En un informe de ejecución presupuestaria, publicado en marzo de este año, Hacienda admite limitaciones financieras para cumplir con el compromiso con las municipalidades, al punto que mantenía en cero los desembolsos. Fue a partir de abril, que empezó a transferir cantidades mínimas, completando a junio el 12.4% de los C$6,416 millones asignados por el Gobierno a transferencias para 153 alcaldías, mientras que a septiembre la cartera apenas transfirió C$2,000.8 millones, o sea, 31.2%.

Reynaldo Galeano, alcalde del municipio de El Almendro, denuncia que el incumplimimiento de Hacienda ha ocasionado una merma de 30% de la productividad del municipio, ya que, al ser meramente agropecuario, los productores no logran sacar la cosecha por el mal estado de los caminos. “Nos han mutilado casi el 100% del presupuesto, este año solo hemos ejecutado tres kilómetros de camino en la comunidad Los Monos, por un valor de un millón de córdobas”, indica.

Galeano, que ganó la alcaldía en la casilla del partido Ciudadanos por La Libertad (CxL), asegura que hecho “malabares” para llevar progreso a los habitantes, por ejemplo, la ejecución del proyecto en Los Monos se realizó con una contrapartida de los ciudadanos: Un día, cuenta, reunió a los productores y les planteó que dispondrían de la maquinaria y trabajadores de la municipalidad, pero que ellos colaboraran con el capital.

Mientras tanto, al norte del país, en Santa María de Pantasma, gobernada por el alcalde liberal Óscar Gadea, los proyectos de agua y saneamiento han sido los más afectados. Según datos proporcionados por la oficina de Gadea, de 54 proyectos que habían estado ejecutando en años anteriores, este año apenas terminarán con dificultad unos 14. En 2019, la dictadura le redujo la partida por ser un municipio “azul y blanco”, colores con los que pintan las pocas obras financiadas con fondos propios.

CATIGO POLÍTICO

Leonardo Labarca, investigador de presupuestos públicos, además del recorte ve, una situación precaria en las alcaldías, producida por un matiz político, pues hay varias investigaciones que evidencian “que las municipalidades opositoras de las mismas categorías y las mismas características reciben un tratamiento diferente que las alcaldías gobernadas por el partido de gobierno (FSLN).

Muestra de ello, detalla el experto, es que en el proyecto de presupuesto 2017 presentado antes de las elecciones municipales se estableció un monto de transferencia, pero cuando se conocen los resultados de los comicios y las localidades dejan de ser del FSLN y pasan a manos de partidos opositores, se les redujo la cantidad a  la mitad.

 Si la alcaldía es ganada por el partido rojinegro es premiada, de lo contrario, castigada. Así lo reflejan los mismos datos de Hacienda en los que se constata que a 2017, las trece alcaldías gobernadas por partidos opositores registran un estancamiento o reducción en las asignaciones, cosa opuesta con las 140 bajo el dominio oficialista.

Los datos de Hacienda además revelan que entre 2013 y 2017, las Transferencias Municipales crecieron 60%, al pasar de C$4,281 millones a C$6,800 millones. Esa alza benefició en mayor medida a las municipalidades orteguistas, que registraron incrementos anuales de 70%, mientras que a las opositoras se les redujo la partida entre 1.5% y 13%.

2020: MENOS RECURSOS, MÁS POBREZA

“Las demás alcaldías del Norte han sufrido recortes, una más que otras, pero el presupuesto del año 2020 viene más bajo”, lamenta el director de proyectos de la Alcaldía de La Trinidad, Misael Martínez. Su municipalidad está condenada a la ruina ante la falta de fondos estatales y una baja recaudación en el municipio.

— ¿Saben cuánto les transferirá Hacienda el próximo 2020?

— De acuerdo con nuestros cálculos, consideramos que a La Trinidad le corresponden 720,00 córdobas, con eso tenemos que presupuestar.

Extraoficialmente, Despacho 505 conoció que más de 100 municipios sufrirán un recorte de casi el 90% de la partida de transferencias para 2020. El régimen pone la bota con mayor presión en el cuello de estas municipalidades e impide que se desarrollen inversiones públicas, principalmente en comunidades rurales. En 78 municipios del país, las transferencias municipales junto con los fondos del Tesoro, representan más del 55% de sus presupuestos.

La Ley de Presupuesto General de la República 2020, aprobada a finales de noviembre por la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional, contempla reducir drásticamente las partidas para Transferencias. Para el año entrante, el régimen decidió asignar el 4% de los ingresos tributarios y no el 10%, una medida acompañada de un distribución a antojo de los intereses del partido de Ortega.

En números brutos, Ortega proyecta recaudar en 2020, C$73,548.6 millones, de ese total le correspondían a las municipalidades C$7,354.06 millones, sin embargo, sin ninguna justificación legal, optó por asignarles C$2,941.94 millones, quedándose con C$4,412.12 millones.

Ante este duro golpe, las tres municipalidades visitadas por Despacho 505 apuestan por ejecutar proyectos con recursos del Fondo de Inversión Social para Emergencia (FISE) o el Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav). “Esperamos poder acceder a los recursos que envía FOMAV, con eso podríamos trabajar”, dice una fuente de los tres municipios, que prefiere no precisar su nombre por temor a que ambas instituciones presenten trabas a las solicitudes de proyectos que harán en 2020.

DESTINADOS AL OLVIDO

Hoy, después de un mes, Alberto López logró acopiar 20 litros de leche que produjeron las cinco vacas que pastorea en su parcela de tierra en la comunidad La Frescura, a 12 kilómetros del casco urbano de El Almendro. El mal estado del camino, que imposibilita el tránsito incluso en bestias, lo mantuvo en casa botando en promedio 10 litros de leche diario. El camino con el que no cuenta es tan solo un indicador de lo mal que viven él y su familia: “Si estamos enfermos no podemos bajar hasta aquí, al casco urbano, y tenemos producción, pero no la podemos sacar. Nosotros, la gente del campo somos los más olvidados por todos (Alcaldía y Gobierno)”.

La Frescura es un caserío de unas 200 viviendas en las que habitan aproximadamente 2,500 personas. No cuenta con servicio de agua potable ni con energía eléctrica y menos con escuelas y centros de salud que atiendan a las familias que residen ahí. Su nombre ni siquiera figuraba en la lista de proyectos presentados por la municipalidad, y no porque el alcalde le diera la espalda a los ciudadanos que votaron por él, sino porque no hay recursos para ejecutar, por ejemplo, el mejoramiento del camino que le permitiría a Alberto sacar su pequeña producción láctea.

Un informe del Banco Mundial (BM) señala que hasta 2014 en Nicaragua 1.7 millones de personas eran pobres, y de ese número, el 70%, es decir 1.2 millones, vivían en zonas rurales. El documento menciona que los pobres son más propensos a ser empleados en el sector agrícola en las zonas rurales, y por lo tanto más expuestos a los choques climáticos y desastres naturales. Un factor que se escapa es que también son vulnerables a los antojos políticos del Presidente de turno.

Al respecto, un economista de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) considera que la asfixia que viven las alcaldías, en general, crea un efecto dominó que termina en una profundización de la pobreza en municipios ya de por sí pobres. “Los ingresos que llegan por transferencias activan el empleo local y esto dinamiza el comercio, si no llegan generan desempleo y deprime la actividad económica”, apunta.

“El impacto en los municipios que se encuentran orbitando la línea de pobreza o viven en estado de pobreza es preocupante. Además, el contar con las transferencias permite que una administración funcione y provoca un impacto duradero al ejecutarse proyectos de desarrollo, es decir son obras que mejorarán las vidas de las familias”, agrega el economista del centro de pensamiento.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INDE) para el año 2016 se estimó que la pobreza general a nivel nacional fue de 24.9%3 y la pobreza extrema en 6.9%. O sea que de cada 100 nicaragüenses, 25 estaban en pobreza y siete de estos estaban en condición de pobreza extrema. Los nicaragüenses situados en condición de pobreza extrema para entonces tenían un consumo anual inferior al costo del umbral de pobreza extrema, valorado en C$11,258.93. Mientras que el conjunto de los pobres no extremos, superan el costo de la línea de pobreza extrema, pero su consumo anual, es inferior al valor de la línea de pobreza general definido en C$18,310.

En 2020, según Funides, habrá una pobreza galopante, que la ubica a niveles de hace cinco años. Al término del año entrante el país tendrá 2.1 millones de nicaragüenses en situación de pobreza, viviendo con US$1.76 dólares, más una tasa de desempleo en picada y una economía contraída por tercer año consecutivo. La tasa de pobreza general de Nicaragua pasará de 24% a 31.9%.

Así las consecuencias por la falta de dinero para la ejecución de obras ya derivan en los primeros estragos para estos tres municipios pobres de Nicaragua. Directamente, alrededor de 70 proyectos dejaron de ser ejecutados y 52 trabajadores están de vacaciones forzadas o despedidos; indirectamente 100,702 pobladores no contarán con obras de cobertura de agua y alcantarillado, ni con calles adoquinadas, ni con caminos nuevos. En vez de alejarse de la pobreza, el régimen los condena a mantenerse en ella.

Este reportaje fue editado por Edith Pineda. Roberto Mora colaboró desde Estelí.