra las universidades: “echarle mano” al dinero que movían en el país. “Alguien había hecho números”, dice el exfuncionario. “Son miles los estudiantes y miles el dinero que siguen pagando hasta hoy”, afirma.

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RECTOR DE UPF: "NUNCA HAN DEJADO DE SER PRIVADAS"

Adrián Meza se exilió en Costa Rica al día siguiente que el régimen anunció la ocupación de la universidad de la que él era rector en Nicaragua: la Universidad Paulo Freire, (UPF). Se negó desde el primero momento de la toma de su universidad siquiera considerar la idea de que el régimen impulsaba un nuevo modelo de universidad pública como lo dicen sus propagandistas.

“Es que nunca han dejado de ser universidades privadas”, dice al ser consultado por DESPACHO 505 sobre este tema. “El muchacho (el estudiante) sigue pagando matrículas y mensualidades, ahí nada ha cambiado”, agrega.

Meza cree que a diferencia de favorecer a los jóvenes en la idea de forjarle un futuro competitivo e incluyente en la educación superior, se le afecta enviándoles mensajes “confusos” y “frustrantes”.

“Un muchacho que estudia en la que fue la UPF, ahora Universidad Ricardo Morales Avilés, paga una mensualidad y el muchacho de la Unan-Managua no paga y ambas universidades son públicas. Eso no se entiende muy bien”, critica.

LOS PRIMEROS NÚMEROS: “HASTA 20 MIL CLIENTES”   

La Upoli es una de las universidades más grandes ocupadas por la dictadura, de cinco, que mandó a ocupar el año pasado. Los 8,500 estudiantes activos al momento de la ocupación se encontraban en su campus central y en sus sedes regionales ubicadas en Estelí, Boaco y Rivas.

Antes del estallido social de abril de 2018, llegó a contar con una población universitaria de 11,061 estudiantes, la que bajó como consecuencia de la crisis que vive el país desde hace cinco años y la alta deserción debido a la persecución contra sus estudiantes, ya que la Upoli fue el epicentro de la rebelión universitaria que alimentaron las protestas contra el dictador por las reformas a la Seguridad Social.

Antes de que el régimen se apoderara de la Upoli, había ordenado el 13 de diciembre  del 2021 la cancelación de la personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana, (Uhispam), propiedad del empresario Leonardo Torres, declarado aliado del Frente Sandinista, a quien su devoción a Daniel Ortega y a Rosario Murilo no le valió para salvar su universidad.

Después de la Upoli, la Uhispam, era la que más estudiantes tenía: 3,980 filtraron sus autoridades al momento de la confiscación. El saqueo de Ortega se extendió a la Universidad Católica del Trópico Seco, (Ucatse), con una matrícula de 3,200; a la Universidad Popular Nicaragüense,  (Uponic), con 2,000 estudiantes; a la Universidad Pablo Freire, (UPF), con 1,227; y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, (Uneh), con 1,200 matriculados.

Pero "la cacería" del régimen no terminaría ahí, siguió sumando confiscaciones hasta llegar a las 22 instituciones de educación superior el año que pasó y cerca de las 30 hasta este mes de mayo reciente. En la embestida, el régimen arrasó con pequeñas universidades y mandó a ocupar sus sedes, tanto en Managua como en los departamentos.

MAS CONFISCACIONES Y SE ABULTA LA CARTERA

Solo las primeras seis universidades ocupadas entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, dos meses, significarían la afectación de más de 18.0000 universitarios, y que según el CNU, se ocuparía de reubicar para “garantizarles la continuidad” de sus estudios.

“La estrategia estaba en marcha, no hubo tal reubicación, ahí mismo quedaron, en las mismas aulas, en los mismos recintos, pagándole a otro para estudiar, esta vez al gobierno”, apunta el exfuncionario de la extinta universidad.

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Pero el régimen no se detendría con esas seis. Continuaría. Hace dos meses, el 7 de marzo, ilegalizó la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua UCAN y de inmediato se apoderó de ella. Contaba con 6,375 estudiantes en pregrado en sus sedes de León, Chinandega, Estelí, Juigalpa, Masaya y Matagalpa.

Junto a ella, también fue confiscada la Universidad Católica Juan Pablo II, así como sus sedes en Managua, Juigalpa, Matagalpa y Granada. Contaba con una matrícula en pregrado 2,455 estudiantes. Cuando los estudiantes reclamaron, fueron informados que mantuvieran sus pagos para garantizar la continuidad de sus estudios.

CONFISCACIONES SIGUEN

En abril siguiente, la dictadura sumó más saldo a sus confiscaciones de universidades. El 24 de ese mes, informó a través del Ministerio de Gobernación, la ilegalización de la Fundación Prouniversidad Metropolitana, (Unimet), la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua, (UNN) y la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua, (Unadenic). Entre Unimet, Unadenic y la UNN, suman una matrícula de 2,882 estudiantes, los que según el CNU, también "reubicaría".

De las tres universidades afectadas en esa redada, la UNN contaba con una presencia destacada en seis sedes, las de Jinotega, Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia y Madriz. Antes de 2018, la matrícula de esta alma mater superó los tres mil estudiantes, pero igual que en otras instituciones, la represión contra los universitarios, las migraciones de miles de jóvenes de zona rurales y la crisis económica del país, desplomó las matrículas.

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Antes, fueron anuladas la Universidad Tecnológica Nicaragüense (UTN), la Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía, Uston Granada, la Universidad Thomas More (UTM), la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM), y más recientemente la Universidad Rubén Darío, con sede en Diriamba, intervenida en marzo de este año. Estas cuatro universidades contaban con 2,541 alumnos activos al momento de las confiscaciones.

REGISTRO DE ALUMNOS SUMAN 35.360

Los datos de matrícula de estas universidades, ahora administradas por el régimen, sumarían un total de 34,360 estudiantes que desde sus sedes centrales y departamentales, que le pagan al régimen una mensualidad para estudiar una carrera universitaria que antes fueron privadas y que por decretos, convirtieron en públicas.

Cuando las plataformas informativas de las universidades estaban en línea promovían matrículas y mensualidades de entre 30, 25 y hasta 40 dólares, en dependencia de la carrera, la modalidad y el recinto. “Ese pago diferido no ha variado”, dice un estudiante de la antigua UNN.

“Si tomamos el pago más bajo de referencia que es 25 dólares tendríamos que mensualmente el gobierno obtendría al mes con esa masa de estudiantes; 31 millones 422 mil 220 al cambio de este martes. Y eso solo en mensualidades, aquí falta agregar matrículas”, señala un profesor de economía y administración de empresas que quedó desempleado a raíz de la toma de UCAN.

“Aun no vemos algún beneficio social con todo esto”, critica por su lado la doctora María Luisa Acosta, quien en el país presidia la Academia de Ciencias de Nicaragua, hasta que fue obligada al exilio en 2018, año en que el régimen respondió con muerte, secuestro y exilio forzado a quienes señaló de responsables de la rebelión cívica de ese año.

“Más parece a un asalto del Estado, en el que a nadie benefició más que a quienes administran las universidades ahora”, agrega.

ENGAÑO Y FALSAS EXPECTTIVAS

La doctora Acosta califica de grave el daño que el régimen Ortega-Murillo le ha hecho al sistema de educación superior del país y más grave aún, al concepto de universidad estatal.

“Nadie tiene claridad de todo lo que ha pasado. Si estas universidades son estatales ¿Por qué cobran como privadas? Pero además funcionan bajo ideologías partidarias”, dice al recordar que las nuevas universidades, no disimulan para nada que son instituciones políticas.  “Ahí vemos banderas y consignas partidarias, una autonomía universitaria totalmente ausente”, señala.

A unas universidades, el régimen solo les cambio el nombre como a la  Upoli, ahora UPN y a otras, las terminó fusionando en universidades que inventó como la Universidad Nacional Multidisciplinaria “Ricardo Morales Avilés” que nació con los bienes y los estudiantes de la Uhispam, la Uneh, la Uponic y la UPF.

Crearon la Universidad Nacional “Padre Gaspar García Laviana” (UNPGGL), con las sedes y los universitarios de la UNN y sus seis recintos, con UCAN, Universidad Juan Pablo II, UNIMET y Unadenic.  Para nada le importó al régimen el caos y la zozobra que sembró entre los universitarios y en el personal privado que las administraba en nombre de quienes eran sus dueños.

Los universitarios se percataron que una mañana eran estudiantes de una universidad privada en la que pagaban mensualidades de 25 dólares las más baratas hasta 40 las más caras, y al día siguiente, eran universitarios de una institución superior pública, del Estado, pero pagando lo mismo.

“Nos quedamos esperando la baja de las mensualidades, el aumento de los montos de becas y las becas, nada de eso ha pasado”, se queja un estudiante de Farmacia de la extinta UCAN, sede León.

ROBO A PLENA LUZ

“Fue un robo a plena luz del día”, dice el exfuncionario de universidad. Él tenía nueve años de laborar para la oficina que llamaban Desarrollo Estudiantil de su universidad. Su trabajo era garantizar lo que ahí llamaban “la continuidad de la población universitaria”, dice.  Su oficina, era la encargada de promover la universidad en colegios de secundaria para captar alumnos cada fin de año y crear campañas de retención en las aulas. “Era un trabajo duro”, dice.   

Contó que la universidad para la que trabajó llegaba a sumar hasta 600 estudiantes nuevos cada año en sus cuatro sedes y egresaba una cuarta parte de esa misma cantidad al final.  Cada estudiante pagaba 38 dólares mensuales en Managua y 25 y 28 en las sedes departamentales, dependiendo de la carrera y la modalidad.

Contó que cuando llegó “la intervención” orteguista, les dijeron que seguir en la institución con la nueva administración, dependía mucho de la retención universitaria y que los estudiantes “mantuvieran el pago de los aranceles al día”, hasta que se reestructuraran.

“Muchos creímos, pero al poco tiempo llegó nuevo personal y con las cartas de despido”, contó. “También los chavalos se ilusionaron, muchos creyeron que se iba a dejar de pagar. Nada de eso pasó”, dice. “Se sigue pagando lo mismo, con las mismas exigencias y presión de una administración privada”, expuso.

“Nos dijeron que los revisarían (los aranceles), pero hasta el otro año, este continuaría igual”, señala a DESPACHO 505 un estudiante de la carrera de Tecnología Médica de la anulada UCAN, sede Estelí,  ahora llamada Universidad Padre Gaspar García Laviana. Los mismo informaron a estudiantes de la UNN. “Se revisan los aranceles para el otro año, que se hacen estudios socioeconómicos por alumnos, fue lo que dijeron”, dice un matagalpino que lleva tercer año psicología allá.

"LA REPENTINA DESAUTORIZACIÓN"

La mayoría de estas universidades, tenían más de diez años trabajando en su crecimiento y en los últimos cinco, hasta anunciaban felices nuevas sedes departamentales y certificaciones que el mismo CNU les cedía para nuevas carreras y cursos especializados más allá del pregrado. Pero de pronto, fueron desconocidas, aniquiladas y confiscadas.    

Todo estaba aprobado por el CNU que después, junto al el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNEA, dijeron que la institución de educación superior “no cumplía con los mínimos de calidad necesarios para obtener la acreditación correspondiente”, por lo que quedaba anulada.