Crisis Group: "Unas elecciones amañadas traerían más violencia, aislamiento y miseria a Nicaragua"

Las elecciones generales del 7 de noviembre podrían poner a prueba la reciente “calma” de Nicaragua. Si los comicios dan lugar a acusaciones de falta de equidad, fraude u otras irregularidades, podrían desencadenarse nuevos disturbios, profundizar el aislamiento internacional y la miseria económica del país, y provocar una nueva ola de migrantes y refugiados. Así lo advierte la International Crisis Group en su informe “Los riesgos de unas elecciones amañadas en Nicaragua” publicado este jueves.  

Crisis Group es una organización que se encarga de analizar los grandes conflictos mundiales. Desde abril de 2018 ha seguido de cerca la crisis nicaragüense y ha realizado varias visitas al país. 

El periodo preelectoral que se vive en Nicaragua es clave para sentar las bases a una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país. Mucho dependerá de la disposición del régimen de Daniel Ortega para permitir elecciones “razonablemente competitivas” y respetar sus resultados, sean los que sean. La postura que adopten las fuerzas políticas rivales y los actores externos podría influir en su decisión. 

“Si los movimientos de oposición superan su desconfianza mutua, y se enfocan en acordar un conjunto de condiciones técnicamente factibles y políticamente viables en el período previo a las elecciones, sus posibilidades de persuadir a Ortega podrían ser mayores. Un compromiso diplomático más fuerte, menos punitivo y más constructivo por parte de socios extranjeros como Estados Unidos, los gobiernos latinoamericanos de izquierda, la Santa Sede y la Unión Europea también podría cambiar el rumbo del gobierno de la confrontación hacia el compromiso”, explica Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Cris Group y autor del informe.

¿Cuál es la valoración que hace Crisis Group sobre el ambiente preelectoral en Nicaragua? 

Lo que hemos visto en los últimos días con la aprobación de una reforma electoral, la composición del nuevo Consejo Supremo Electoral extremadamente alineado con el Gobierno; la cancelación de la personería jurídica de dos partidos incluyendo al PRD, que era la casilla de la Coalición Nacional y el hostigamiento contra Cristiana Chamorro; todo esto parece señalar la intención de Ortega de no conceder a la población un juego libre en las próximas elecciones, sino que parece estar intentando amañar las elecciones y controlar todo el proceso para enfrentarse básicamente al candidato que él decida.  

En el informe publicado hoy enumeran tres riesgos ante un nuevo fraude electoral. En primer lugar, advierten sobre la posibilidad que se desencadene una ira pública. ¿Qué los lleva a esa conclusión? 

Hay dos razones para pensar que esto podría ocurrir: en elecciones pasadas ya hubo manifestaciones debido a las irregularidades registradas y es posible pensar que ante una elección evidentemente controlada y fraudulenta pudiera desatar cierto tipo de protesta. El problema es que estas elecciones son diferentes porque llevan la herencia de los eventos del 2018, la represión, el dolor que han vivido muchísimas familias que han visto a sus seres queridos morir o han tenido que exiliarse. 

Lo que hemos podido darnos cuenta es que, si bien estas tensiones no se están viendo en el país, son latentes. Todavía está marcada la memoria de 20158 y una elección particularmente fraudulenta frente a una alternativa creíble que tiene bastante apoyo popular y la oposición logra unificarse, podría revivir esas tensiones.  

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¿Entonces para que la gente se atreva a salir nuevamente a las calles es indispensable que la oposición se presente unida? 

Ese es el elemento clave, la condición clave. La fragmentación y las riñas entre los bloques de oposición que hemos estado viendo, el intento si éxito de formar una alianza electoral, seguramente están contribuyendo a crear un sentimiento de desilusión en la mayoría de los nicaragüenses que no apoyan al Gobierno, pero no ven una alternativa viable en los bloques de oposición. Los sectores que han liderado las protestas de 2018, sus representantes se han visto marginados en estas contiendas y han vuelto a la palestra personajes de la vida política y del sector económico que era lo que estas protestas querían cambiar.  

El segundo elemento que destacan es que de consumarse el fraude el régimen se enfrentaría a más aislamiento internacional, pero qué esperar en ese sentido porque ya estamos viendo tensas relaciones con la OEA, Estados Unidos, Europa.  

Es precisamente una profundización de ese aislamiento internacional, pero los efectos de ese aislamiento se verán aún más en el desplome de la inversión extranjera directa y la suspensión de cualquier tipo de créditos en las entidades del sistema financiero internacional. La continuación de todo esto tendría consecuencias muchos más graves en el mediano plazo para la situación económica del país.  

Ese es precisamente el tercer elemento, el agravamiento de la crisis económica. ¿Qué consecuencias traería esto? 

El elemento económico es importante porque al final de cuentas es el detonante de la crisis de 2018 que se dio por las reformas al seguro social.  

Un agravamiento de la situación económica aparte de traducirse en un posible aumento de la migración a otros países y revivir o detonar nuevamente algún tipo de tumulto, de expresión de disenso o aversión al Gobierno de Ortega más allá de lo político.  

Crisis Group recomienda que las potencias deberían abstenerse de emitir sanciones al régimen y centrar sus esfuerzos en promover un acuerdo de “coexistencia política”. ¿Pero, sino es con sanciones cómo se puede presionar a Ortega si los llamados diplomáticos le dan lo mismo? 

Ese es el punto en el que diferimos con muchos actores nacionales e internacionales. Lo que nosotros analizamos es que desde 2018 no solo fueron comunicados, sino un gran número de sanciones incluyendo a la Policía Nacional.  

Si bien en un primer momento estas sanciones pudieron contribuir a que Ortega se sintiera presionado y concediera la reanudación del diálogo a principios de 2019; en los últimos dos años la acumulación de estas medidas no ha servido para presionar a Ortega al hacer concesiones o se quebrara la unidad del Frente Sandinista.  

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Lo que nosotros proponemos es buscar una manera alternativa de acercarse al Gobierno porque el Gobierno ha adoptado una posición más frontal contra la comunidad internacional, la injerencia externa y ha fortalecido su discurso antiimperialista.  

Proponemos un acercamiento más constructivo y de proponer, en privado quizás, la posibilidad de levantar ciertas sanciones y de no imponer otras si se dan los pasos correctos para que las elecciones fueran mínimamente transparentes. Todo esto dejando claro que si esto no ocurre, habría consecuencias.  

¿Cómo ves la postura de la Administración Biden respecto a la crisis de Nicaragua? 

Biden, si bien ha priorizado las relaciones con Centroamérica en su gestión, desafortunadamente la atención se ha centrado en el tema migratorio donde Nicaragua no tiene un papel muy activo.  

Nicaragua ha sido de alguna manera descuidada en los primeros meses de la Administración Biden. Estamos viendo mayor interés ahora a partir de las reformas electorales y la elección del nuevo Consejo Supremo Electoral. También hemos percibido una diferencia en la manera de concebir las sanciones, que la amenaza de sanciones vaya acompañada de un acercamiento diplomático.  

Hemos también notado que no se ha diseñado una estrategia de acercamiento al país. Lo que señalamos es que debería ser priorizado por la Administración Biden, porque si se profundiza la crisis de Nicaragua con estas elecciones, es un problema no solamente nacional, sino de carácter regional.  

También mencionan que la popularidad de Ortega se mantiene baja y emiten valoraciones sobre los grupos de oposición y afirman que estos “han perdido su atractivo ante la gente”. ¿Por qué? 

Primero nos basamos en un elemento cualitativo con algunas entrevistas que hicimos dentro del país y otras telefónicas. Hablamos con representantes de todos los sectores. Además, las encuestas de CID Gallup lo evidencian.  

Todos han usado la palabra unidad, pero ha prevalecido más una mentalidad de “únanse a mí”. Esto ha decepcionado bastante a la mayoría de la población que ve en esas figuras políticas una incapacidad de crear una alternativa creíble.  

Advierten sobre una crisis de sucesión dentro del Frente Sandinista y aseguran que “a Ortega lo quieren, lo respetan y le temen, pero a Rosario Murillo solo la temen”.   

En el Frente Sandinista hay un problema de relevo generacional. Daniel Ortega ha sido la figura, el colgante de los últimos años, su rol en la Revolución Sandinista, pero es un cargo simbólico que es de él. No hay dentro del partido otras figuras que parezcan un reemplazo en el momento que Ortega se retire o pase a mejor vida.  

Rosario Murillo no carga con el peso simbólico que tiene Ortega. La gente nos dice que ella no goza de mucha simpatía en ciertos sectores, sobre todo del sandinismo histórico. En cambio, dentro de la Juventud Sandinista que ha alimentado en los últimos años, quizás haya más apoyo. Ella es una figura que podría generar tensiones dentro del Frente Sandinista.  

Finalmente, como Crisis Group indican que “aún hay tiempo” si hay voluntad política de cambiar el escenario electoral. ¿Qué proponen? 

Si los movimientos de oposición superan su desconfianza mutua, y se enfocan en acordar un conjunto de condiciones técnicamente factibles y políticamente viables en el período previo a las elecciones, sus posibilidades de persuadir a Ortega podrían ser mayores. Un compromiso diplomático más fuerte, menos punitivo y más constructivo por parte de socios extranjeros como Estados Unidos, los gobiernos latinoamericanos de izquierda, la Santa Sede y la Unión Europea también podría cambiar el rumbo del gobierno de la confrontación hacia el compromiso. 

Proponemos revisar la composición del Consejo Supremo Electoral porque su composición actual no genera la suficiente confianza sobre la credibilidad de este proceso. Proponemos que se autorice la observación nacional e internacional porque son misiones que lleva meses prepararlas. En tercer lugar, pedimos que el Gobierno se comprometa y respete lo que ha firmado en marzo de 2019 con la Alianza Cívica, los derechos y garantías ciudadanas.  

EL ENTREVISTADO

Tiziano Breda
— Tiene un Pregrado en sociología
—Máster en relaciones internacionales con especialidad en resolución de conflictos
—Investigador de International Crisis Group para Centroamérica

International Crisis Group es una organización que se encarga de analizar los grandes conflictos mundiales. Desde abril de 2018 ha seguido la crisis nicaragüense y ha realizado tres visitas al país. Sus publicaciones sobre Nicaragua las puede consultar aquí.