Comisionado Joel Hernández: “El Estado falló”

El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH analiza el asesinato del preso político Eddy Montes Praslin en La Modelo. “El Estado está obligado a llevar a cabo la investigación de los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Esa es su obligación inmediata”, afirma categóricamente.

Tras el asesinato del preso político Eddy Montes Preslin dentro del Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua, el Estado falló por partida doble, no solo porque no protegió la integridad física de una persona bajo su cuidado, sino porque un funcionario del penal es el responsable del crimen.  

Para el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “en los protocolos de manejo carcelario resulta muy difícil de entender que pueda haber oficiales armados dentro de estos pabellones”. 

“El Estado tiene la custodia de los privados de libertad y por lo tanto tiene la responsabilidad de velar por su integridad física y emocional. El hecho de que haya habido un asesinato implica que el Estado falló con esta obligación de salvaguardar la integridad física”, explica en entrevista con Despacho 505. 

El Comisionado sostiene que el Estado está en la obligación inmediata de esclarecer las circunstancias en las que se cometió el crimen, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, de lo contrario estaría fallando en su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos. 

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Este sábado se cumplen 48 horas del asesinato del preso político en La Modelo. El Ministerio de Gobernación reconoció que fue un guarda del penal quien disparó contra el reo y hasta ahora el régimen de Daniel Ortega no ha presentado al autor del crimen, la Fiscalía no ha iniciado una investigación y nadie ha sido acusado.  

¿Cuáles son sus apreciaciones sobre este asesinato y qué implicaciones tiene para Nicaragua que un reo haya sido asesinado dentro del régimen carcelario? 

Estamos muy consternados por este hecho, son realmente muy lamentables las condiciones en las que se da este asesinato, sobre todo porque en los protocolos de manejo carcelario resulta muy difícil de entender que pueda haber oficiales armados dentro de estos pabellones. El Estado tiene la custodia de los privados de libertad y por lo tanto tiene la responsabilidad de velar por su integridad física y emocional. El hecho de que haya habido un asesinato implica que el Estado falló con esta obligación de salvaguardar la integridad física.  

Lo que nos preocupa es ver a este grupo de privados de libertad que fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria y que han abonado todos los actos de los que han sido víctimas, el que estén en este momento en una situación de vulnerabilidad.  

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¿Cuáles son las consecuencias para un Estado que falla en la custodia de la vida de un reo? 

Incurre en una responsabilidad internacional en caso de que el Estado no lleve a cabo la sanción a los responsables. El Estado está obligado a llevar a cabo la investigación de los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Esa es su obligación inmediata.  

En materia de derechos humanos a nivel internacional, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando se da un caso de estos dentro de los penales? 

Lo primero que se debe hacer es acudir a los medios de defensa que otorgar la propia legislación nacional, tiene que hacerse la denuncia ante los órganos competentes de Nicaragua para que se lleve a cabo una investigación independiente y que haya sanciones para los responsables. Esa es la primera acción que tiene que realizarse. 

Una vez agotados los recursos internos, las víctimas, en este caso los familiares de Eddy, tienen a su disposición el sistema de casos y peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poner una denuncia sobre vulneraciones a los derechos humanos, pero tiene que empezar por llevar el caso a las instancias nacionales. 

¿Esta investigación a quién le corresponde hacerla tomando en cuenta que hay una desconfianza generalizada hacia las autoridades? Si llegara a fallar el proceso a nivel interno, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar a nivel internacional en este caso? 

La Fiscalía debe iniciar a llevar a cabo las investigaciones de los hechos, tienen que llevar los enjuiciamientos ante el Poder Judicial. Por eso es importante que haya Fiscalías independientes para que puedan hacer investigaciones creíbles. Los primeros obligados son las autoridades nacionales.  

En un tema aparte sobre la dimensión internacional, la CIDH ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas provisionales para un grupo de 17 presos que gozan de medidas cautelares, pero que el Estado no ha tomado las medidas idóneas para brindarles protección.  

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La CIDH ha llevado este caso a la Corte que tiene la facultad de emitir fallos jurídicamente vinculantes para que le solicite al Estado que otorgue protección para 17 personas que se encuentran en situación de riesgo.  

Los casos que llegan a la Corte son individuales. Para que este caso pueda ser llevado a la Corte primero se deben agotar los recursos internos, luego debe pasar a un proceso dentro de la CIDH y, posteriormente, puede llegar a la Corte de manera individual. 

https://youtu.be/UhtGwGmWh00

Un día antes del asesinato de Eddy Montes ustedes como CIDH habían alertado sobre los peligros a los que se enfrentaban los presos políticos e hicieron nuevas recomendaciones. ¿Qué tanto a escuchado sus llamados el Gobierno de Ortega? 

Desafortunadamente no hemos logrado tener un diálogo directo sobre este tema con las autoridades. En mi calidad de Relator realicé una visita en septiembre del año pasado y no se me permitió que visitara a los privados de libertad y tampoco he tenido una reunión con las autoridades. Hasta ahora ha sido imposible conocer de manera directa cuál es la situación de las personas privadas de libertad y eso genera una gran incertidumbre a los nicaragüenses, sobre todo a las familias de los presos que se encuentran en una situación de desesperación.  

¿Qué le preocupa de la situación de los presos políticos de Nicaragua que llevan meses de un injusto encierro en condiciones inhumanas? 

La situación es muy preocupante. No hay para la CIDH una claridad sobre la situación de las personas privadas de libertad, no se conoce cuál es la situación jurídica de los que han sido puestos en prisión domiciliaria, no se conoce cuál es el número exacto de personas que se encuentras privadas de la libertad con motivo de las protestas que iniciaron hace un año.  

¿Cómo valora el proceso de excarcelación que ha emprendido el Gobierno hasta ahora? Hay quienes piden que deberían salir con plena libertad y no solo cambiarlos de régimen carcelario a régimen domiciliar.  

La primera noticia que fue alentadora fue el inicio de un diálogo con la Alianza Cívica y también el compromiso de la liberación en un plazo de tres meses que vence el 18 de junio. Fueron dos momentos que mostraron una voluntad política de atender la situación de las personas privadas de libertad. Desafortunadamente, todavía no queda muy claro cuál es la situación que guardan las personas que ya fueron excarceladas y las que están por ser excarceladas.  

No se conoce cuál va ser el futuro de la situación jurídica de estas personas y es altamente preocupante los procesos en los cuales se llevó la acabo la detención y luego abrieron causas penales, porque lo que hemos documentado es que un número de estas personas fueron privadas de libertad de manera ilegal y hay deficiencias en los procesos penales.  

https://www.facebook.com/despacho505/videos/2098331687131841/

¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos de los presos que la CIDH ha constatado hasta este momento? 

Hay dos momentos: cuando estuvimos en el mes de mayo del año pasado, cuando recibimos testimonios de personas detenidas y luego y liberadas, luego la situación fue deteriorándose. Dado que no hemos tenido la posibilidad de entrevistarnos con los presos, hemos recabado la información que nos han proporcionado los familiares, abogados defensores y personas que habían estado de personas que habían estado detenidas.  

Lo que hemos observado son detenciones sin mandamiento de autoridad competente, las personas no fueron puestas a consideración de un juez dentro del término legal, personas que fueron objeto de golpe y malos tratos, hay quienes argumentan que hubo tortura y ha habido un abuso de la figura del terrorismo en los procesos penales que no está debidamente sustentada. Los testimonios revelan que las personas han sido maltratadas al interior de La Modelo.