Secuestros, despidos, persecución y destierro: la guerra de la dictadura contra los médicos nicaragüenses

El doctor José Luis Borgen Rayo es un rostro que la dictadura conoce muy bien. Atendió a manifestantes heridos que los hospitales públicos rechazaron durante la Rebelión Cívica de 2018, alzó la voz ante el oscuro manejo de la pandemia en Nicaragua y denunció los incomprensibles despidos de médicos durante los días de mortandad en el país a causa del virus.

Especialista en Urología, llegó a dirigir el departamento de su especialidad en el Hospital Escuela “Antonio Lenin Fonseca” de Managua, un cargo que mantuvo hasta que en agosto de 2018 fue despedido del Ministerio de Salud, como parte de una redada de médicos que escogieron cumplir el juramento hipocrático de salvar vidas no importando las circunstancias, ni los orígenes del paciente, y por encima de la insensible orden de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de no atender a los ciudadanos heridos.

Desde el fin de semana último, el especialista es otro rehén de la dictadura. Ha sido acusado y obligado a cumplir la firma periódica, la medida cautelar que los jueces orteguistas han comenzado imponer a los ciudadanos a los que la Policía ficha en esta nueva modalidad represiva de secuestros y acusaciones exprés. “Es una agresión más a los médicos de este país”, califica un especialista que integró la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) y que pide hablar con identidad reservada por temor a ser el próximo secuestrado.   

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La organización aglutinó a decenas de galenos independientes debido a que desde el regreso al poder de Daniel Ortega, en 2007, la Federación Nicaragüense de los Trabajadores de la Salud, Fetsalud, se sometió al orteguismo. Para el 2008, el Ministerio de Salud, en contubernio con el Ministerio del Trabajo, desarticularon los sindicatos independientes que se habían conformado antes de ese año, como el emblemático Médicos Prosalario y los que pertenecían a la Federación Independiente de Trabajadores de la Salud.

ESPIADOS Y ACOSADOS

Tanto “los prosalarios” como la federación independiente fueron disueltos, luego que despidieron a todos los dirigentes sindicales. La orteguista Central de Trabajadores de la Salud Fetsalud (Fetsalud) fue la única que sobrevivió, pero estaba claro, que bajo los lineamientos del partido rojinegro. Las huelgas, paros y protestas de antaño, que hasta paralizaron el país durante meses, se volvieron prohibidas. Los médicos sabían que quedaban desprotegidos.

Fetsalud no tardó en darles la razón. En vez de defenderlos, se hizo al lado de los represores y les ha hecho la guerra en los hospitales “espiándolos” y “acosándolos”. Vio hacia otro lado cuando la patronal estatal los despidió contra toda ley laboral y en los días difíciles de la pandemia.  

“Los médicos han sido un blanco para la represión del régimen Ortega-Murillo ”, señala la opositora Ana Quirós, quien desde el exilio dirige el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), una oenegé cuya personalidad jurídica en Nicaragua fue ilegalizada por la dictadura en noviembre de 2018 y a la que, además, le fueron confiscados sus bienes. “Los médicos son un sector que no puede trabajar, que no puede atender a la población, porque viven bajo amenaza”, denuncua.

Hace dos años, miembros de la Unidad Médica Nicaragüense hicieron “un balance amargo” de como estaban el gremio en el país. Se describieron así mismos bajo represión, censurados, amenazados y una muy buena parte despedidos.

Más recientemente, han recordado cómo combatían al mortífero Covid-19, expuestos al contagio porque las autoridades sanitarias les limitaron hasta las mascarillas requeridas para sobrevivir en la primera línea de lucha contra la pandemia. Un desastre, mientras en diferentes partes del mundo los gobiernos llamaron a médicos jubilados y estudiantes de Medicina para poder combatir el mal, que hasta este mayo ha matado mató a 6,9 millones de personas.

CONTRA LOS DE BATA BLANCA

Cómo los médicos tampoco callaron y denunciaron al régimen, al menos 400 de ellos terminaron siendo echados de los hospitales, reportó una voz exiliada  de la UMN a DESPACHO 505 a finales de 2022. Una buena parte ahora vive en exilio forzado.  Los galenos también informaron que 151 especialistas enfermaron por el virus y perdieron la batalla, un número que aquí no incluye los subregistros.

Sobre esas muertes, tanto el Minsa como Fetsalud han callado hasta ahora. “Es un sector golpeado primero por la pandemia y perseguido después, es algo que no vimos ni en los peores tiempos de Somoza”, se queja el especialista.

Recordó que la misma organización, la UMN, se vio obligada a anunciar el cierre de sus oficinas el 23 junio de 2021. En ese momento, el doctor José Antonio Vásquez, que la dirigía, dijo que los médicos estaban amenazados y que se veían frente a la necesidad de “resguardarse”, debido a la persecución que estaban sufriendo.

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No exageraba. Desde un año antes, el 7 de marzo de 2020, el doctor Borgen Rayo venía denunciando que su casa amanecía rodeada de policías, un asedio que según el galeno, llegó a cumplir 19 meses. En julio del siguiente año, el día 12 exactamente, fue citado junto al doctor Carlos Quant. El motivo eran las denuncias sobre el manejo de la pandemia.

Los dos especialistas fueron llevados ante la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del Minsa, para ser cuestionados por las valoraciones técnicas que brindaban públicamente sobre la pandemia. A los dos, les recordaron que “los rondaba el filo" de la Ley de Ciberdelitos, creada por el orteguismo para frenar la avalancha de críticas de los ciudadanos en sus redes sociales. Hasta les llegaron a exigir que se limitaran a los informes que semanlamente ofrece la institución.

Pero los médicos que integraron la UMN, no retrocedieron. Es la fecha y siguen manteniendo, basados en el monitoreo especializado del Observatorio Covid-19, que el Minsa no informó antes, ni lo hace ahora, los datos reales de la pandemia en el país. Para dar una cifra, los especialistas independientes aseguran que hasta 13 de julio del año pasado se acumularon 32,650 casos sospechosos en todo el país y 6,006 personas fallecieron como efectos del virus. En cambio el Minsa, mantuvo que a esa fecha eran 19, 551 eran los casos confirmados y 245 las muertes acumuladas.

Quirós recuerda que los médicos le plantaron cara al dictador, sin miedo, desde el día uno del levantamiento ciudadano de abril de 2018. Cree que si no fueron cómplices de la dictadura en abril de 2018, no lo serian a partir de marzo de 2020, cuando se confirmaron los primeros pacientes con el virus.

Para lo primero, Quirós recuerda que lamentablemente, los médicos tienen como prueba irrefutable la muerte del adolescente Álvaro Conrado, quien se desangró cuando policías le dispararon y una bala de goma le destrozó el cuello. Especialistas que han valorado el caso, consideran que el llamado niño mártir pudo tener posibilidad de sobrevivir, pero en el hospital al que fue trasladado se negaron a hacerlo. “En medio de las balas, los médicos atendieron en las calles, en las casas y hasta en las barricadas, porque es el deber del médico, lo juró y ellos lo han cumplido”, resalta Quirós.

ATAQUES A LA CIENCIA MÉDICA

Los ataques de la dictadura contra los médicos ha sido sistemático. En julio de 2021, ilegalizó a al menos 30 asociaciones, las que según la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), trabajaban en la organización de foros científicos, intercambios de conocimientos para las especialidades y capacitaciones.  

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El 23 de marzo reciente, otra médica que militó en la UMN, la doctora Anely Pérez, fue sacada de su casa ubicada en carretera Sur en Managua. Después fue desterrada junto a su esposo y sus dos hijos. “Hemos visto que el régimen ha pasado de la amenaza al secuestro y a la acusación, el doctor Borgen y la doctora Pérez son una prueba de ese abuso, de ese aumento de la represión. Es grave, porque son gente que salva vidas”, dice al respecto Quirós.   

Para otros especialistas, lo que vive ahora el doctor Borgen, es un reflejo de cómo están los médicos y todos los ciudadanos en Nicaragua. “Todos somos rehénes”, se lamenta uno de ellos.  

Contra el doctor Borgen la dictadura se ha ensañado. En 2019 sufrió su primera desaparición forzada. Él mismo lo denunció ante la también ilegalizada Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Según el relato que hizo la organización, tres varones y una mujer lo siguieron al salir de la Catedral Metropolitana de Managua, donde atendió a madres de presos políticos que realizaban una huelga de hambre.

Lo interceptaron en  la zona de Bello Horizonte, cuando se dirigía hacia su casa. Los sujetos, quienes iban encapuchados, taparon el rostro del doctor y lo llevaron a un lugar desconocido donde lo mantuvieron por más de 24 horas. Al día siguiente, a eso de las 5:00 de la mañana fue dejado cerca de la Universidad Agraria, (UNA), al norte de Managua.

“Doctor, tuvo mucha suerte”, le dijo uno de los secuestradores. “Hay desaparecidos que nunca van a aparecer”, le agregó.