Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la CIDH: “Estado debe prohibir de manera estricta la violencia y la discriminación contra las mujeres”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue de cerca la persecución, el asedio, el encarcelamiento, entre otros problemas, que tienen como responsable al Estado de Nicaragua y que evidencia un gran retroceso de los derechos de las mujeres y su lucha, según Julissa Mantilla Falcón, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora para los Derechos de las Mujeres de este mismo organismo.

Mantilla Falcón, de origen peruano y recién electa presidenta de la CIDH, ve con preocupación lo que viven las mujeres nicaragüenses como los femicidios, el encarcelamiento y el cercenamiento de derechos como el de la manifestación. “Al desafiar estereotipos machistas que reprueban su participación en la vida pública, las mujeres enfrentan diversas formas de violencia basada en género por parte de actores estatales y no estatales”, valora.

---

Reportajes, entrevista, análisis y las claves del especial 8M «DESPROTEGIDAS»

---

En esta entrevista con DESPACHO 505, la presidenta de la CIDH expresa su inquietud por la salud de las presas políticas y en general por la situación de violencia que viven día a día miles de mujeres nicaragüenses. Es por eso que llama al Estad a buscar como actuar con estricta diligencia con el fin de prevenir y erradicar las formas de violencia y discriminación en su contra. 

La Relatora es una abogada experta en derechos humanos y máster en leyes en Derecho Internacional de The London School of Economics and Political Science (LSE) de la Universidad de Londres. Trabajó en la Defensoría del Pueblo de Perú y fue la encargada de la Línea de Género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de ese país. También  ha sido asesora internacional en justicia transicional para ONU Mujeres.

“Para la CIDH, la criminalización de mujeres defensoras ha sido motivo de preocupación constante. Continuamente, se recibe información apremiante sobre la sujeción a procesos judiciales sin fundamento en diversos contextos como forma de paralizar o deslegitimar las actividades conducidas por las personas defensoras de derechos humanos”, dijo.

Nicaragua es el único país de la región donde las mujeres no marchan desde el 8M de 2018. ¿Qué revela esto de un país transcurrido más de un siglo de la lucha de las mujeres por sus derechos?

Lo que sucede en Nicaragua evidencia un gran retroceso de los derechos de las mujeres y su lucha. Desde el inicio de la crisis de abril de 2018, las mujeres salieron a las calles y, en el ejercicio de sus derechos, fueron privadas de libertad, perdieron a hijos e hijas, a sus familiares. Hoy, 13 mujeres están privadas de libertad por exigir justicia, denunciar violaciones, por ejercer sus derechos.  

En la CIDH hemos verificado un aumento en la adopción de normas que restringen los derechos a la libertad de expresión, de participación, de reunión pacífica y de asociación que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos e impactan negativamente en los derechos de las mujeres, entre ellas, la Ley 1055/20 sobre defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz y la Ley 1042/20 de Ciberdelitos. 

¿Cuál es la visión general que tiene la CIDH sobre la situación que enfrentan las mujeres nicaragüenses?

La CIDH resaltó en varios de sus comunicados de prensa y en el informe Concentración del poder y debilitamiento del Estado de derecho en Nicaragua que hay un patrón de intensificación de una nueva etapa de represión, que se caracteriza por un conjunto de acciones estatales que buscan poner fin a la participación de la oposición y como se pudo ver ello tiene un impacto diferenciado en los derechos de las mujeres por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran a causa de las condiciones de discriminación histórica, y de los estereotipos de género sobre su rol en la sociedad. 

Las feministas locales denuncian indefensión frente al incremento de la violencia machista, abandono de las víctimas y hasta complicidad Estatal. ¿Qué información tienen sobre esta situación?

Al desafiar estereotipos machistas que reprueban su participación en la vida pública, las mujeres enfrentan diversas formas de violencia basada en género por parte de actores estatales y no estatales. Al menos 44 mujeres víctimas de feminicidio de las que tenemos reporte en el año 2021; mujeres que se encuentran aisladas en el Chipote; hostigamiento a las periodistas, impidiéndolas realizar su trabajo; mujeres que se encuentran en el exilio; son solo algunas de las violaciones a los derechos de las mujeres que se han observado desde la CIDH.

La impunidad de las violencias de género favorece la sensación de inseguridad de las mujeres y crea desconfianza en el sistema de administración de Justicia, lo cual desincentiva la interposición de denuncias y obstaculiza el acceso a la justicia. En este respecto, desde la CIDH hemos destacado que la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los actos de violencia de género contra las mujeres agrava la impunidad, promueve la repetición de los hechos y envía un mensaje de tolerancia hacia la violencia. 

Además, el Estado tiene un deber particular de proteger a las mujeres en Nicaragua ante contextos conocidos de violencia. La violencia cometida por terceros genera responsabilidad cuando las autoridades tienen – o deberían tener – conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para una mujer o un grupo de ellas y no actúa con la debida diligencia para prevenir o evitar la materialización del riesgo. 

¿Cómo valoran la gestión del Estado de Nicaragua en materia de defensa, protección y promoción del derecho de las mujeres?

A casi cuatro años de la crisis iniciada en 2018, desde la CIDH hemos documentado graves violaciones a los derechos humanos, entre los que se encuentran hostigamientos y represión contra cualquier persona considerada como opositora al gobierno; violaciones a los derechos a la vida e integridad personal; ejecuciones extrajudiciales; detenciones arbitrarias; allanamientos, amenazas y retaliaciones; malos tratos; criminalización bajo cargos infundados y desproporcionados, como terrorismo o crimen organizado; irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia. 

Las defensoras denuncian que la violencia de género es invisibilizada de manera deliberada y que el hecho de ocultar una realidad que se revela en la forma más extrema de la violencia machista, promueve el menosprecio hacia la vida de las mujeres ¿Lo ven así como organismo defensor de derechos humanos? 

Los obstáculos en el acceso a la justicia por hechos de violencia contra las mujeres no sólo favorecen la impunidad, sino que promueven la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje, según el cual la violencia contra las mujeres es tolerada y aceptada. De esta manera, mediante la aceptación la violencia se torna invisible, imperceptible. 

Las obligaciones internacionales adquirida, y los estándares interamericanos aplicables, son contundentes en subrayar el deber del Estado de prohibir de manera estricta la violencia y la discriminación contra las mujeres, debiendo para ello adoptar medidas legislativas y políticas públicas integrales con perspectiva de género que visibilicen el desequilibrio estructural que enfrentan las mujeres en el goce de sus derechos, con el objetivo de tomar medidas de prevención y protección frente a la violencia. 

Además, la ausencia de datos debidamente desagregados impide un análisis comprehensivo del fenómeno de la violencia de género, invisibiliza doblemente la situación agravada de vulnerabilidad a la violencia que enfrentan algunas mujeres por razón de origen étnico-racial, identidad de género, situación económica, etc., y contribuye a perpetuar la impunidad de estos crímenes en un contexto de arraigados estereotipos discriminatorios contra las mujeres.

En el contexto de la crisis, las feministas también denuncian que pasaron de ser defensoras a perseguidas y su labor criminalizada, ¿cómo valora esta situación?

Para la CIDH, la criminalización de mujeres defensoras ha sido motivo de preocupación constante. Continuamente, se recibe información apremiante sobre la sujeción a procesos judiciales sin fundamento en diversos contextos como forma de paralizar o deslegitimar las actividades conducidas por las personas defensoras de derechos humanos. La criminalización de las defensoras mediante el uso indebido del Derecho Penal consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar sus labores de defensa, así impidiendo el ejercicio legítimo de su derecho a defender derechos humanos

¿Qué datos tienen sobre los efectos que tienen la situación de persecución e intimidación que sufren las defensoras? ¿Cómo siguen la persecución a mujeres por parte de la dictadura?

La CIDH cuenta con mecanismos de monitoreo y protección de derechos humanos. En tal sentido desde la crisis de 2018, se otorgaron 115 medidas cautelares que incluyen como beneficiarias a mujeres opositoras políticas periodistas y defensoras por considerar que están en situación de riesgo y de daño irreparable a sus derechos, al ser víctimas de actos de violencia, amenazas, agresiones, hostigamiento y vigilancia constante, justamente por el rol protagónico que tienen en la defensa de los derechos humanos y de la democracia en Nicaragua. Además, hemos solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas provisionales que fueron otorgadas, en las que la Corte exigió al Estado la liberación inmediata de las beneficiarias.

Hemos documentado el lamentable asesinato de 15 mujeres durante la crisis iniciada en abril de 2018. Las detenciones de las defensoras María Oviedo y Danelia del Rosario Argüello Cano, esta última beneficiaria de medidas cautelares y de la periodista Samantha Padilla. La situación de aislamiento en celdas de castigo de confinamiento solitario por períodos prolongados y el consecuente debilitamiento de su salud, como en los casos de Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Suyén Brahona. 

La CIDH ha manifestado su preocupación y alerta respecto a la situación de las presas políticas quienes han sido particularmente torturadas en El Chipote. ¿Identifican saña del régimen por su condición de mujeres, defensoras o feministas?

La CIDH observa que, el Estado mantiene a 13 mujeres detenidas arbitrariamente por su oposición al Gobierno, desde hace más de seis meses. De las cuales, dos se encuentran bajo régimen de arresto domiciliario y 11 se encuentran detenidas  en El Chipote, bajo condiciones deplorables de detención y constantes represalias, tales como: tratos crueles e inhumanos; insalubridad en celdas; restricciones para recibir visitas; falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; falta de atención médica adecuada, oportuna y especializada; y acceso a medicamentos.

La manipulación del Derecho Penal y la criminalización en los juicios iniciados en febrero también impacta en las mujeres. De manera particular menciono que las mujeres abogadas y familiares habrían sido objeto de cateos y revisiones desproporcionadas que derivaron en tocamientos indebidos. La CIDH condenó estos hechos, porque constituyen violencia sexual, además afectan la dignidad e integridad personal y se utilizan para intimidar y humillar.

¿Qué es lo que más les preocupa de la situación de las presas políticas, ya prácticamente todas con fallos de culpabilidad o condena?

Es preocupante e inadmisible que el estado de salud de las mujeres detenidas se vaya deteriorando con el tiempo, las condiciones de detención, y la falta de atención médica. Esto puede traer como consecuencias graves afectaciones a la vida, como la muerte, y afectar de manera particular a las mujeres presas políticas que son mayores de edad y que ya están en condiciones de salud graves o preexistentes.  Vale resaltar que el encarcelamiento de las mujeres adquiere una dimensión propia que podría resultar en vulneraciones particulares a sus derechos, derivadas de su condición de género.

¿Cuál es el llamado que hace la CIDH al régimen de Nicaragua en este 8M?

Primeramente, el Estado de Nicaragua debe liberar a todas las mujeres presas políticas y sería un acto de dignidad hacerlo en este marzo, liberar a todas las personas presas políticas.  Además, debe adoptar todas las medidas necesarias para que los derechos de las mujeres sean efectivamente respetados, así como actuar con estricta diligencia a fin de prevenir y erradicar las formas de violencia y discriminación en su contra.