Pablo Parenti: “Ningún Estado o Corte reconocería la validez de esta amnistía”

El fiscal argentino y miembro del GIEI explica que con la aprobación de la Ley de Amnistía en Nicaragua, “se busca dejar en impunidad los crímenes cometidos por el Estado”, por lo que cuando haya un sistema de justicia independiente, debería ser invalidada.

La recién aprobada Ley de Amnistía en Nicaragua no puede amparar los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de abril de 2018, por lo que “ningún Estado, ni ninguna Corte internacional del mundo reconocería la validez de la misma”, asegura el fiscal argentino Pablo Parenti, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).  

En entrevista con Despacho 505, el experto sostiene que con esta ley, el régimen de Daniel Ortega está consagrando la impunidad que de hecho ya existe, por lo que debería ser invalidada cuando en el país se alcance un sistema de justicia independiente.  

Parenti indica que una amnistía no es el mecanismo para liberar a los presos políticos ya que las personas inocentes deberían tener una sentencia que justamente digan que son inocentes ya que “las amnistías siempre dejan la mancha o la duda sobre la culpabilidad”.  

El abogado y fiscal argentino advierte que a través del articulo relacionado a la no repetición "en verdad lo que se está proponiendo es una medida de control social para invalidar derechos constitucionales como el derecho a la manifestación". 

¿Cómo interpreta la aprobación de una Ley de Amnistía en Nicaragua luego de centenares de muertos en el contexto de la represión a las protestas y la comisión de crímenes de lesa humanidad? 

Dictar una ley de estas características es algo que se ve muchas veces en los regímenes autoritarios cuando comenten atrocidades y violaciones a los derechos humanos, es una forma tradicional muy común en la historia para salir de esas situaciones con el dictado de este tipo de leyes.  

Pero hace varias décadas que estas leyes de esta naturaleza no son admisibles, por el derecho internacional y más allá que sean dictadas, en futuro cuando haya condiciones para llevar a cabo procesos genuinos de justicia deberá ser anulada cómo pasó en otros países.  

De hecho, en Argentina donde yo vivo, también la dictadura militar antes de dejar el poder dictó una ley de autoamnistías, luego el primer gobierno democrático dictó una ley de amnistía que también luego fue invalidada, fue declarada ineficaz, fue anulada por el sistema de justicia, por eso los procesos están abiertos hoy en día, así es que esta ley jurídicamente no puede amparar crímenes de lesa humanidad.  

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Hasta ahora el régimen nunca había admitido su responsabilidad por la represión y por los centenares de asesinatos a partir de abril 2018, el hecho de que esté proponiendo ahora una ley de amnistía ¿cree que es indirectamente una admisión de hechos?  

No lo dice expresamente, no reconoce su responsabilidad en el proyecto, pero de alguna manera yo creo que indica que sí teme a procesos judiciales futuros y además quizás de la manera que está pensando en salir de la situación en la que está, donde existe un montón de personas encarceladas sin que haya procesos judiciales que respeten las garantías constitucionales, procesales y penales.  

Todo mundo sabe, y nosotros lo hemos constatado con nuestro trabajo, que los procesos penales (contra presos políticos) se basan en pruebas falsas y procedimientos que no guardan el debido proceso. Hoy Nicaragua en el mundo está vista como un Estado que tiene centenares de presos injustamente encarcelados, entonces quizá también sea una salida en la que el Gobierno esté pensando para darle una solución a esta situación.  

No es el mecanismo, no es lo que debe ocurrir realmente, las personas inocentes deberían tener una sentencia que justamente digan que son inocentes, porque las amnistías siempre dejan la mancha o la duda sobre la culpabilidad. La persona que es liberada sobre la base de una amnistía, en realidad queda siempre vigente la idea de que cometió un delito, solamente que se lo amnistían. 

https://youtu.be/ru3TnXaa7eA

El régimen está utilizando esta ley como excusa para liberar a los presos políticos, pero hace unos días se le presentaron siete rutas jurídicas para liberarlos sin recurrir a una amnistía. ¿Cree que con este pretexto de sacar a los presos el régimen está pretendiendo recetarse amnistía por sus crímenes en el contexto de la represión?  

Muy probablemente, porque también es la lógica de muchas leyes de amnistía en el mundo, con una apariencia de bilateralidad, de amnistiar todo, en realidad lo que se hace justamente, lo que se busca es dejar en impunidad los crímenes cometidos por el Estado. Esto es lo que se ha visto, de hecho, la ley argentina que te comenté antes también tenía esa idea de bilateralidad, solo que muchas personas habían sido asesinadas y desaparecidas y ante eso no se puede volver atrás, lo mismo que las víctimas de Nicaragua, las personas muertas, siguen muertas, las personas que fueron encarceladas sufrieron encarcelamiento, eso no se borra con la ley de amnistía.  

¿Usted qué piensa del artículo referente a la no repetición? La Ley establece que las personas no deben volver a cometer los "delitos" amnistiados, pero aquí lo que tenemos son delitos fabricados. Es decir que en el caso de los presos políticos si volvieran a manifestarse, o en el caso de los periodistas presos, si volvieran a ejercer su trabajo como lo venían haciendo, podrían volverlos a encarcelar...  

Exactamente, si uno ve cómo interpretar el Estado de Nicaragua las conductas de los manifestantes, claramente puede pensar que cualquier manifestación puede ser vista como un delito y, por lo tanto, dar lugar a la revocación de la amnistía. Es decir, en verdad lo que está proponiendo es una medida de control social para invalidar derechos constitucionales como el derecho a la manifestación.  

Otra cosa a la que creo que hay que estar atentos es la mención que dice de que la amnistía no cubre hechos incluidos en tratados de los que Nicaragua es parte. ¿A qué se refiere eso? Porque también está el antecedente sobre como el Estado de Nicaragua interpreta el terrorismo, entonces ahí también puede haber una trampa en la ley, es decir, bajo el argumento de que ciertas conductas son terroristas, entonces podrían no entrar en la amnistía, eso es algo de lo que hay que estar atentos.  

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Explíquenos los aspectos relacionados la aplicación de esta ley de amnistía. ¿Esta solo sería vigente a nivel nacional, porque a nivel internacional no cubre a los represores, porque ustedes como GIEI concluyeron que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y estos no prescriben?  

Ningún Estado, ni ninguna Corte Internacional del mundo reconocería la validez de esta amnistía. Esta ley de amnistía solo tendrá eficacia dentro de Nicaragua y mientras no haya independencia judicial, en el momento que haya un sistema de justicia independiente que actuara conforme a derecho, conforme a estándares internacionales, esta ley, sin duda debería ser invalidada.  

Esta aprobación de esta ley en el contexto de presión internacional, cuando se viene la Asamblea de Cancilleres en Medellín, de la OEA, luego la Nica Act en Estados Unidos, ¿Qué mensaje qué efecto podría tener?  

Es difícil saberlo como reaccionará la comunidad internacional frente a los hechos de gravedad en el mundo. No es algo lineal, yo entiendo que no puede ser interpretado de manera favorable por nadie que crea en la justicia, porque justamente lo que esta ley busca impedir la justicia, consagrar la impunidad de los crímenes, entonces, espero que no debería ser bien valorada por la comunidad internacional.  

¿Está blindándose Ortega? 

En realidad, lo que está haciendo es consagrar la impunidad, está procurando la impunidad, que de hecho ya existe, entonces, en definitiva, acá lo decisivo es que se generen en Nicaragua en algún momento condiciones institucionales para llevar a cabo procesos de justicia genuinos. En el momento que esto se dé, esta ley de amnistía debería caer y antes de que estas reformas institucionales se produzcan, no va haber justicia en Nicaragua, con ley o sin ley, porque de hecho hoy lo estamos viendo: no hay ninguna investigación por parte del Ministerio Público, del Sistema Judicial de los crímenes perpetrados por el Estado, y lo que sí hay son procesos de persecución contra manifestantes.  

Entonces a largo plazo las víctimas no deberían temer que se van a quedar sin justicia porque en el futuro con un nuevo Gobierno la ley debería ser anulada... 

Lo que digo es que esta ley no es válida desde el punto de vista jurídico. Las posibilidades de hacer justicia en un futuro van a depender de en qué medida habrá voluntad, en qué medida las víctimas tengan la fuerza de hacer que la justicia actúe. Muchas veces se observa que hay cambios de regímenes, pero también hay pactos y hay una especulación política sobre si conviene o no iniciar procesos de justicia. Esto sale de la acera de lo jurídico. Esta ley no debería ser reconocida como derecho por un sistema de justicia independiente.