Reyna Hernández debería estar, en estos días, sentada en su silla de alcaldesa de Wiwilí, en Jinotega, preparándose para entregar el poder municipal el próximo 10 de enero. Pero no, ella está en Estados Unidos.

El partido Frente Sandinista le arrebató el cargo al que ella fue electa por voto popular en 2017 y la obligó a irse al exilio porque asesinaron a tres personas que trabajaban con ella y le advirtieron que sería la próxima, cuenta a DESPACHO 505.

Este 6 de noviembre, el régimen Ortega Murillo realizará nuevas "elecciones municipales", así, entre comillas, porque, por ejemplo, en Wiwilí, de donde es Hernández, el candidato a alcalde que lleva el FSLN no tiene competencia. "Esas son elecciones ¿contra quién?", cuestiona la exalcaldesa.

El caso de la Reyna Hernández no es aislado. Otros alcaldes opositores al sandinismo no han logrado terminar sus periodos porque el FSLN los quita de sus cargos para poner en su lugar a personas que responden al partido rojinegro Los últimos cinco alcaldes opositores destituidos fueron los de Ciudadanos por la Libertad (CxL), en julio de este año bajo el argumento de que ese partido había perdido la personería jurídica.

Desde el año 2000, cuando se realizaron las primeras elecciones municipales separadas de las presidenciales, el FSLN inició un proceso para apoderarse de la mayoría de las 153 municipalidades del país, lo cual se agravó a partir de 2007, cuando Daniel Ortega regresó al poder.

Para lograr su propósito, explica el municipalista Silvio Prado, el FSLN ha destruido lo que se había avanzado con la autonomía municipal.

En este contexto, el régimen Ortega Murillo realizará elecciones municipales este próximo domingo. Unas elecciones señaladas, más que de fraudulentas, como estériles, porque el cargo de alcalde o alcaldesa ha sido devaluado. A estos les han quitado sus poderes para otorgar títulos de propiedad o decretar ordenanzas municipales, para que estas tareas sean competencia exclusiva del Ejecutivo.

Alcaldías devaluadas

En el año 2006, un alcalde o alcaldesa era una autoridad real en cada municipio. Eso se fue perdiendo a partir de 2007, con el regreso de Ortega al poder.

Silvio Prado explica, en diferentes escritos, especialmente publicados en la revista Envío, que la primera mala señal que dio Ortega en contra del municipalismo fue llamar a todos los 87 alcaldes sandinistas que había entonces y "los puso firmes". Es decir, a partir de entonces los alcaldes sandinistas ya no actuaron con autonomía, sino que hacían lo que desde la Presidencia les ordenaba Ortega, o, lo que es casi lo mismo, Rosario Murillo.

Luego, Ortega y Murillo crearon los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y, bajo ese "sombrero", aglutinó a todos los líderes comunitarios o comarcales que existían en el país. En otras palabras, ya los líderes en los municipios no iban a operar con autonomía, sino bajo las orientaciones del partido político en el poder.

Prado cuenta una anécdota ocurrida en 2007, cuando Ortega llegó a Ocotal a reunirse con el presidente hondureño Manuel Zelaya.

En el acto público los comerciantes locales le pidieron a Ortega que ordenara al alcalde reabrir el mercado viejo, pues en sus planes de desarrollo lo había cerrado y creado uno nuevo. Desde la tarima, Ortega ordenó al alcalde que reabriera el mercado. Aunque el alcalde se negó, Prado explica que desde entonces Ortega se está metiendo en temas exclusivos de los alcaldes, como el ordenamiento del espacio urbano.

Lo peor, para los alcaldes, llegó cuando el FSLN impuso a sus secretarios políticos como autoridad encima de los mismos alcaldes, quienes también empezaron a ser controlados por dos entidades: Inifom y el nuevo Fise.

Aun en la actualidad, todos los alcaldes sandinistas del país viajan una vez a la semana a Managua, para recibir orientaciones del gobierno central.

De esa forma, el Gobierno Central ha impuesto a los municipios gobernados por el FSLN la ejecución de proyectos que no toman en cuenta las necesidades y prioridades de la población local y son su competencia, como el aporte al Campeonato Nacional de Béisbol German Pomares Ordoñez y parques de feria, explica un estudio de Onda Local y la municipalista Elvira Cuadra.

La experiencia de ver sus facultades disminuidas las vivieron también alcaldes no sandinistas. Reyna Hernández cuenta que a ella la afectaron con las transferencias municipales. Es decir, el gobierno central comenzó a otorgarle menos dinero, del que le correspondía del presupuesto nacional.

El alcalde es ahora, explica Silvio Prado, una figura decorativa como lo fue en los años ochenta, cuando el primer gobierno sandinista y había guerra civil. Los alcaldes eran nombrados de dedo. Algo que también ocurrió durante el somocismo.

Los fraudes

En las elecciones municipales del año 2000, cuando por primera se hicieron separadas de las presidenciales, el FSLN ganó solo en 52 de las 151 alcaldías que existían en ese momento. El PLC obtuvo 94.

Sin embargo, en el 2004, gracias a sus escuadrones electorales, el FSLN aumentó su número de alcaldías ganadas a 87 y el PLC bajó a 57.

El golpe llegaría en el año 2008, con Ortega ya en la Presidencia, cuando el FSLN perpetró un enorme fraude electoral y se adjudicó 105 de las 153 municipalidades existentes en el país, quedando el PLC con 37.

En adelante los fraudes fueron mayores. El FSLN ganó 127 de las 153 alcaldías, llegando de esa manera a controlar el 75.7 por ciento de todas las municipalidades del país. En segundo lugar quedó el partido opositor PLI con 23 alcaldías obtenidas.

Para 2017, como era de esperarse, la voracidad del FSLN alcanzó 135 alcaldías "ganadas".

Esa cifra aumentó porque luego el FSLN comenzó a despojar a los alcaldes opositores para suplantarlos con alcaldes sandinistas.

Los últimos cinco fueron en julio de este año, a cuatro meses de las elecciones municipales. Tras despojar al partido CxL de su personería jurídica, el FSLN le quitó las cinco, de las seis originales, que había ganado en 2017.

Esas alcaldías fueron: El Cuá, San Sebastián de Yali y Santa María de Pantasma, todas ubicadas en el departamento de Jinotega; además de Murra, en el departamento de Nueva Segovia y El Almendro, en Río San Juan.

El FSLN controla casi el 90 por ciento de las alcaldías del país. Y las que no controla, las tiene empobrecidas porque no les transfiere lo suficiente del presupuesto nacional.

Dictadores versus autonomía municipal

Según distintos historiadores, desde los tiempos de la colonia española hubo formas de autogobiernos locales en Nicaragua. Y después de la independencia, en 1835, se dictó la primera ley de municipios.

El problema llegó cuando surgieron los dictadores. Uno de ellos, el liberal José Santos Zelaya, había elaborado una Constitución preciosa en 1893, conocida como La Libérrima, que concedía la autonomía municipal, pero como luego vio que no le convenía, la mantuvo en suspenso hasta que en 1895 la desconoció por completo.

Luego fueron los Somoza quienes pisotearon la autonomía municipal. El primero de ellos, Anastasio Somoza García, suspendió las elecciones municipales de 1937 y desde entonces comenzó a nombrar a los alcaldes de dedo. Para ello, quitó la figura de alcalde y les llamó ministro del Distrito Nacional.

Los sandinistas llegaron al poder en 1979, y aunque llegaron diciendo que terminarían con los "vicios" de los Somoza, quedaron debiendo en cuanto a las municipalidades.

El municipalista Silvio Prado indica que tal vez debido a la guerra de la Contra, el gobierno sandinista decidió anular a los alcaldes, tanto que el verdadero poder en los municipios lo ejercían los "zonales" del FSLN, el equivalente al secretario político en la actualidad.

Entre 1990 y 2006 se fortaleció la autonomía municipal, pero el regreso al poder de Daniel Ortega la debilitó nuevamente.

Ahora Ortega, a través de sus personeros, hasta destituye a alcaldes, como ha ocurrido en municipalidades como Boaco, Rivas, Rosita y Muy Muy.

También para tener más clientelismo político el FSLN aumentó el número de concejales en varios municipios y de esa forma poder premiar a sus serviles.

Y para poner la cereza en el pastel, el FSLN hizo que se ahuyentara la cooperación internacional que apoyaba a algunas alcaldías que eran opositoras. De esa manera, les cortó cualquier posibilidad de obtener recursos que no fueran las pocas recaudaciones y las recortadas transferencias municipales.

El FSLN y Daniel Ortega llegan a las elecciones municipales de este domingo controlando el 90 por ciento de las alcaldías del país, pero, principalmente, con las figuras de los alcaldes totalmente devaluadas de manera que todas las decisiones en los municipios son instruidas desde el gobierno central.

Las elecciones se desarrollarán sin candidatos opositores reales, ya que todos ellos están en el exilio o callados, por temor a ser encarcelados.

¿Qué está en juego en estas elecciones municipales 2022?

La sombra de la ilegalidad, la falta de transparencia, inseguridad y la imposición del Estado policial rodea a las elecciones municipales 2022 en Nicaragua para elegir a alcaldes, vicealcaldes y concejales.

Este mismo ambiente se vivió en las elecciones presidenciales y legislativas del año pasado en las que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se reeligieron sin competencia política y con sus principales contendientes presos o forzados al exilio.

Olga Valle, integrante del observatorio Urnas Abiertas señala que después del 6 de noviembre en Nicaragua se verá la consolidación de un “Estado totalitario, en todos los niveles: nacional, municipal y regional”.

“Estas elecciones municipales en Nicaragua van a permitir que las alcaldías del régimen fortalezcan su poder autoritario y déspota en todos los territorios, por tanto, la población estará más vulnerable ante la vigilancia y el control territorial que van a ejercer”, expone Valle.

Pero, ¿por qué se dice que este proceso carece de legitimidad? Urnas Abiertas enumera una serie de aspectos: falta de fiscalización ciudadana en todo el proceso, carencia observación electoral verdadera, miles de trabajadores del Estado obligados a votar por el oficialismo.

También señala que el Consejo Supremo Electoral (CSE), es controlado por la dictadura, pero además que los ciudadanos no pueden elegir a sus candidatos ya que la oposición es perseguida y encarcelada. Además, el árbitro electoral ha cancelado la personería jurídica a los partidos políticos que eran la opción para los adversarios de Daniel Ortega.

Otros aspectos que también contribuyen a la falta de legitimidad es que la inscripción y registro de electores es politizado y arbitrario.

“Desde 2017 se han desaparecido a 1 millón 300 mil votantes sin tener ninguna aclaración por parte del Consejo Supremo Electoral”, denuncia Urnas.

LOS CARGOS DE ELECCIÓN

En estas elecciones municipales 2022 en Nicaragua se elegirán a 153 alcaldes e igual cantidad de vicealcaldes, así como a 2,885 concejales propietarios e igual cantidad de suplentes.

El CSE acreditó a dos alianzas políticas. Una que encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional integrada por nueve partidos y al menos cinco movimientos políticos. La otra es la Alianza Partido Liberal Independiente (APLI), conformada por el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Movimiento de Unidad Costeña (Pamuc).

También participan el Partido Liberal Constitucionalista (PLC); la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); la Alianza por la República (APRE) y el partido regional Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama).

El padrón electoral para estas municipales está conformado por 3 millones 722 mil 884 ciudadanos, unas 755 mil 450 personas menos que en las elecciones generales de 2021 cuando, según el mismo CSE, el padrón estaba conformado por 4 millones 478 mil 334 nicaragüenses.

También habrá menos Juntas Receptoras de Votos (JRV), ya que con la reforma a la Ley Electoral de mayo de este año se incrementó de 400 a 600 el número de electores en cada una.

Para las generales del 2021, funcionaron 13 mil 459 JRV, mientras que para los comicios del 6 de noviembre próximo funcionarán 7 mil 931. Es decir, eliminaron 5 mil 528 Juntas Receptoras de Votos.

El partido oficialista Frente Sandinista administra 141 de las 153 alcaldías de Nicaragua, entre ellas Managua, la capital y la plaza política más importante. A esa cifra hay que sumarle las cinco municipalidades que hasta este año eran administradas por miembros del opositor partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), y que fueron despojados de sus cargos bajo el argumento de que esa agrupación política fue ilegalizada previo a las elecciones generales de 2021.