MANAGUA — A la sombra de una estatua de Augusto C. Sandino, el séptimo día de enero del año 2005, en la hacienda El Chile, Managua, para entonces casa y cárcel de su otrora enemigo el liberal Arnoldo Alemán, Daniel Ortega posa para la foto que sella el pacto que ambos iniciaron seis años antes, y que a partir de 2008 convirtió en un cheque en blanco para su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Ortega, desde la Presidencia y con el control del Consejo Supremo Electoral (CSE), gracias al pacto, puso en marcha una estrategia política que no solo le ha permitido usurpar el poder sino que le ha garantizado una millonaria inyección de capital para su partido, de fraude en fraude electoral.

En los últimos cinco procesos electorales, más de 1, 199 millones de córdobas -equivalentes a 44.6 millones de dólares- provenientes del Estado terminaron en las cuentas del FSLN.

Mediante una exhaustiva revisión de la documentación oficial, informes de los organismos de observación electoral nacionales e internacionales, fuentes especializadas en la materia, Despacho 505 logró calcular los réditos totales que obtuvo Ortega y el FSLN mediante la operación poder más dinero, cimentada en métodos fraudulentos por los que han sido cuestionadas las últimas cinco elecciones celebradas en Nicaragua con él como presidente.

 Al amparo del artículo 99 de la Ley Electoral que establece reembolsos del 0.5 y 1 por ciento del Presupuesto General de la República para las elecciones municipales y generales, respectivamente, el FSLN se ha quedado con casi el 70 por ciento del millonario fondo destinado a los partidos políticos.

 Los fondos del erario son “para reembolsar exclusivamente los gastos de la campaña electoral en que hayan incurrido los partidos políticos o alianzas de partidos” que participan en comicios y que después de ellos conserven su personalidad jurídica, es decir, aquellos que como mínimo “hayan obtenido al menos el 4 por ciento de votos válidos”.

 El porcentaje obtenido de votos válidos sirve como parámetro para fijar la tasa de reembolso.

 Así, del “pastel electoral” resultado de los últimos tres comicios municipales y dos generales, el partido de Daniel Ortega se ha llevado el 69.3 por ciento.

En términos monetarios, los desembolsos a partidos políticos del 2008 al 2017 totalizan 1,713 millones 004 mil 819 córdobas, de los cuales el FSLN obtuvo 1,199 millones 115, 134 córdobas. Los restantes 513 millones 889 mil 685 córdobas fueron divididos entre las demás organizaciones que participaron en las contiendas y que obtuvieron el 4 por ciento o más de los votos válidos.

 En total, el Estado desembolsó 4,304. 2 millones de córdobas para cubrir las cinco elecciones celebradas bajo el mando de Ortega y con Roberto Rivas como magistrado presidente del CSE, señalado como la figura garante del fraude.

 Por el historial de fraudes desde el CSE, Estados Unidos sancionó a Roberto Rivas en diciembre de 2017, un mes después de las elecciones con las que Ortega logró un tercer periodo presidencial llevando a Rosario Murillo como fórmula.

 El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Rivas “por participar en una corrupción significativa y perpetuar el fraude electoral que socavó las instituciones electorales de Nicaragua”.

CINCO ELECCIONES RENTABLES

En la ecuación poder más dinero implementada por el FSLN, mediante procesos de elección popular amañados, de los que dejó abundantes rastros, el CSE controlado por el orteguismo permitió una serie de irregularidades para obtener ganancias en dos vías: control político escalonado, tanto en las municipalidades como en el Parlamento, y aprovisionamiento de las finanzas del Frente Sandinista con recursos estatales y donaciones no controladas por el Estado.

En el componente de poder Ortega puso en marcha un plan que le llevó a conseguir 109 alcaldías en 2008 y hasta 135 en 2017, en ese mismo año se apropió de 71 escaños en la Asamblea Nacional, esto último usado por el líder sandinista cual si fuese un sastre: ordenando leyes e impulsando reformas hasta convertir la norma constitucional en un traje a medida.

Comenzó en 2008. Los resultados de esas votaciones municipales nunca fueron revelados por el CSE y los cuestionamientos los silenció con una negativa rotunda a realizar auditorías de votos. Declaró vencedor al FSLN.

 El capital político para el partido de Ortega fue el control de 109 alcaldías con el 62.33 por ciento de los votos válidos, 22 municipalidades más que en el 2004.

 En dinero líquido facturó 62.37 millones de córdobas. Ese año, el CSE destinó 100.07 millones de córdobas para cubrir la retribución establecida por Ley a los partidos políticos. 

Esta estrategia continuó en las presidenciales de 2011. Daniel Ortega se garantizó un segundo periodo en la silla presidencial y a las finanzas del FSLN ingresaron 217.55 millones de córdobas de los 348.3 córdobas destinados para pago a partidos políticos.

El CSE atribuyó al FSLN el 62.46 por ciento de los votos válidos y obtuvo la mayor cuota de la partida para reembolso por gastos en la campaña electoral.

En esos comicios Daniel Ortega logró reelegirse en la primera magistratura junto al general retirado Omar Halleslevens, manipulando las actas de escrutinios en la elección de diputados nacionales y departamentales hasta obtener 62 escaños en la Asamblea Nacional con la que se garantizó los votos necesarios para reformar la Constitución Política que más tarde le garantizó la reelección continua que lo mantiene hasta hoy en el poder.

Las elecciones generales del 2011, costaron 680.1 millones de córdobas al Estado de Nicaragua.

“FUE ROBO, NO FRAUDE”

El politólogo José Antonio Peraza considera que lo que ocurrió en los comicios generales de 2011 fue un fraude sin precedente, porque prácticamente Ortega “se robó” las elecciones con la venia del tribunal electoral, teniendo por objetivo “obtener una mayoría absoluta del congreso para poder pasar las reformas electorales que le permitieran a Daniel Ortega reelegirse permanentemente”.

“Nunca los diputados sacan mayor votación que la del presidente, y en 2011 sucedió eso, porque votaron el 61 por ciento por los diputados departamentales y por el presidente solo el 58 por ciento, ahí ya me alerta de que hay datos que no cuadran. Teóricamente el que debió haber salido más alto era el presidente de la República. ¿Qué era lo que interesaba? Tener una Asamblea Nacional más amplia para tener mayor cantidad de diputados y hacer todas las reformas electorales que le permitieron a Daniel Ortega la reelección”, analiza el especialista.

Ese mismo criterio llamó la atención del Centro Carter y en su informe sobre ese proceso publicado el 9 de enero del 2012 lo consignó: “Resulta extraño que los resultados finales dieran a los candidatos presidenciales 89,252 votos menos que los emitidos para elegir las diputaciones en el ámbito nacional, y 118,305 votos menos que los emitidos para las diputaciones departamentales, en una elección en donde las contiendas legislativas eran más vulnerables al fraude”.

MAYOR CONTROL Y DINERO

En el 2012 el FSLN mantuvo el modelo, esta vez para adjudicarse 127 de las 153 alcaldías y 197. 84 millones de córdobas de los 247 millones destinados a reembolso a partidos. Según el CSE, el partido sandinista obtuvo el 75.7 por ciento de los votos. El nivel de abstencionismo superó el 57 por ciento.

El politólogo José Antonio Peraza relaciona el elevado abstencionismo registrado en 2012 como un efecto de la pérdida de credibilidad en el CSE que para entonces llevaba dos votaciones con resultados carentes de transparencia. La apatía ciudadana se reflejó también en las elecciones generales de 2016 y en las municipales de 2017.

 “Lo que no hay duda es que el proceso tenía un deterioro profundo en la participación, precisamente por la falta de credibilidad del juez electoral”, sostiene Peraza al señalar que el vicio en el cuerpo colegiado ha sido tal que mucha información que debería ser pública y precisa no existe.

Los niveles de participación en los comicios generales del 2016 y municipales del 2017, por ejemplo, son inexactos y, en el peor de los casos, inexistentes.

“Ya tengo profundas dudas, incluso las (elecciones) del 2011 están problemáticas, pero con el 2016 y 2017 yo no me atrevería a decir cuál fue el nivel de abstención, posiblemente, el nivel de participación si acaso del 25, 30, si acaso el 35 por ciento de participación de la población”, estima el politólogo y miembro del Grupo Promotor de las Reformas Electorales.

EL ÚLTIMO GOLPE

Fue en 2016 que mediante el amaño en las urnas Daniel Ortega logró el tercer mandato continúo, esta vez con Rosario Murillo, su mujer, como segunda al mando.

Con la atribución de 1 millón 806 mil 651 votos válidos (72.5%) el FSLN habría logrado hacer de ese proceso el más rentable: 458. 67 millones de córdobas, equivalentes a 15. 75 millones dólares del erario público fueron inyectados al capital del partido. La partida para reembolso en esas elecciones fue de 632.65 millones de córdobas.

Estimaciones del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), señaló en su informe pos electoral que la participación de los nicaragüenses en el 2016 fue del 51 por ciento de los 3.8 millones de personas habilitadas para votar y que el FSLN obtuvo el 37 por ciento del padrón electoral. Organismos electorales independientes calculan los niveles de abstencionismo fue entre 65 y 70 por ciento.

Para las elecciones municipales del 2017, el FSLN obtuvo 68.23 por ciento de los votos válidos, 135 alcaldías y un desembolso electoral de 262. 66 millones de córdobas de los C$384. 96 millones presupuestados para asignaciones a organizaciones partidarias.

REEMBOLSOS “EXCESIVAMENTE GENEROSOS”

Roberto Courtney, director del organismo Ética y Transparencia, considera que el reembolso electoral a partidos políticos, equivalente al de 0.5 y 1 por ciento, establecido en la Ley Electoral “es excesivamente generoso”.

 Analizando los números de 2016, Courtney cuestiona la asignación de 632.65 millones de córdobas, unos 22 millones de dólares, porque aparte se debe incluir “el mantenimiento del aparato electoral viciado que costó entre 50 o 70 millones de dólares”.

 “Es decir, estás pagando lo malo y caro. No solo es malo el aparato electoral, el peor calificado de la región, sino que también es el más caro. Eso es por esa naturaleza de clientela política, es una especie de soborno institucionalizado para que me hagas un trabajo sucio”, plantea.

Añade la falta de control de parte de la Contraloría General de la República (CGR) que no está interesada en auditar cómo se gastaron los recursos y limita sus funciones a ser receptora de las facturas que los partidos políticos presentan para su desembolso.

 “En ese sentido lo que se tiene es un número que va sujeto a reembolso. Es decir, si vos como partido tenés 22 millones de dólares disponibles y presentas recibos de los 22 millones y si te corresponde el 70 por ciento y que se corresponde la cantidad de votos válidos atribuidos al FSLN en 2016), tenés derecho a 17 millones (de dólares) y eso se te reembolsa”, porque “no tenés ningún incentivo en controlar”, pondera.

EL VOTO MÁS CARO DE LA REGIÓN

El presidente de Ética y Transparencia señala que todos esos factores inciden para que el voto en Nicaragua sea hasta ocho veces más caro que en el resto de países latinoamericanos: 25 dólares per cápita.

En países como Costa Rica, El Salvador, Panamá, México, Colombia, Perú, Argentina y Ecuador el costo de un voto no supera los 5 dólares. En el continente el segundo voto más caro lo ostenta Guatemala con 21 dólares, seguido de Estados Unidos que destina 13 dólares por voto, todas plazas más numerosas que la nicaragüense.

En España, el costo del voto en las recién pasadas elecciones legislativas del 10 noviembre, con un electorado de 37 millones, se cifró en 2.95 euros, es decir, unos 3.26 dólares.

Como otro elemento de vicio e ineficiencia del Poder Electoral Courtney destaca que en Latinoamérica se efectúan elecciones con la mitad del presupuesto que asigna Nicaragua, porque el método que se emplea en el país “es muy perverso, que en vez de fomentar el ahorro fomenta el exceso”.

“En casos muy comparables con países con poblaciones parecidas en tamaño, como Costa Rica, te das cuenta que nosotros estamos gastando seis u ocho veces más”, alega.

 El politólogo José Antonio Peraza coincide que “en países como los nuestros, donde no hay institucionalidad, el poder siempre ha sido un mecanismo para enriquecerse y los ricos, los poderosos utilizan su dinero para obtener el poder”. Ortega y el FSLN son un ejemplo.