Relatos de la crueldad en las cárceles de tortura en Nicaragua

Hay espacios en los que a Suyén Barahona no le gusta estar. Si son muy cerrados le disparan la ansiedad. Se siente nerviosa y quiere irse. Ana Margarita Vijil, en cambio, todavía padece de reflujo gastrointestinal y hasta hace poco ha comenzado a dormir más tiempo.

“Yo aún sueño que me golpean y me despierto sobresaltado”, dice otro exreo político, que igual que Barahona y Vijil sufrieron la crueldad del régimen de Daniel Ortega, que los secuestró y confinó por más de 600 días en su cárcel política conocida como El Chipote, en Managua, porque critican su ambición de gobernar y hasta heredar Nicaragua para siempre.      

Barahona explica a DESPACHO 505 que la ha costado dar entrevistas. Y cree que es una secuela de ese tiempo, de los cuales 81 días sufrió desaparición forzosa. Ni ella supo de su familia, ni su familia supo cómo estaba y dónde estaba ella. “81 días sin hablar con nadie, en aislamiento, fue duro”, se lamenta. Ella permaneció 606 días encarcelada: dos navidades, dos cumpleaños de su hijo que “pellizcaron dolorosamente su alma”.

En el relato de Suyén Barahona dimensiona el horror al que se enfrentan los nicaragüenses que, desde 2018, son llevados a las cárceles del régimen. Son torturas, concluye tajante el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+.

En el más reciente informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, el organismo defensor denuncia de forma documentada actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que el orteguismo ha ejercido contra los que clasifica como sus opositores. “Hablamos de la implementación de 40 métodos de tortura”, dice Yader Valdivia, responsable de documentación y acompañamiento de casos de la organización defensora de derechos humanos.   

ZANCUDOS PARA EL DICTADOR, HONGO PARA SUS PRESOS

Pocos creerían que el responsable de tanta crueldad haya pasado siete años en una prisión parecida, por órdenes de otro dictador; Anastasio Somoza, a quien ahora él mismo, ha sabido superar con creces. Daniel Ortega, confesó su sufrimiento como prisionero político de aquella dictadura, el 23 de diciembre del año pasado, durante el acto de conmemoración del 50 aniversario del terremoto que destruyó Managua.

“Era imposible dormir”, contó a los pocos fanáticos que desde 2020 permite que asistan a sus actos, pero que replica en cadena nacional de radio y televisión.  “Estaba en una celda de aislamiento y me picaban los zancudos”, recordó. Obvió que, cincuenta años después, él, un expreso político, ha terminado convertido en el verdugo y ha ordenado aplicar medidas parecidas y hasta aumentadas en crueldad a sus opositores: los privó del sueño, los aisló por meses enteros y los desapareció para sus familiares. Incluso, dos de ellos perdieron la vida siendo sus prisioneros.

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Y aunque no todos se quejaron de los piquetes de zancudos que dijo Ortega que si sufrió él, sus prisioneros fueron víctimas del hongo que produce la pitiriasis versicolor que les desteñía la piel debido al encierro prolongado y la falta de luz solar. “Todos llegamos a padecer del hongo”, confirma Vijil para este reportaje.

“La pitiriasis ataca a las personas si están expuestas a climas cálidos y con mucha humedad. No siempre es dolorosa, pero causa angustia emocional. Quien la padece, se alarma”, señala un médico consultado por DESPACHO 505 bajo acuerdo de confidencialidad debido a que se encuentra en Nicaragua y le teme a la represión.  

Valdivia, explicó que el informe sobre la torturas del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, se soporta en 158 expedientes de personas que pasaron por los cárceles de la dictadura a partir de las protestas de abril de 2018, originadas por el descontento social contra Ortega y su Gobierno, al que le exigían y le exigen todavía, el respeto a los derechos humanos, libertad y democracia. Ortega por su lado, les respondió con escuadrones de policías y parapolicías armados que atacaron con balas las movilizaciones sociales en todo el país y causaron la muerte de al menos 355 ciudadanos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo, además, conoció de unos 2 mil heridos y más 900 encarcelamientos ilegales.

Los resultados del nuevo informe sobre la tortura en las cárceles del orteguismo proceden de la sistematización de 158 casos de víctimas de torturas, de las cuales 130 son hombres, incluyendo dos menores de edad, y 28 mujeres, entre ellas una mujer trans entre ellas. Explica la organización que los casos, cuentan con un expediente interno conformado por diversas piezas como la declaración de las personas excarceladas políticas, sus familiares, fotografías y videos, más las denuncias públicas que se hicieron en su momento.

“Este es uno de los informes más completos sobre el tema de las torturas, lo que Nicaragua Nunca+ ha divulgado hasta ahora, es un informe preliminar, trabajamos en una versión final que estará impresa antes que finalice el mes”, adelantó Valdivia al destacar que todos "los casos son un soporte importante para sostener que la dictadura es responsable de crímenes de lesa humanidad”.

UNA CRUELDAD TRAS OTRA

Si el régimen Ortega-Murillo no se preocupó en ocultar la acción criminal de usar elementos irregulares para que, junto a la Policía, atacaran con balas las manifestaciones civiles, era de esperarse que tampoco tendría algún límite, cuando después de secuestrar a quienes las lideraban, los desaparecería meses dentro de los muros de sus cárceles.

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El informe señaló que las torturas y los tratos denigrantes y crueles comenzaron desde el primer día de la detención. De acuerdo con el organismo, al menos 136 personas, el 86% de los casos documentados, sufrieron algún tipo de agresiones físicas como golpizas, empujones, arrastramiento, golpes y amenazas con armas.

Si hay algo que Barahona no ha podido quitar de su mente, para citar un ejemplo, es el rostro descompuesto de su hijo, un niño que entonces tenía apenas 4 años y que vivió el horror de ver como policías armados bajaron de ocho camionetas, derribaron la puerta de su casa, la asaltaron, destruyeron cuanto pudieron y se llevaron a su madre. Era el 13 de junio de 2021.  

Solo hasta algún tiempo después, la opositora tuvo conciencia de que su hijo pasó las peores seis horas de su vida que duró el allanamiento, y que terminó en un secuestro violento. “De nada sirvió que saliera con las manos en alto, que les implorara, que les gritara que había un niño de 4 años, no les importó”, recuerda Barahona.

Al dejar su casa, a donde nunca pudo volver hasta el sol de hoy, el recuerdo de aquel rostro embebido en lágrimas amargas del niño la acompañó siempre. En la celda, cerraba los ojos y ahí estaba el niño llorando.  “Fue el último rostro que vi y fue horrible”, cuenta ahora.  De las horas que le siguieron a aquel acto, para ella “inhumano”, poco recuerda con precisión. “Solo pensaba en eso (el dolor del niño)”, comparte.

Hubo gritos si, los que dos años después para ella son inaudibles en su mente. Cuando pudo volver a tener ordenados sus cinco sentidos, aquel junio se miró en una celda donde pasó 81 días sin saber de nada, ni de nadie. Lo único que le hacía pensar que afuera había vida aparte de ella misma, eran sus carceleros y los puntuales interrogatorios.

GOLPIZAS ENTRE LOS MUROS

El informe del organismo señaló que varios presos políticos recibieron golpizas como otro de los métodos de torturas que el régimen Ortega-Murillo ordenó a sus carceleros en venganza por la rebelión ciudadana.

Las golpizas se registraron, según la investigación, en 33 centros policiales de 29 municipios de 14 departamentos así como en centros clandestinos que la dictadura utilizó en ciudades, siete establecimientos penitenciarios, y por supuesto, en el temido Chipote, donde estuvo Barahona y Vijil.

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Ellas corrieron con suerte. No las golpearon. Pero otros, como Edder Oniel Muñóz Centeno y el líder universitario Levis Rugama, no pueden decir lo mismo. “No ha habido piedad para este muchacho”, dice un vecino de Muñóz Centeno.

“Le han hecho cuanto daño han querido”, se queja por su lado Maribel Rodríguez, su esposa y expresa política desde su exilio en Estados Unidos. El 4 de enero de 2023, fuentes del penal de Granada le confirmaron que Muñóz Centeno, de 36 años de edad, fue agredido salvajemente por sus carceleros durante una inspección de custodios. Rodríguez, lamenta que al opositor no lo hayan desterrado y siga sufriendo en manos de los represores. “No es justo", reprocha.

Levis Josué Artola Rugama pasó 23 días confinado a la soledad en una cárcel de castigo del Sistema Penitenciario “La Modelo” de Tipitapa, en el departamento de Managua, cuando fue secuestrado, pero descontó siete meses de presidio, desde que se lo llevaron, el 25 de agosto de 2018.

Artola Rugama, un universitario originario de San Dionisio, Matagalpa, al norte del país, fue golpeado tras cantar el Himno Nacional como una forma de protesta dentro de la cárcel. Tras la golpiza, fue enviado a la celda de castigo, una diminuta estancia de concreto de cuatro paredes de dos metros de largo y medio de ancho, donde apenas entra oxígeno para una persona y la luz no halla una sola abertura para colarse.

“Uno sufre de cefalea por la falta de aire y mucho insomnio”, contó el expreso político a la Agencia Anadolu, después que fue liberado en marzo de 2019.  El líder universitario, dice que todavía tiene pesadillas y sufrió por algún tiempo ataques de pánico.

CONTRA TODO DERECHO

Desde antes del 2018, el régimen de Daniel Ortega ha acumulado ilegalidades, pero después de abril ya fueron incontables. Ha matado, herido y encarcelado con delitos que mandó a hacer con métrica exacta para sus adversarios políticos, porque sabía que no podría ganarles en elecciones libres.

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En cuanto a la tortura, la Constitución Política la prohíbe tajantemente en su artículo 36. “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”, reza.

Al volver al poder tras ser echado en 1990, Ortega juró en enero de 2007, que respetaría la ley y lo que el Estado de Nicaragua exigía, y que “se sometería si la patria se lo reclamaba”, pero ha sido al revés. Ha impuesto sus leyes y tuerce las vigentes. En cuánto al abuso contra los presos políticos, ignora que el país es firmante de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones Unidas, (ONU).

El convenio obliga al Estado de Nicaragua “a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra eficacia para impedir los actos de tortura en todo el territorio”, pero Ortega ha utilizado al congreso para inventar delitos contra sus adversarios y ordenado al poder judicial, ser los ejecutores principales de los abusos. Los que debían frenar al dictador, según el derecho internacional, son los primeros represores bajo sus órdenes.

“No hay un solo derecho humano que se haya respetado en el juicio, no se respetó el debido proceso en cada caso, es que ni los allanamientos, ni las órdenes de captura, obedecieron a dictados judiciales ni aun estando bajo su control”, critica por su lado Vijil.

DE LA PRIVACIÓN DEL SUEÑO Y OTRAS CRUELDADES

Barahona lee con calma el documento y se le viene un recuerdo que asegura es recurrente. “Me veo en aquella celda despierta casi todo el tiempo”, dice. También le parece oír aquellas voces sin rostros. Unos reclamando mejores tratos, recordándo a gritos que violan sus derechos humanos y las otras voces, también coléricas, negándolas que los tengan, voces que interrogaban, preguntaban insistentemente de forma incoherente a veces, quién era el responsable de “esto” o “de aquello".

Se detiene en un punto: “privación de sueño”, dice. Lo repite: “privación de sueño”. “Hacían eso”, acusa a continuación.  Relata Barahona que en su celda, la luz estuvo igual por año y medio. Nunca se apagaba.  “El cuerpo no podía distinguir entre el día y la noche. Costaba dormir. Terminaba uno dormida, más por agotamiento que por sueño y al día siguiente, que suponíamos amanecía, otra vez a lidiar con la luz”,, recuerda. “Así pasamos semanas”, agrega.

Es extraño, dice, porque ahora que lo piensa, cree que es raro quejarse del exceso de luz, cuando también sufrió casi tres meses la ausencia de ella en un lugar donde “ver el color de su misma orina le era imposible”. “Uno estaba sola, a oscuras y solo con sus pensamientos”, cuenta. Recuerda que aunque era una celda con barrotes la luz que le llegaba era muy tenue.

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El informe expone otras duras realidades: como 151 casos de presos que estuvieron en condiciones extremas e inhumanas de detención, al menos 102 recibieron tratos verbales degradantes, unas 130 denuncias de golpizas como las que recibió Muñoz Centeno y Rugama Artola, 84 amenazas de muertes para ellos y sus familiares, desapariciones forzadas temporales más de 34 casos, quemaduras 18 casos, choques eléctricos 15 casos, desprendimientos de uñas siete casos y abusos sexuales.

Sobre estos dos últimos métodos fue doloroso el relato de Lenín Rojas Contreras, un preso político excarcelado que en marzo del 2019, denunció que uno de los interrogadores del régimen, tomó una tenaza y le arrancó tres uñas de la mano izquierda.

Sobre el otro método, a finales de agosto de 2021, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, presentó el libro “Tribunal de Conciencia, la Violencia Sexual como crimen de lesa humanidad bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo Nicaragua 2018”, el cual recoge 18 testimonios de víctimas de violencia sexual y sobrevivientes de la represión y los secuestros desatados tras las potestas de abril de hace cinco años.

En el informe del Observatorio, que actualiza con más testimonios las denuncias, sube los números en este tipo de expresión de tortura. Señala que de los 158 expedientes que han documentado, 113 personas fueron víctimas de alguna forma de violencia sexual. De esas 113, 93 son mujeres y son 20 varones. En cuanto a este método de tortura, las organizaciones han advertido que puede haber un subregistro, debido lo complejo de denuncias de este tipo. “Se conoce que la victima suele callarlo”, dicen los expertos.

LA CONTINUIDAD DE LAS TORTURAS

El régimen les llegó a negar a los presos políticos cosas tan básicas como comer y ver a un médico, dice el informe.

"La campaña de los retratos hablados nos costó menos porción en cada tiempo de comida", recuerda Barahona. "Y si todos, bajamos de peso rápidamente, envejecimos mucho también", agrega.

Aunque tanto para Ana Margarita Vijil como para Suyén Barahona, los barrotes desaparecieron al ser desterradas de su propio país en febrero pasado, igual que otros 222 presos políticos, coinciden en que las torturas del régimen siguen ahí. “No terminan para los que están allá en prisión todavía”, señala Vijil. “No termina para nosotros, porque hemos sido separados de nuestras familias, nos han quitado el derecho de vivir en nuestro país”, agrega.

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Para Barahona, las recopilaciones de los métodos de torturas que implementa en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, son oportunos para el registro de los hechos ocurridos desde abril de 2018, pero no deja de pensar que solo muestran una especie de punta de un iceberg, cuya masa de hielo entero, quizás nos lleve tiempo conocer en su totalidad. “Yo por ejemplo, todavía no asimilo la magnitud de lo que he vivido”, dice.