Universitarios bajo la bota de la dictadura: “No podemos pensar ni opinar”, solo “dar gracias al comandante”

Teresa todavía no se acostumbra a que la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) dejó de existir en febrero del 2022 para ser convertida en la estatal Universidad Nacional Politécnica (UNP). Cuando le preguntan, siempre dice que estudia en la Upoli porque es la forma que ha encontrado para resistir al caos que se vive a lo interno desde que la dictadura se apoderó de esa casa de estudios.

Cuando entra a su recinto lo primero que observa es un mural con información sobre el “buen gobierno”. El lugar ha sido tapizado con banderas rojinegras y los actos académicos son en realidad una especie de culto 'en el que en todo momento invitan a docentes y estudiantes a para “dar gracias al comandante”, como le gusta ser llamado el dictador Daniel Ortega.

“El ambiente es muy asfixiante. No puedo hablar, no puedo opinar, no puedo decir nada”, dice frustrada la universitaria.

La carrera que cursa Teresa, y que pide no mencionar para evitar ser identificada, la iniciaron unos 50 estudiantes de los que solo quedan la mitad. El resto abandonaron los estudios. Unos por razones económicas y otros debido al excesivo control partidario. También hay quienes desencantados por la situación del país optaron por emigrar.

Dentro de las aulas, los debates desaparecieron. Una crítica al sistema pone a cualquier estudiante en la mirilla de los operadores políticos del orteguismo, un trabajo que recae principalmente en los miembros de la Unión de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), quienes controlan y vigilan cada movimiento de los universitarios.

Según Teresa, además del férreo control político, se añade el problema de la calidad educativa, pues muchos de los profesores de alto nivel ya no están, ya sea por despidos, renuncias o exilio forzado. "La calidad educativa ahora ha cambiado bastante con el despido de profesores que eran super académicos y dedicados a su vocación, ahora el nivel educativo bajó un montón”, lamenta la universitaria. Lo peor, agrega, es que los puestos vacantes han sido cubiertos por allegados al orteguismo.

Andrés Marenco, miembro de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), coincide en que el secuestro de la educación superior que ha emprendido el orteguismo afecta a todos los niveles. Incluso, denuncia que las represalias políticas limitan tanto el acceso como la culminación de estudio, pues hay casos de estudiantes a quienes las autoridades del Consejo Nacional de Universidades (CNU) les han retrasado la defensa de sus tesis luego de la cancelación de las universidades privadas.

“Lo que les han dicho es que se aplaza el tiempo para la defensa, que no pueden dar mayores detalles y que tienen que esperar. El temor es que no puedan culminar la carrera”, comenta Marenco.

LA UNIVERSIDAD QUE NO SE SOMETE, DESAPARECE

La zozobra que siente Teresa, y la incertidumbre que plantea Andrés es parte del ambiente que genera en el país el cierre de las universidades privadas, explica el exrector y catedrático Ernesto Medina. No es normal que en un poco más de un año se cierren tantas instituciones de educación superior en el país.

Entre el 2022 y 2023, el régimen de Daniel Ortega ha disuelto 18 universidades privadas nacionales de las cuales solo dos estaban inactivas.  De esta cantidad, 11 fueron el año pasado y siete en los cuatro primeros meses de este año. También hay que sumarle la cancelación de siete universidades extranjeras el año pasado.

“En Nicaragua en lugar de abrir universidades, de crear más espacios para que los jóvenes estudien a nivel superior, estamos cerrando universidades”, lamenta el catedrático.

Los argumentos que utiliza el Ministerio de Gobernación para las ilegalizaciones y confiscaciones de este año es un supuesto incumplimiento de los indicadores de calidad, no reportar estados financieros y de juntas directivas, entre otros.

Según Medina, alguien tiene que brindar una aclaración sobre este punto, primero para indicar qué tan graves son los supuestos señalamientos y porque los rectores han expuesto que entregan toda la documentación a Gobernación.

“Si estas universidades tenían tantos y tan graves problemas que obligaron a cerrarlas, ¿cómo es posible que en una semana o diez días después, esas mismas universidades vuelvan a funcionar con los mismos profesores, mismos planes de estudios? Es imposible en ese tiempo tan corto transformar una universidad si los problemas eran tan graves”, comparte Medina.

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Por su parte Adrián Meza, exrector de la cancelada Universidad Paulo Freire en Nicaragua, advierte que la dictadura continúa profundizando el “control y amordazamiento” sobre la educación superior. La nueva fase incluye la “expropiación de facto” de las universidades públicas que han pasado al control del partido de gobierno.

Según el catedrático, exiliado en Costa Rica, Ortega se maneja bajo el principio de “aquí la universidad que no se alinea con nosotros simplemente desaparece”.

“Mis colegas de las universidades privadas saben que su sobrevivencia no depende de la calidad de lo que hagan, depende del grado de sometimiento y sumisión que demuestren permanentemente al partido que gobierna”, señala Meza.

DOS TIPOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS

El dos de febrero del 2022, la Asamblea Nacional dominada por el orteguismo canceló la personería jurídica a cinco universidades: la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco Presbítero Francisco Luis Espinoza Pineda (Ucatse); Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH); Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y Universidad Paulo Freire (UPF).

Cinco días después los mismos diputados aprobaron fusionar y “rebautizar” dichas universidades.  En el caso de UNEH, Uponic, UPF y la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), esta última ilegalizada desde el 13 de diciembre del 2021, fueron fusionadas y, la denominaron Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.

La Upoli pasó a llamarse Universidad Nacional Politécnica (UNP), y la Ucatse fue rebautizada como Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda. Todas bajo el control del Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Para Adrián Meza, exrector de la extinta UNEH, el fusionar varias universidades en una sola, ocasiona un “descalabro completo” porque elimina o incorpora asignaturas en el pensum de una determinada carrera, perjudicando al estudiante.

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Pero la dictadura también ha creado dos tipos de universidades públicas, una donde los estudiantes no pagan aranceles y otras en las que sí. Este último grupo está concentrado en las universidades que fueron canceladas y luego rebautizadas.

“El gobierno que es responsable de esta situación tiene que buscar cómo va a solucionar el problema presupuestario. Este es un problema que ellos lo han creado y que ellos lo tienen que resolver”, indica el catedrático Ernesto Medina.  

Teresa, la estudiante de la “Upoli”, continúa pagando un arancel mensual por estudiar. “También ahora se paga por el uso del laboratorio en el caso de las carreras que lo necesitan. Antes no se pagaba”, detalla la joven.

Esto representa un tipo de discriminación ya que a pesar de que estas universidades fueron declaradas públicas, las autoridades les siguen cobrando aranceles.

“¿Para dónde va la educación superior nicaragüense? Pues ya lo sabemos, al igual que el resto del país, al despeñadero. Yo estoy seguro que dentro de algunos años nadie en Centroamérica va a dar un chelín por un título profesional nicaragüense”, advierte Meza.

UN NUEVO ACTOR ENTRA EN ESCENA: EL CNEA

En los primeros cuatro meses del este año, el Ministerio de Gobernación ha cancelado la personería jurídica de al menos siete universidades nacionales y en sus comunicados señala que el Consejo Nacional de Universidades (CNU), procederá a “reubicar” a los estudiantes que estaban matriculados” en casas de estudios del CNU.

Pero también se ha visto un nuevo actor, el Consejo Nacional de Acreditación (CNEA), quien señala a las universidades canceladas de no cumplir con los mínimos de calidad necesarios para obtener la acreditación correspondiente. Los expertos consultados sostienen que el CNEA es un organismo sometido y controlado a la dictadura que ha perdido credibilidad y no tiene independencia técnica.

“Tienen que hacer lo que el partido para el que trabajan les diga qué tienen que hacer, o al día siguiente, los corren. El problema en Nicaragua es que no hay ninguna institución del Estado que tenga independencia para cumplir sus funciones”, expone el catedrático Adrián Meza.

Este criterio lo comparte Ernesto Medina, quien denuncia que el CNEA se convirtió en un instrumento político de control y represión a las universidades.

La cantidad de estudiantes afectados por las cancelaciones de las universidades se desconoce, pero la CUDJ, calcula que al menos 18 mil estudiantes fueron afectados por el cierre y confiscaciones de la Upoli, Paulo Freire, Ucatse, UHEN y la Uhispam.   

Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denuncia que los cierres arbitrarios de las universidades afectan el acceso al derecho a la educación, el derecho al trabajo de las personas que laboraban en esas instituciones de educación superior.