Yonarqui Martínez, la defensora de presos políticos que de niña soñaba con ser médica o jueza para castigar a los malvados

Cuando era niña, Yonarqui Martínez pensaba en ser jefa de una sala de cirugía y ayudar a que las personas se curaran. O ser jueza, para castigar a los malvados y defender a las víctimas.

La medicina era primero para ella. Su sueño. Sin embargo, cuando llegó a la universidad, las capacidades económicas de su madre no le permitieron estudiar esa carrera.

Primero, en el año 2001 a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua (UNAN-Managua) llegó una enorme cantidad de jóvenes bachilleres buscando matricularse en la carrera de Medicina.

Segundo, Yonarqui y su mamá se enteraron de que la carrera exigía la compra de muchos libros y algunas herramientas médicas y el presupuesto familiar no daba para eso. La mamá le dijo a Yonarqui que se buscara otra carrera que le gustara, pero que fuera menos costosa. Entonces se decidió por el derecho. Se graduó como abogada en 2005.

Yonarqui aún no ve cumplido su sueño de niña de ser jueza. Sin embargo, en el año 2018 se le presentó la oportunidad de realizar un anhelo de su alma: servir a los demás. En ese año, tras el estallido de las protestas de abril, se convirtió en la primera abogada en defender de manera voluntaria, sin percibir honorarios, a los primeros presos políticos del régimen Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ahora, cinco años después, se supone que ya no es abogada ni notaria pública. El régimen, en represalia por actuar en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, la suspendió definitivamente de su profesión y le anuló el título que con sacrificio su madre le ayudó a conseguir.

Yonarqui, es la primera abogada a la que el régimen le aplica la anulación de su título profesional. Una sanción que viola los procesos internos y que no tiene validez, han señalado organismos defensoras que califican la medida como una venganza de naturaleza política. En las redes sociales la población le ha brindado apoyo y le prometen que recuperará su carrera cuando caigan los Ortega Murillo.

NACIDA EN UN HOGAR HUMILDE

En un barrio capitalino que se llama Pablo Úbeda, cerca de la 14 de Septiembre y de Jardines de Veracruz, se creció Yonarqui de los Ángeles Martínez García, nacida en 1983.

"Su familia es de origen humilde", asevera una persona que la conoce.

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La mamá siempre se preocupó por su educación y la matriculó en un colegio lasallista, ubicado en el barrio La Fuente. Ahí fue buena alumna y se ganó una beca para estudiar en el colegio La Salle de Managua, cuya colegiatura estaba fuera del alcance económico de su mamá.

Circunstancias de la vida, cuando estudiaba el segundo año de secundaria, hicieron que la mamá la sacara de La Salle y la matriculara en el colegio público de la Primera de Mayo "Douglas Sequeira", donde finalmente se bachilleró con un promedio en las notas superior al 90.

Cuando llegó la hora de la universidad, no había dinero para pagar una privada, buena. Fue cuando llegó a la UNAN-Managua.

Su alto porcentaje en las notas del bachillerato le ayudó, pero antes Yonarqui realizó un examen de admisión junto a otros mil estudiantes aproximadamente, y ella logró quedar entre los 150 aprobados para estudiar Derecho.

Ese examen lo realizó el 6 de enero de 2001. En el 2005 se graduó como abogada y un año después fue incorporada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como abogada y notaria pública de la República.

EL ABRIL QUE DEFENDIÓ A LOS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN

Para abril de 2018, Yonarqui Martínez ya era una abogada consolidada en su carrera, con suficiente experiencia. Tenía buenos ingresos y era una profesional con muchos contactos. Además, había sido asesora legal en un banco.

El día 23 de ese abril que cambió el rumbo de Nicaragua, cuando llegó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) a presentar la denuncia de un caso que llevaba, vio que había varias mujeres llorando.

Pablo Cuevas, uno de los funcionarios de ese organismo proderechos humanos, le dijo que eran unas madres que a sus hijos se los habían echado presos por un muerto cerca de La P. del H., en el contexto de las recién iniciadas protestas, y que no tenían abogado. Se trataban de los primeros presos políticos.

Yonarqui no dudó en ofrecerse como defensora, sin cobrar un córdoba de honorarios. Desde entonces, y hasta este martes 9 de mayo, cuando a través de una circular la CSJ orteguista la despojó de su título, Yonarqui ha defendido a prisioneros políticos, primero en los tribunales y últimamente desde el exilio, denunciando los atropellos jurídicos que se cometen, teniendo como respaldo su solvencia profesional y moral.

Han sido muchos. Pero, entre los más conocidos están los jóvenes de La P. del H., a quienes le atribuyeron el homicidio de un muchacho en el que los principales sospechosos eran miembros de la Juventud Sandinista (JS).

Además, rostros que se hicieron conocidos durante el estallido social de abril de 2018 como Nahiroby Olivas, Bayron Estrada, Elíseo Castro (con derrame cerebral en el Lenín Fonseca), Levy Artola, Victoria Obando, Yubrank Suazo, Justo Rodríguez (de Ometepe, hoy parapléjico), e Irlanda Jerez.

A algunos, incluso, se los declararon no culpables, como a Guillermo Sobalvarro y Kevin Monzón.

DESDE ATENTADOS HASTA EL DESPOJO DE SU PROFESIÓN

El despojo de su título universitario no es la única represalia que ha sufrido Yonarqui. En una ocasión, verificando si Jorge García realmente era un preso político, viajó a Esquipulas, Matagalpa, y hasta ahí la siguieron las turbas orteguistas y le dispararon. Hoy, Jorge García es uno de los 222 desterrados el pasado 9 de febrero.

En mayo de 2020, Yonarqui sufrió Covid-19. En ningún hospital público la quisieron atender. Hasta los médicos privados se negaban a hacerlo. El único que la trató fue el doctor Jairo Gutiérrez, quien comenzó a ser perseguido por el régimen, al punto que tuvo que irse al exilio.

Igualmente, la casa de Yonarqui ha sido atacada por el orteguismo, quienes dispararon contra el inmueble y la Policía amenazó con allanarla.

El mismo comisionado Juan Valle Valle la amenazó en los juzgados por defender a Guillermo Sobalvarro. Se convertió en su enemigo declarado.

Sin lograr doblegarla, el régimen recurrió como último recurso a suspenderla definitivamente de la profesión, esa que inició porque su mamá no tenía para costearle los estudios de Medicina.