“Estados Unidos ya no quiere ser país de acogida”: WOLA denuncia política migratoria de Trump

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes de Nicaragua, Honduras y otros países, el fin del parole humanitario, nuevas tarifas para pedir asilo y una aplicación oficial que promueve la autodeportación forman parte de una política de exclusión impulsada por la administración Trump, advierte Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

“Están quitando las pocas opciones legales que existen, y lo hacen sin importar que muchas de estas personas tienen décadas viviendo en el país, con hijos ciudadanos, empresas o empleos esenciales. Es un mensaje de exclusión”, denuncia. Meyer también pone el foco sobre otro aspecto alarmante: el perfilamiento racial en las redadas migratorias. “Detienen a personas por su color de piel, por parecer latinos”, dice. “Estamos ante una política de persecución”.

WOLA es una organización clave en el análisis de política migratoria y derechos humanos en Estados Unidos y América Latina. Su equipo ha documentado desde Washington el impacto de las medidas migratorias y las consecuencias humanas de decisiones políticas tomadas desde la Casa Blanca.

En esta entrevista con DESPACHO 505, Maureen Meyer detalla el impacto de las recientes decisiones migratorias de la administración Trump, sus implicaciones económicas y humanas, y lo que puede esperarse en los próximos meses.

Buscan achicar las opciones legales para poder deportar más”

¿Cuál es la valoración que hace WOLA sobre la reciente cancelación del TPS, el Estatus de Protección Temporal, no solamente para Nicaragua, sino también para Honduras y otros países?

La cancelación del TPS para personas de Nicaragua y otros países tiene que estar en el marco de todas las medidas que está implementando el gobierno de Trump de no solamente minimizar la migración indocumentada al país, o sea, ir tras personas sin papeles aquí y deportarlos, sino también quitar el estatus legal que tenían muchas personas en el país, incluyendo la gente con TPS, que en el caso de Nicaragua son casi 4000 personas y las personas que tenían las visas humanitarias, el parole que incluía personas de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití.

Yo creo que buscan empezar a achicar cada vez más las opciones que tienen las personas con un estatus legal en Estados Unidos, de poder quedarse aquí, todo con el fin de cumplir con sus medidas de deportaciones masivas de personas migrantes.

¿Y cuál es el impacto que ustedes consideran que puede tener particularmente para estas personas con TPS de Nicaragua y Honduras que llevan más de dos décadas, casi 25 años dentro de Estados Unidos? Hay gente que ha hecho aquí prácticamente toda su vida con hijos, con hijas, con bienes.

Es un impacto sumamente fuerte para estas personas. De hecho, es parte del litigio que actualmente ya se empezó contra la terminación de TPS para personas de Nicaragua y Honduras y Nepal, que fue hace unas pocas semanas, porque justamente el gobierno de Trump les está dando apenas 60 días para terminar con su estancia legal en Estados Unidos y, de acuerdo con las normas legislativas acá, tendrían que darle a estas personas por lo menos seis meses.

Estamos hablando de gente que lleva muchos años en Estados Unidos y no es fácil determinar qué opciones tienen para quedarse, pero también pensar en regresar a su país de origen con tan poco tiempo, con familias e hijos ciudadanos, empresas. Es un impacto muy dramático.

En el caso de gente con TPS de todas las nacionalidades, contribuyen 21 mil millones de dólares a la economía cada año. Pagan más de 5 mil millones en impuestos estatales y federales. Están contribuyendo activamente a sus comunidades.

Contradicciones, tarifas y un sistema que invita a la autodeportación

En el caso de Nicaragua, uno de los argumentos del Departamento de Seguridad Nacional para cancelar el TPS era que el país ya cumplía las condiciones para recibir a estas personas. Pero desde 2018 hay una Orden Ejecutiva que declara a Nicaragua una amenaza a la seguridad nacional. ¿Cómo valoran esa contradicción?

Yo creo que es justamente una contradicción porque también tenemos un secretario de Estado, Marco Rubio, que ha dicho que Nicaragua, Cuba y Venezuela son enemigos de la humanidad. Estamos hablando de gobiernos represivos donde, en el caso de Nicaragua, se ha cancelado el permiso de más de 5000 organizaciones, expulsado opositores, quitado la nacionalidad a ciudadanos. ¿Cómo es posible que digan que es seguro para que la gente regrese ahí?

Y es el mismo argumento para cancelar permisos legales a gente de Cuba, Venezuela o Haití, donde no hay casi gobierno y gran parte del país está en control de pandillas. No está basado en las situaciones verdaderas de estos países, sino en una meta política de deportaciones masivas.

En la nueva ley fiscal de Trump se establecen tarifas migratorias como cobrar hasta 1000 dólares por pedir asilo. ¿Qué mensaje se está enviando con estas medidas?

Por un lado es que no queremos ser un país que da bienvenida. También se está haciendo una lista cada vez más larga de países con restricciones de entrada por nacionalidad.

Pero sobre todo se está lucrando con el derecho a pedir protección. Es un derecho humano poder solicitar asilo, y estamos cobrando a gente que está huyendo, muchas veces por su vida. El mensaje es claro: no hay interés en brindar protección a quienes más la necesitan, sino hacer todo lo posible para impedirlo.

El uso de la app CBP Home para facilitar la autodeportación y pagar incentivos de 1000 dólares, ¿puede considerarse una forma de mercadeo de la migración?

Están invitando a la gente a autodeportarse por dos razones. Primero, hacerlo más barato para Estados Unidos, porque deportar a una persona cuesta hasta 17 mil dólares. Segundo, porque el mensaje es que no quieren que toda esa gente se quede. Es parte de un clima de miedo y persecución: redadas, detenciones, audiencias migratorias con presencia policial. Es todo un sistema de presión para que la gente se vaya sola.

Impactos en las comunidades y respuesta de los migrantes

¿Qué impacto están teniendo estas políticas en las comunidades migrantes y en la economía local?

Hay muchos impactos económicos. En zonas como Washington, donde hay mucha población migrante, la gente ya no sale, no compra, no consume. En California y otros estados, los granjeros no consiguen trabajadores o estos no llegan por miedo a las redadas.

La cosecha se pierde, se frena la industria. En la construcción hay escasez de mano de obra. No se trata solo de quitar empleos, también los dueños dejan de crecer, de contratar ciudadanos estadounidenses. Estamos hablando de un impacto económico muy grande y no hemos visto propuestas reales para resolver la necesidad de trabajadores en estos sectores.

¿Cómo está respondiendo la comunidad migrante? ¿Hay esperanza?

Hay litigios en marcha. En el caso del TPS ya se presentó uno para Nicaragua, Honduras y Nepal. También hubo una corte en California que prohibió detenciones sin criterio claro.

Se está denunciando el perfilamiento racial porque han detenido hasta ciudadanos estadounidenses por “parecer” latinos. Cada persona debe buscar asesoría legal para ver sus opciones.

¿Y qué hace WOLA en este contexto?

Nosotros trabajamos en investigación e incidencia. Informamos a un público más amplio y presionamos al Congreso. Apoyamos iniciativas de ley que busquen dar estatus permanente a personas con TPS. Hay personas de Nicaragua y Honduras que llevan más de dos décadas aquí. El Congreso debe actuar.