La doble represión que viven las personas LGBTI en Nicaragua

Cuando despertó, en una celda policial, escuchó las palabras de un hombre que mientras dormía le vociferaba improperios por su orientación sexual:  “A ustedes (personas LGBTI) los parásitos ni las migajas les dan”. Pensó que las palabras que escuchó antes de abrir los ojos eran parte de una pesadilla, sin embargo era una realidad. Se vio así mismo y se percató que había sufrido una golpiza y que sus manos estaban atadas. Ahí estuvo dos días. 

Tupac, nombre ficticio para asegurar su vida, tiene 22 años y es originario de Chinandega. La mañana del 14 de septiembre de 2021 fue humillado y tratado como un criminal sin haber cometido ningún delito, dice. Sufrió violencia doblemente: por ser gay y opositor. “Fueron los dos peores días de mi vida. Me hacían burlas degradantes, me golpeaban y me visitaban en la celda a cada rato”.

Esas 48 horas cambiaron la vida de Tupac para siempre. Renunció a su trabajo y sus dos mejores amigos se exiliaron en Costa Rica. Él no pudo salir por falta de recursos económicos y hoy trabaja en una ferretería por 200 córdobas al día, un dinero que usa en los gastos de la familia y tratar de ahorrar dinero para salir del país porque no se siente seguro.

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Daniel Ortega, del izquierdista Frente Sandinista, es todo menos progresista y democrático. Persigue a las mujeres feministas y al colectivo que defienden sus derechos. Desde 2018 ha encarcelado a opositores miembros del colectivo LGBTI y su brazo represor, la Policía Orteguista, violenta a hombres gais,  lesbianas y mujeres trans que alzan la voz en pro de la libertad, la justicia y la democracia, como es el caso de Tupac. 

“Desde las protestas de 2018 las personas LGBTI+ en Nicaragua han sido víctimas de persecución constante, detenciones arbitrarias, agresiones, amenazas, y descalificativos motivados en la ideología política”, dice Zuleika Rivera, defensora de los derechos humanos del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. 

Rivera asegura que la organización Raza e Igualdad está al tanto de “las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes a los cuales las personas LGBTI+ han sido sometidas”, obligándolas a  salir al exilio donde muchos de ellos sobreviven en condiciones precarias, agudizando su condición de vulnerabilidad. 

“Estas violaciones a sus derechos van en contra de los principios y convenios de Derecho Internacional de los que Nicaragua es parte”, denuncia Rivera. En 2018, el régimen mantuvo en cárceles a al menos tres mujeres trans, pese a que ellas solicitaban que las encarcelaran en celdas para mujeres. Fue un acto más de tortura y denigración, denunciaron organismos derefensores de los derechos del colectivo LGBTI. 

“El tema de la diversidad sexual es complicadísimo. Hay muchos dolores de infancia, desprendimiento familiar, rechazo y discriminación, todos esos factores convierten a nuestra comunidad en un blanco fácil de quebrantarlo y manipularlo. La dictadura lo ha estado haciendo desde el 2018 dejándonos en el desamparo total”, se lamenta Bayardo Siles, activista independiente exiliado en Costa Rica debido a las amenazas y agresiones de la dictadura.

Siles acusa a las bases del partido de Gobierno de desvirtuar la causa de los movimientos LGBTI+ del país, fracturarlos y dejarlos sin  consenso. “Los colectivos LGBTI+ en Nicaragua vivimos en una completa zozobra. En una persecución constante, porque si nos atrevemos a opinar, sabemos que podemos ser perseguidos políticos o apresados injustamente” afirma Flor, nombre ficticio de una  activista nicaragüense.

Flor asegura que el régimen, además de coartar al movimiento, ha nombrado a líderes que responden a los intereses del partido y no a la comunidad LGBTI+.  Una estrategia nada “sorpresiva” para Kampwirth. “Ortega nunca ha estado comprometido con ninguna causa social, más que la política. Ellos van a utilizar todos los elementos a su alcance para lograrlo. Lo intentaron con las feministas y no lo consiguieron, en cambio por la vulnerabilidad del colectivo se dieron cuenta que era fácil coartarlos”.

Algunos de líderes del movimiento LGBTI+ catalogan está estrategia como “un juego cruzado de mártir y heroína”. Por un lado los reprimen, pero por otro, premia con financiamiento a todos aquellos que estén dispuestos a “jugar bajo sus mismas reglas”. “Los Ortega -Murillo, llegaron al poder hace más de 15 años y nunca se habían dado cuenta que estábamos ahí. El interés surge después del estallido social de 2018, cuando vieron en nuestra comunidad la oportunidad de ganar electores; por el poder de movilización que tenemos.”, asegura Flor. 

Este juego de “premio y castigo” para los seguidores y opositores de Gobierno se hace más evidente en las zonas remotas del país, donde la falta de acceso a oportunidades laborales, educación y medios de comunicación, ha dado al partido de Gobierno mayores oportunidades de ejercer control sobre sus adversarios.

“Estamos viviendo bajo la ley del bozal, las organizaciones que han logrado sobrevivir son aquellas que han estado dispuesta a llevar el mismo tono del Gobierno.  Ya no hay fiscalización, nadie puede hablar y denunciar nada”, afirma Colibrí* un líder esteliano, que por temor a represalias también pidió omitir su nombre.

Para el activista queer caribeño Jerume Terrero la tensión en la Costa Caribe nicaragüense es aún mayor.  “La realidad de la comunidad LGBTI+ del Caribe nicaragüense está tirada a la suerte. Es como una tierra de nadie, cada uno sobrevive como puede y el Frente Sandinista ha sacado ventaja. En las elecciones pasadas premiaban a los que iban a votar con un nacatamal, eso es jugar con el hambre de la gente”, reprocha Terrero, desde su exilio en Italia.

Al otro lado del Atlántico en España, Harvey Maradiaga, originario de Chinandega,  recuerda que la última vez que salió de su casa no lo hizo por la puerta principal, sino saltando la tapia, después de tener a la policía orteguista más de un mes vigilando su casa.

Su rostro empezó a ser público tras denunciar los abusos de la dictadura ante la comunidad internacional. A tres años de exilio, asegura que la dictadura Ortega ha causado “estragos en la comunidad”. “No han quedado ni rastros de nuestro trabajo, todo lo que habíamos conseguido se ha perdido, ahora lo que tenemos son personas luchando por sobrevivir”, lamenta Maradiaga.

Según Terrero, el Frente Sandinista tiene el control de las organizaciones independientes que trabajan con el colectivo. “Estamos viviendo bajo las reglas de un sistema dictatorial que oprime a las minorías y que impone su ideología a la fuerza. No tenemos a nadie que nos represente sino líderes corruptos, serviles de Gobierno, señala Terrero.

Una situación que ha generado preocupación no solo a la comunidad LGBTI+  de Nicaragua sino también a los organismo internacionales que promueven los derechos del colectivo. 

“Muchos llegan a Costa Rica solo con una mochila y dos mudadas, sin tener idea a lo que se van enfrentar, sin trabajo, dinero, familia, y un largo proceso del que nadie sabe cuánto tiempo pueda tomar. Esa es la realidad de la mayoría de los exiliados que llegan a Costa Rica”, relata Yasuri Senderos, vocera de la Mesa de Articulación en el Exilio (MESART), Costa Rica.

La organización surgió en el 2020, a raíz de la movilización forzada de miles de personas LGBTI+  a Costa Rica. Según sus fundadores, de origen nicaragüense, MESART trata de brindar acompañamiento a los exiliados LGBTI+  en su proceso de asilo y cuando es posible, les apoya en la búsqueda de casas de acogida. 

“En los 80 nos perseguían por nuestra orientación sexual, ahora nos apresan por expresarnos libremente, ¿cuánto tiempo más vamos a ser el blanco de la persecución de este Gobierno?”, cuestiona la activista trans Victoria Obando, desde su exilio en Guatemala.

Una pregunta a la que nadie puede responder. En la Nicaragua de Ortega los intereses políticos son más importantes que los derechos humanos. Además, las “fragilidades” de las minorías representan una oportunidad  para la dictadura en su lucha por perpetuarse en el poder.

El régimen ha dejado en total desamparo a las personas LGBTI con el cierre y persecución de organizaciones defensoras. En otros tiempos, Tupac  habría puesto una denuncia por las violaciones a sus derechos cometidas por agentes policiales, sin embargo decidió callar. Sólo así lograría vivir tranquilo.