Antonia Urrejola: “No hay ley que pueda legitimar la represión”

Nicaragua iniciará el 2021 con el peso del deterioro social, político, económico e institucional acumulados a lo largo de treinta y tres meses de una crisis derivada de la violación sistemática y progresiva de los derechos y libertades. Si bien los reportes de crímenes por razones políticas han disminuido, la situación del país sigue siendo grave y compleja, valora la comisionada Antonia Urrejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Silenciar, intimidar y criminalizar cualquier voz contraria”, es la tendencia que observa la CIDH en la antesala de un año decisivo para definir el rumbo del país y que no se repetía desde 1990, estando Daniel Ortega en el poder.

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Y la evidencia “explícita” del patrón represivo en marcha - dice Urrejola - es el combo de leyes y reformas garantizadas con el voto mayoritario que tiene el partido FSLN en la Asamblea Nacional: Ley Especial de Ciberdelitos, Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Inhibiciones y la eventual ratificación de la reforma constitucional para instaurar la pena de cadena perpetua.

No obstante, la comisionada chilena, quien en 2018 visitó Nicaragua e instaló el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) para documentar la situación en el país, es enfática: “No hay ley que pueda legitimar la represión”, porque al ser “incompatibles con las obligaciones internacionales, constituyen un ilícito internacional que hace responsable al Estado”.

Urrejola identifica amenazas claras, como los ataques a las libertades públicas mediante la prohibición de cualquier forma de disidencia; la política de negación adaptada por el oficialismo sobre lo que ha ocurrido desde abril de 2018, y el discurso de odio que estigmatiza y pone en riesgo a determinados colectivos.

La Comisión, así sea de manera remota, continuará ejerciendo su mandato en defensa de las víctimas, asegura Urrejola. Ha manifestado públicamente su plena disposición de retornar a Nicaragua, apenas el Gobierno lo permita. “Lo reitero en esta entrevista y sinceramente como deseo para el 2021: ojalá la CIDH y su Meseni pueda retornar a Nicaragua el próximo año, iniciar un diálogo con las autoridades nicaragüenses y retomar el contacto directo con las víctimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos”.

Nicaragua está por cumplir tres años de crisis sociopolítica y casi dos desde que la negociación de una salida fue rota, ¿se han agotado los recursos de presión internacional?

Los mecanismos internacionales para promover salidas a crisis como las que vive Nicaragua nunca se agotan por completo, porque se trata de situaciones dinámicas. Sabemos que la entrada del año 2021 tendrá características diferentes a los años anteriores, por circunstancias evidentes, y eso supone escenarios diversos, donde sin duda un eje esencial será la recuperación de las garantías democráticas. En ese contexto, los diferentes mecanismos y órganos internacionales, dentro de los cuales están los relativos a la protección de derechos humanos, como la CIDH, podrán hacer uso de sus diversos mandatos para promover la democracia y los derechos humanos. En el caso nuestro, ese mandato supone mantener un monitoreo exhaustivo de la situación de derechos humanos, así como procesar medidas de protección de derechos humanos, a través de las medidas cautelares y peticiones individuales, en favor de personas cuyos derechos han sido o están siendo vulnerados.

¿La CIDH prevé un deterioro de la situación de los derechos humanos en el país con la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y la instauración de la pena de cadena perpetua?

Hablar de deterioro en el caso nicaragüense es complejo. Al comienzo de la crisis de derechos humanos, en lo que la Comisión ha identificado como la primera etapa de la represión estatal, se produjo la muerte violenta de más de trescientas personas. Desde octubre de 2018 hasta ahora, las víctimas fatales directamente relacionadas con la crisis han disminuido ostensiblemente. Lo mismo ocurre con las personas que han sido privadas de libertad: en febrero de 2019 la sociedad civil reportaba más de setecientas personas recluidas, ahora se registran poco más de 100 personas en esa condición.

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¿Se puede decir entonces que la gravedad de la situación de derechos humanos en Nicaragua ha disminuido? Desde la perspectiva del derecho a la vida y la integridad física, uno podría decir que sí. Sin embargo, la propia Comisión ha señalado que desde mediados del año pasado y hasta ahora, se presenta en el país un ataque más intenso y generalizado a las libertades públicas, apuntando a una tendencia del Estado que busca silenciar, intimidar y criminalizar cualquier voz contraria a la postura del Gobierno, en un contexto de cierre de los espacios democráticos en el país que persiste y se agrava. Observamos la persistencia de patrones represivos de ataque a las libertades públicas mediante la prohibición de cualquier forma de disidencia, incluyendo la protesta social; el ataque sistemático a la libertad de expresión y prensa; la estigmatización y persecución de defensoras y defensores de derechos humanos; y el despliegue de grupos parapoliciales y otros contingentes civiles afines al Gobierno para perseguir y atacar a opositores y manifestantes. Todo ello en un contexto de impunidad estructural ante el debilitamiento de las instituciones públicas a través de la concentración del poder Ejecutivo y la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, adicionalmente, de impedimento del escrutinio internacional en terreno.

En este complejo panorama, donde ya la situación es muy grave, debemos seguir muy atentos a cómo se aplicarán las leyes que usted menciona. Por ahora se han aprobado dos de ellas, la de agentes extranjeros y la de ciberdelitos, respecto de ambas, la CIDH ha señalado que incumplen en sí mismas las obligaciones internacionales a las cuales el Estado de Nicaragua se ha obligado respetar soberanamente. Resta ver si la reforma constitucional para el restablecimiento de la cadena perpetua se aprueba el próximo año. Además hay que ver cómo avanza el nuevo proyecto de ley que impide la elección de opositores.

Todas estas iniciativas hacen explícitas medidas que ya el Gobierno venía realizando de hecho, para impedir el ejercicio de las libertades públicas.

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Es muy importante recordar que cuando un Estado es parte en un tratado internacional como lo es la Convención Americana, todos sus órganos están sometidos al mismo. Es decir, todo poder, órgano o autoridad pública deben hacer el llamado “Control de convencionalidad” entre las normas internas y el tratado, en el marco de sus respectivas competencias, para asegurar que se respetarán y garantizarán los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción. Las normas contrarias a la Convención no pueden tener efectos en el ámbito interno, toda vez que dichas normas, incompatibles con las obligaciones internacionales, constituyen un ilícito internacional que hace responsable al Estado.

Así, no sólo el Ejecutivo está llamado a cumplir con sus obligaciones internacionales sino que también la Asamblea Legislativa debe cumplir con su obligación al aprobar normas que pueden ser contrarias a los tratados internacionales que el propio Estado de Nicaragua ha ratificado.

Por último, decir que no hay ley que pueda legitimar la represión.

¿Cómo interpreta que Ortega no cumpla las recomendaciones hechas por la CIDH, que ignore sus llamados a frenar la represión y que no reconozca las medidas cautelares otorgadas por el organismo? Es que el discurso oficial contradice todos los informes que ha presentado la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada: golpe de estado fallido en vez de manifestaciones civiles; terrorismo y no legítima demanda de derechos y libertades; delincuentes en lugar de presos políticos; defensa de la paz y no represión ni persecución. Incluso la labor de organismos es calificada como injerencia al servicio de intereses totalitarios y no como defensa de los derechos humanos.

Tal como usted dice, el Gobierno de Nicaragua ha optado por negar lo que ocurre: una crisis de derechos humanos producida por la represión violenta de la protesta social y el intento de promover la impunidad por medio de la suspensión o seria limitación de las libertades públicas. La historia nos muestra muchas experiencias de este tipo, pero también nos muestra que las voces de las víctimas permanecen en el tiempo y que, tarde o temprano, los procesos de verdad, justicia y democratización ocurren. Creo que los nicaragüenses nunca pueden perder esa visión de futuro. Entiendo que es muy difícil, pero la experiencia en la región muestra que tarde o temprano, los procesos de memoria, verdad y justicia llegan, de diversas maneras, con avances y retrocesos, pero llegan.

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¿Ve la CIDH en el discurso de odio un factor de riesgo?

La narrativa oficial de estigmatización contra cualquier persona que se oponga al oficialismo, es algo que el Gobierno de Nicaragua viene haciendo desde el comienzo de la crisis. A la CIDH le preocupa el aumento, no sólo en Nicaragua sino en toda la región, de estos discursos que distorsionan, desprestigian y estigmatizan el papel y la función de los derechos humanos para la sociedad. Hemos observado la repetición de discursos de intolerancia y odioque afectan a las libertades de expresión, manifestación, reunión y asociación de las comunidades LGBTI, de las mujeres, de los afrodescendientes, de los pueblos indígenas, movimientos sociales, del periodismo independiente, entre otros. En su sentido existencial, los derechos humanos pertenecen y se dirigen a todos indistintamente. Su negación o su reducción al interés de una parte de la población en oposición a la totalidad de las personas tiene por objeto legitimar las violaciones. De allí nuestra preocupación respecto de los discursos de odio o intolerancia, sobre todo cuando provienen de autoridades públicas como hemos visto en Nicaragua y en otros países de la región. Los discursos que estigmatizan a determinados colectivos, a los oponentes, etc, generan situaciones reales de amenazas y ataques a su integridad e incluso a su vida. Usted ve por ejemplo que un adepto del oficialismo asesinó en Estelí, el pasado 19 de julio, a una persona solo porque gritó “Viva Nicaragua libre”. Ese tipo de ataques son el resultado, entre otros, del discurso estigmatizador de las autoridades en contra de la oposición.

¿En este tiempo la CIDH ha tenido algún tipo de acercamiento con la Procuraduría Nicaragüense de los Derechos Humanos o con la denominada Comisión de la Verdad? ¿Cuál es su opinión acerca del papel de estas dos instancias?

No, ninguno. El contacto inicial que tuvo la Comisión Interamericana al comienzo de la crisis con algunas instituciones, fue prontamente impedido por las autoridades centrales. Ninguna de esas instituciones son independientes de la narrativa oficial. Particularmente la Procuraduría ha sufrido la disminución de su calificación internacional, precisamente por su falta de independencia. En el caso de la Comisión de la Verdad es evidente su falta de independencia, no sólo por la falta de pluralidad y diversidad en su integración, si no porque el contenido de sus informes simplemente promueve sin disimulos, la narrativa oficial.

Hace dos años, el 20 de diciembre de 2018, se ordenó la expulsión del GIEI y del Meseni de Nicaragua, ¿Cómo recuerda ese día? ¿Cree que pudieron haber hecho más para revertir la orden o no se les dio esa oportunidad?

Era algo que se manejaba como una de las posibilidades, sin embargo hubo mucha conmoción y tristeza, especialmente en quienes componían el equipo del Meseni. Estar en terreno, en contacto directo con las víctimas, en contacto con las organizaciones, genera no sólo la perspectiva profesional y rigor que caracteriza los pronunciamientos públicos y los reportes de la CIDH, sino además un compromiso mucho más intensificado, digámoslo así.

Ese mismo equipo sigue trabajando por medio de un monitoreo regular y muy riguroso de lo que ocurre, aunque ahora es remoto, no solo por el impedimento del Gobierno de entrar al país, sino que a ello ahora se agrega la pandemia, que nos obliga al trabajo remoto en estos momentos.

Respecto de su pregunta sobre si podríamos haber revertido la decisión del Gobierno de sacar del país a la CIDH, pues debo decirle que por la intensidad de la agenda de la Comisión, y por la vigilancia que mantiene en el continente, señalando y denunciando en muchos casos a Estados que no cumplen sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a veces puede olvidarse que para estar en un país, dependemos por completo de la decisión del respectivo Estado: cuando un Estado no permite que la Comisión entre en su territorio, no podemos hacer nada.

Lo que no puede impedir ningún Estado, es que la Comisión siga haciendo monitoreo y ejerciendo su mandato de protección y promoción desde fuera del territorio, y eso lo sigue haciendo la CIDH a través del Meseni.

¿El organismo ha vuelto a solicitar formalmente el retorno de una misión a Nicaragua?

La Comisión permanentemente, desde que fuera suspendida la permanencia en terreno del Meseni, y las visitas de la Comisión, ha señalado públicamente su plena disposición de retornar, apenas el Gobierno lo permita. Lo reitero en esta entrevista y sinceramente como deseo para el 2021: ojalá la CIDH y su Meseni pueda retornar a Nicaragua el próximo año, iniciar un diálogo con las autoridades nicaragüenses y retomar el contacto directo con las víctimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos.