A una semana de la cancelación del registro del organismo internacional Oxfam Intermón en Nicaragua, el Ministerio de Gobernación (Migob) se sigue negando a recibir la información requerida para el finiquito de sus operaciones en el país, revela el director regional de la organización para América Latina y el Caribe, Simon Ticehurst.  

Lo mismo había ocurrido desde la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros. Cada mes, representantes de Oxfam en Nicaragua acudían a reportar sus balances financieros, pero las autoridades recurrían a trabas administrativas, como el imprevisto cambio de formato en la presentación de la información, que generó que la organización cayera en una especie de “incumplimiento de la ley”.  

Esa fue la justificación del régimen de Daniel Ortega para cancelar el registro de seis organizaciones internacionales en Nicaragua, incluyendo Oxfam, luego de 40 años de cooperación.  Gobernación señaló a los organismos internacionales de haber obstaculizado el control y vigilancia al no reportar sus estados financieros, incumplir los requisitos legales para la recepción de donaciones, entre otras faltas a las obligaciones establecidas en las leyes nicaragüenses.  Simon Ticehurst rechaza estas acusaciones de la dictadura. 

“El Gobierno no ha querido recibir (esa información), más bien ha pedido nuevos formatos y formularios. Incluso, hemos tenido que pagar multas por el ´incumplimiento´ de la nueva legislación”, asegura. En entrevista con DESPACHO 505, el director regional de Oxfam analiza el impacto que tendrá su no continuidad en Nicaragua, donde desarrollaba proyectos de desarrollo, ayuda humanitaria, atención a desastres y promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas.  

¿Antes del anuncio de la cancelación de su registro en Nicaragua había recibido alguna notificación por parte de Gobernación o fue una decisión sorpresiva? 

Nos tomó por sorpresa, no habíamos tenido ninguna comunicación por parte del Gobierno al respecto y nos enteramos vía La Gaceta. Tuvimos que actuar muy rápidamente al respecto.

¿A qué atribuye esta cancelación del registro de Oxfam? El Ministerio de Gobernación les señala de haber obstaculizado el control, la vigilancia y de no reportar sus estados financieros. 

A través de los años, ya más de 40, siempre hemos cumplido y respetado la legislación nacional. Estos señalamientos vienen referidos a la nueva legislación de Agentes Extranjeros y hemos tratado de cumplir con esta legislación. Cada mes hemos puesto a disposición del Gobierno la información que requiere y que no es ningún secreto porque hacemos pública esta información con total transparencia. El Gobierno no ha querido recibir (esa información), más bien ha pedido nuevos formatos y formularios. Incluso, hemos tenido que pagar multas por el “incumplimiento” de la nueva legislación.  

Siempre hemos respetado la legislación nacional. Con estos señalamientos y con la aplicación de la nueva ley y la resolución que se hace pública en La Gaceta, estamos procediendo al cumplimiento de esta resolución con el poco tiempo que hemos tenido para ello.  

¿Entonces cada mes Oxfam se presentaba a entregar la información requerida, pero era Gobernación quien recurre a trabas para generar ese “incumplimiento”? 

Toda la información que pide el Gobierno está a su disposición. Cuando hemos querido presentar las informaciones sobre fuentes de financiamiento, los montos, los beneficiarios, las organizaciones que apoyamos en Nicaragua, toda esta información la hemos tratado de presentar. Además de los informes anuales que siempre hacemos, porque uno de nuestros valores es la transparencia.  

En este tema hemos querido presentar, pero nos hemos enfrentado a la dificultad de que hay que presentar la información en un nuevo formato, lo presentamos en el nuevo formato, pero después hay que corregir esto o lo otro. Siempre han sido solicitudes de más información o información en un formato distinto. Seguimos en este limbo. Intentando cumplir con la nueva legislación no hemos podido hacer lo que nos piden, no han querido recibir esta información.  

Entonces ha sido precisamente por eso, por las trabas, no porque Oxfam no haya querido presentar la información.  

En absoluto, somos muy transparentes en todo nuestro funcionamiento, operaciones, movimientos financieros, beneficiarios y el impacto de los proyectos y programas que apoyamos en Nicaragua.  

Esta decisión de cancelar el registro de organizaciones internacionales de Europa y Estados Unidos se da en un contexto de tensas relaciones entre el Gobierno de Nicaragua con estas potencias. ¿Crees que fue una decisión política? 

No puedo opinar sobre los motivos del Gobierno. Siento que el mensaje que viene con estas medidas, y no solamente han sido estas organizaciones internacionales, sino organizaciones nacionales que han sido canceladas; el mensaje que recibimos es que se va cerrando el espacio cívico, el espacio de la sociedad civil, lo cual es muy lamentable. Cualquier democracia requiere de una sociedad civil activa y esa es nuestra preocupación, además de lo que se pierde en términos de lo que se ha podido apoyar durante años en Nicaragua.  

Proyectos de desarrollo, de respuesta humanitaria en gran escala como cuando el huracán Mitch. Cada año hay algún evento que afecta a Centroamérica, incluyendo Nicaragua, y en esos proyectos siempre hemos colaborado también con el Gobierno.  

¿Tiene Oxfam la disposición de seguir colaborando con el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua? 

Si el Gobierno dispone de esa voluntad, estamos siempre dispuestos. Lo más importante es nuestro compromiso con el pueblo nicaragüense y eso se mantiene independientemente de los gobiernos que tocan en la región.  

Se mencionaba que están explorando la posibilidad de seguir colaborando con las organizaciones en Nicaragua, pese a la cancelación del registro. ¿Han podido avanzar en ese sentido? 

No. En este momento queremos cumplir con todas las disposiciones establecidas por la ley. Estamos en eso, tratando de entregar la información al Gobierno. La decisión implica pagos a proveedores, finiquito de todo el personal de la oficina, liquidación de bienes, el cierre de las cuentas bancarias, el cumplimiento de todas nuestras obligaciones fiscales y legales. Hemos tenido que abocarnos a eso primero, pero claro, tenemos la voluntad y la intención de explorar qué sigue para el pueblo nicaragüense y cómo podemos apoyar de otra manera.  

En su resolución, el Gobierno daba 72 horas para entregar la información. Ese plazo se venció el miércoles pasado. En qué se ha avanzado. ¿Qué va pasar con los bienes de Oxfam en Nicaragua?  

Nosotros hemos llegado a presentar las cuentas y los libros financieros dentro del marco de las 72 horas y nos han pedido más información, entonces no han recibido. Fue un bufete legal para presentar toda la información, pero la documentación no la han recibido. Haremos un nuevo intento el lunes (hoy) de presentar todo lo que es el cierre, el finiquito.  

Sobre los bienes, según nuestros estatutos, cuando toca una liquidación hemos procedido a hacer donaciones. Teníamos algunos vehículos que hemos tenido que donar, bienes de la oficina que hemos donado a organizaciones aliadas.  

Hábleme del trabajo de Oxfam en Nicaragua. ¿Cuáles eran los ejes de trabajo, cantidad de proyectos ejecutados, beneficiarios? 

La cooperación de Oxfam ha sido en temas de desarrollo, dar respuesta humanitaria, temas de derechos de las mujeres. A mí me llama la atención la dimensión humanitaria de nuestro trabajo porque todavía hay en marcha una respuesta a la sequía en el corredor seco que afecta a toda la región centroamericana y que tiene su problemática en la Costa Atlántica de Nicaragua. 

Hay un trabajo en la Costa Atlántica, en la región Norte y Sur de prevención de desastres que es algo que se ha coordinado siempre con los gobiernos de las regiones autónomas para la preparación frente a los huracanes.  Esta dimensión en un país con dificultades y desafíos de pobreza y desigualdad es lo que limita... El impacto de una decisión así pone en riesgo esta dimensión de trabajo humanitario. Trabajamos con 56 organizaciones nicaragüenses que van a quedar afectadas por este corte de nuestro trabajo.  

¿De cuánto era la cooperación de Oxfam en Nicaragua hasta el momento del cese de sus operaciones? 

El año pasado canalizamos 4.5 millones de euros (5.2 millones de dólares), es un monto significativo. No estamos escondiendo lo que apoyamos y estos recursos provenientes de fondos oficiales, de fundaciones y de público de los países donde tenemos afiliados de Oxfam. Esta es una de las principales preocupaciones que tenemos, cómo se va afectar la marcha de estos proyectos que tenemos, el trabajo de las organizaciones y las comunidades que son apoyadas.  

Estamos analizando este impacto esperando poder concluir con los proyectos que están en marcha que esperamos que se puedan concluir, sobre todo los proyectos humanitarios. Inevitablemente esto va afectar a un universo importante de la sociedad nicaragüense.  

Estamos hablando de, solo el año pasado, 130 mil personas beneficiadas directamente de los proyectos. Estábamos ejecutando unos 56 proyectos en este momento. Lamentamos mucho esta decisión, pero vamos a cumplir con la ley y la resolución del Gobierno.  

En Nicaragua ya hay más de 40 organizaciones entre nacionales e internacionales que han sido canceladas desde el 2018. Algunas se han ido por iniciativa propia para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros. ¿Qué mensaje se envía a la comunidad internacional al adoptar este tipo de legislaciones? 

Sé que algunas organizaciones han decidido no entrar a apoyar a Nicaragua porque lo han encontrado muy difícil y otras han salido. La cooperación también va cambiando, entonces esto no sorprende. El entorno es difícil por muchos factores, pero también es difícil en otras partes del mundo. Por eso nosotros en estos momentos procedemos hacer el cierre como se está siendo exigido. Esperamos que existan otras condiciones más amenas que permitan la continuidad de la cooperación con el pueblo nicaragüense.  

Usted es el director regional de Oxfam y conoce la realidad de cada país. ¿Esta decisión del Gobierno de cancelar organizaciones internacionales tiene precedentes en la región, es común?

Algo que hemos visto es que América Latina vive un declive democrático. Hay una pérdida de derechos democráticos en lo que han sido históricamente democracias frágiles. Las democracias en América Latina son democracias jóvenes después de guerras, dictaduras, la evolución de la democracia en América Latina es todavía frágil. Esa tendencia de deterioro es algo que estamos mirando en toda la región y a nivel mundial.  

Nos preocupan los temas de derechos humanos, la situación de quienes son defensores de derechos humanos que en América Latina están en un nivel de riesgo importante. Ahora con la Covid-19, todos los países han sido muy desafiados porque sus sistemas de protección social han sido muy limitados. Es un momento donde confluyen un deterioro democrático y una necesidad de tener más control sobre la población por razones de salud pública y esa combinación puede empeorar las cosas. Por otro lado, presenta una oportunidad de construir sociedades más iguales, justas y democráticas.