El terror: la fuente del poder de Daniel Ortega a cinco años de la Rebelión de Abril

El sol cae a plomo por todo Nandaime como sería lo habitual en un Jueves Santo. En medio del bullicio, un grito provoca que todos aceleren la marcha: ¡“Corramos que ahí viene la guardia”! Se oye. No son los años 70, ocurrió hace dos semanas. Eran promesantes católicos de la tradicional “Reseña”, ataviados con túnicas y sus máscaras de siempre, corrían por las calles como lo hacían cada año según la costumbre religiosa, pero ahora huían de la policía de Daniel Ortega. Si los atrapaban, iban a la cárcel.

En los últimos días, el régimen elevó la represión y con ello, se cumple una aseveración que el investigador Silvio Prado hace a DESPACHO 505 en un ejercicio por explicar qué ha sostenido a Ortega en el poder los últimos cinco años, tras el estallido de abril: “Pasamos de la dictadura militar de Somoza, a la dictadura policial y paramilitar orteguista”, dice.

Por estos días, el mercurio del país está elevado, es la época del año con más calor, pero hay otro termómetro marcando alto: es abril, y desde ese mes del 2018 la vida dejó de ser la misma en Nicaragua. Al menos 355 familias siguen reclamando justicia por los asesinados, hay más de 40 presos políticos y miles viven en el exilio forzado, unos 316 de ellos, sin nacionalidad y sin bienes en su país, porque Ortega se los confiscó. Este es un mes político, es el mes de la resistencia.

LA VIOLENCIA COMO CONTROL    

Juan Sebastián Chamorro pasó 2 años en la prisión política de Ortega porque creía que podía disputarle la Presidencia. Vio cara a cara a los negociadores del régimen en 2019, un año después de las masacres de 2018, en el segundo intento de Diálogo Nacional, tiempos en los que él y todos en el país pensaban que el dictador buscaba una solución para la crisis que vive Nicaragua.

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Chamorro no la piensa mucho, responde que Ortega se ha sostenido por la brutal represión que ha mantenido en el país desde que decidió que él debe morir en el poder, igual que pensaba el dictador Somoza y a quien el otrora guerrillero, ayudó a derrocar.

“La respuesta es simple”, dice. “La represión brutal lo ha sostenido, es lo que ha hecho que llegue y ha llegado a niveles inimaginables. Comenzó con los asesinatos en las marchas, que fue la primera señal que sería brutal”, explica.

Recuerda que además de los ataques a las manifestaciones, Ortega implementó “las operaciones limpieza” que fueron acciones con paramilitares para atacar a la población en resistencia. Policías y civiles armados contra gente desarmada.

“Es clave anotar que la operación limpieza no fueron acciones que se ejecutaron a escondidas, no es que hubo una filtración y lo supimos, fue una política deliberada, abierta, anunciada, hubo asesinatos y estableció con eso un Estado de terror, de amenaza y miedo”, remarcó.

Silvio Prado cree lo mismo, pero hace énfasis en la responsabilidad del Ejército en estas acciones. “Su respaldo implícito y explícito ha sido una de las fortalezas de la dictadura”, acusa.  El investigador señala que aunque el Ejército parezca hacerse “el desentendido” en todo lo que pasó hace cinco años y que sigue pasando, “a pocos engaña”. “Sin la complicidad del Ejército Ortega ya no estaría gobernando Nicaragua”, afirma.

Explica Prado que el Ejército ha permitido la existencia de los grupos paramilitares. “La ley dice que no hay otra organización armada más que el Ejército y que si hubiese otra, el Ejército debe desarmarla y combatirla. ¿Quién ha hecho omisión de su papel? Si el Ejército hubiese dicho: no, deténganse. Voy a defender a la gente de un grupo irregular que se tomó las calles, armados y atacó a civiles, eso habría frenado a la Policía de inmediato también”.

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Como consecuencia de esa violencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que las acciones policiales y paramilitares que el régimen ordenó contra los manifestantes de abril de hace cinco años causó la muerte por arma de fuego a 355 personas. Y en marzo de este año, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que por órdenes de las Naciones Unidas investiga esos hechos, concluyó que Ortega, Rosario Murillo y sus funcionarios, cometieron crímenes de lesa humanidad contra sus opositores.

PERSECUCIÓN SIN MEDIDA

Max Jerez Meza también conoció la cárcel política del régimen Ortega-Murillo. Fue secuestrado, enjuiciado y condenado a 13 años de prisión, pero desterrado junto a 221 pesos políticos más en febrero de 2023 como una respuesta airada del régimen a la presión internacional.

Jerez Meza es presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN). Los universitarios fueron la punta de lanza de aquel levantamiento y el grupo que más sufrió con muertes y heridos. Los ciudadanos que salieron a acuerparlos también recibieron las balas de los policías y paramilitares. “Esas balas son las que ha sostenido a esa dictadura”, asegura.

El líder universitario señala que la dictadura ha ido contra los opositores con toda la rabia que puede sentir, como lo ha hecho también a lo interno del mismo partido. “Ese control violento lo ejerce contra su gente también”, advierte. “Esta es una violencia que persiste, la persecución sigue, el asedio sigue. Siguen los secuestros”, denuncia.

Juan Sebastián Chamorro coincide con Jerez en que la dictadura también ejerce un violento control a la interno como parte de esa estrategia para mantenerse en el poder. “Mucha gente en el exilio y desde antes,  muchos manifestantes eran de sus filas. Perdieron gente de su base y las siguen perdiendo. El régimen solo depende de las armas para estar donde está”, insiste.

LOS RECURSOS DEL DICTADOR

En febrero de este año, en un informe de números acumulados de empleos, el Banco Central admitió que tan solo 24 de cada 100 nicaragüenses tienen un empleo formal y 76 de cada 100 viven en la informalidad o el subempleo.

El economista Enrique Sáenz señaló por esos días, que el precio de la comida para las familias nicaragüenses se elevó un 22% el año pasado, cuando el ajuste a los pensionados fue del 2%, el salario mínimo subió tan solo 7% y 8% en las zonas francas. Pero eso no parece afectarle al régimen. “El problema es que nadie puede protestar por eso”, dice Max Jerez, “a menos que esté claro que va a ir a prisión”.

Los opositores aclaran si que aunque la dictadura se jacte de buenos números en macroeconomía, la economía en los hogares sufre. “Hay que decirlo, hay crecimiento, pero eso es a costa de la opresión, de la destrucción de los empleos, de miles que han dejado su casa y mandan remesas. La dictadura maneja con mano de hierro la economía y la fuerza productiva del país, eso lo explica”, dice el investigador Silvio Prado.

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La migración de miles de nicaragüenses se ha traducido en buenas ganancias en concepto de remesas.  El Banco Central informó el mes pasado, por ejemplo,  que al país ingresaron 647,6 millones de dólares entre enero y febrero en concepto de remesas familiares, un 63,2% más que en el mismo período de 2022.

Y en cuanto a inversión, la entidad informó que los ingresos por Inversión Extranjera Directa (IED) durante el segundo semestre del año pasado aumentaron en 25.3% con relación a 2021.

El economista Juan Sebastián Chamorro recuerda aquí que la dictadura ha enfrentado la crisis sociopolítica con niveles de ingresos tributarios altos.

“El régimen opera un Presupuesto General de la República con más de 90 mil millones de córdobas, y ellos tratan de exprimir más el sector privado sobre todo a pequeñas y medianas empresas. Muchos no tienen opción deben pagar y ya, o cerrar”, comenta.

Basta analizar los números de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para confirmar la presunción. A tres meses de concluir el año pasado el régimen había recaudado hasta el 99.1% de lo que había proyectado.       

Entre enero y septiembre del 2022, la dictadura había logrado ingresos por 90 mil 961 millones de córdobas de los 91 mil 542 millones de córdobas que se propuso como meta en el año y habían pasado tan solo nueve meses. “Hay una clara voracidad tributaria”, agrega Chamorro.

Otra fuente de ingreso importante ha sido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El organismo Urnas Abiertas informó en febrero de este año, que entre 2017 y 2021, el BCIE ha sido el principal patrocinador del régimen y ha pasado de financiar el 21.39% de su Programa de Inversión Pública en 2017, a 39.14% en 2022.

“Hemos denunciado que son fondos que en vez de ser utilizados para el desarrollo, la dictadura los utiliza para reprimir, para financiar la represión. Es dinero que utiliza para mantener sus alianzas internas, comprar y premiar lealtades”, criticó Jerez.

UNA OPOSICIÓN FRACTURADA

A finales de febrero, el politólogo Alberto Cortés, un investigador del Centro de Investigaciones Políticos de la UCR, dijo a DESPACHO 505, que Ortega tiene el control férreo del espacio político interno. En efecto, el régimen convive con partidos “zancudos” y no solo aniquiló a la verdadera oposición antes de ir elecciones, sino que recientemente la expulsó del país y les niega la posibilidad de un retorno inmediato.

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Para Prado, la oposición resquebrajada ha sido otra de las razones del porque Ortega sigue "de pie" en Nicaragua. “No se unieron cuando debieron”, critica. Al dictador no le dieron ni la oportunidad de trabajar en su antigua estrategia “de divide y vencerás”. “Ya estaban fragmentados cuando el régimen inició la cacería de la oposición”, recuerda.

Juan Sebastián Chamorro recuerda que el dictador inició los arrestos en mera pre-campaña. “Fue paranoico antes, y lo fue hace poco, en días en que evitó que imágenes salieran de sus iglesias”, anotó.  

Alberto Cortés, el investigador de la UCR, explica que el liderazgo ahora en el destierro debe esforzarse más para tener efecto en el país. "Es una tarea más difícil", dijo. Pero Prado le agrega otra dificultad. Llega a comparar a los grupos opositores con la lucha de las sectas religiosas: “todos dicen ser el camino correcto para llegar al mismo lugar”.