Reed Brody: “Hemos entregado a varios países listas de nicaragüenses expuestos a vigilancia y asesinatos”

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN) ha pasado a la ofensiva para intentar frenar el alcance de la dictadura nicaragüense fuera de sus fronteras. En entrevista con DESPACHO 505, el experto Reed Brody confirma que han entregado a diversos gobiernos listas confidenciales de nicaragüenses en el exilio bajo vigilancia activa y riesgo de asesinatos.

Esta medida busca neutralizar una arquitectura de represión transnacional que, según el último informe del grupo, ha convertido las embajadas de Nicaragua en bases de inteligencia militar y ha utilizado a figuras como el canciller Valdrack Jaentschke para coordinar el seguimiento de opositores en la región.

Esta maquinaria de persecución no es improvisada, sino que cuenta con una "anatomía financiera" propia que el Grupo de Expertos ha logrado documentar por primera vez. Desde 2018, la ahora copresidenta Rosario Murillo institucionalizó el desvío sistemático de fondos públicos —originalmente destinados a asistencia social y proyectos municipales— para pagar la logística de la "operación limpieza" y el sostenimiento de grupos paramilitares.

Solo en los primeros dos meses de la crisis, la represión costó al menos cinco millones de dólares, financiados mediante partidas presupuestarias fraudulentas y contratos de alimentación asignados a empresas vinculadas a la propia familia presidencial y otros altos funcionarios.

El Grupo de Expertos ha documentado en distintas fases que en Nicaragua se han cometido graves violaciones de derechos humanos y alguna de estas violaciones constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad. Luego corroboraron la participación del Ejército de Nicaragua durante la represión, después presentaron un listado de 54 altos funcionarios presuntamente responsables de estas violaciones y ahora presentan un nuevo informe. 

¿Cuáles son los principales hallazgos de esta nueva entrega?

En este informe hemos hecho un análisis del financiamiento de la represión. Yo creo que uno de los hallazgos más importantes es que la represión en Nicaragua no es improvisada. Está estructurada, financiada con fondos públicos y proyectada más allá de las fronteras.

Nosotros por primera vez con base en 73 entrevistas con más de 1700 documentos, incluido registros de nómina, correos electrónicos, documentación contable, hemos establecido que fondos públicos han sido utilizados y desviados sistemáticamente para financiar la represión.

Desde 2018, la entonces vicepresidente Rosario Morillo y el secretario administrativo del Frente Sandinista, Fidel Moreno, consolidaron una estructura paralela dentro de la FSLN para canalizar esos recursos. En aquel momento se convocó autoridades de múltiples instituciones públicas y municipios para dirigir partidas presupuestarias destinadas a asistencia social hacía operaciones de la represión y eso ha sido una constante desde 2018.

Durante la operación limpieza en 2018 hemos identificado por lo menos 13 proyectos financiados por el presupuesto central en los departamentos de Carazo, Managua, Granada, Masaya y Matagalpa donde en realidad no se realizó ningún proyecto y esos fueron utilizados para la para pagar a los grupos armados paramilitares y otros tipos de represión.

Me llama la atención el nivel de detalle al que han logrado acceder sobre cómo se desviaban los fondos públicos. Los  primeros dos meses de operaciones represivas  le costaron a los nicaragüenses unos 5 millones de dólares. Han identificado que una empresa de catering vinculada a la familia de Rosario Murillo es la que ganaba los contratos para darles de comer…

Tenemos documentos que lo demuestran. Evidentemente yo no puedo revelar la fuente de esos documentos, pero justamente la alimentación de esos grupos fue suministrada por una sociedad vinculada con la entonces vicepresidenta. Otros altos funcionarios del gobierno también están ganando contratos con la represión. Mira, tenemos muchos indicios, pero no lo suficiente como para poner más en este informe. Tenemos un umbral de prueba bastante alto.

Hablemos ahora de la represión transnacional. El informe revela que las embajadas de Nicaragua albergan a personal de inteligencia militar para vigilar a los exiliados. ¿Ustedes consideran como Grupo de Expertos que esto constituye una violación  a la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas y qué acciones podrían tomar los países anfitriones al respecto? 

Bueno, es una pregunta muy importante. Como dijiste, hemos podido comprobar que las misiones diplomáticas nicaragüenses en al menos cinco países albergan personal de inteligencia militar.

No hemos nombrado los países, pero hemos contactado a los países antes de publicar el informe. Dependiendo exactamente de las funciones que ocupan, podría implicar una violación a la Convención de Viena. Lo importante aquí para los nicaragüenses es saber que, probablemente en más países, pero sobre todo en los países de la región, ha habido personal que muy probablemente están participando en la arquitectura de vigilancia e inteligencia transnacional y están ahí para vigilar a los tantos nicaragüenses que viven en el exterior.

Me gustaría profundizar sobre el papel que ha tenido el canciller Valdrack Jaentschke en esta represión transnacional, que por primera vez figura en sus informes.

Creo que uno de los hallazgos más importantes del informe es que señala que Valdrack Jaentschke cuando fue ministro asesor del presidente para Políticas y Asuntos Internacionales fue sucesivamente ministro consejero en las embajadas de Nicaragua en Guatemala, Honduras y Costa Rica entre 2021 y 2023.

Son por lo menos 13 testimonios, 13 distintas fuentes, que indican que él habría formado parte de un grupo de toma de decisiones de alto nivel que dirigía la estrategia de represión transnacional.

Tenía una proximidad directa a la presidencia, lo que le permitió jugar un papel importante en la dirección de esa estrategia, en la coordinación de actividades de inteligencia. Y evidentemente la sucesión muy rápida con la que fue nombrado en Guatemala, Honduras y Costa Rica, primero como ministro consejero y después como en dos casos embajador. Llama mucho la atención la acumulación, la simultaneidad y la rotación acelerada de cargos diplomáticos en distintos países en un periodo marcado por la intensificación de la persecución política, pues carece de justificación diplomática ordinaria.

Una persona no es nombrada en un país y unos meses después en otro, y después en otro. Este patrón es indicativo de misiones de carácter político operativo y lo confirman muchas fuentes. 

¿En qué tipo de decisiones estaba involucrado este señor?

Bueno, en las decisiones de a quién vigilar, cómo vigilar, porque son misiones de carácter político operativo, o sea, la recolección sistemática de información, el seguimiento de actores considerados como opositores, la transmisión de inteligencia a Managua. Eso sería lo más básico.

Particularmente, tras el asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica, ¿qué medidas específicas de protección recomiendan ustedes a los estados receptores para prevenir que ese brazo operativo del que usted hablaba actúe abusando de la inmunidad que ostentan. 

Bueno, se pueden fijar en a quién nombran. Evidentemente no se puede brindar protección a todos los nicaragüenses en el exterior, pero nosotros hemos contactado a varios países con listas de nicaragüenses, residentes en sus países respectivos, que nosotros consideramos expuestos a medidas sobre todo de vigilancia, pero evidentemente estamos hablando de asesinatos. Hemos trasladado esas listas que no podemos revelar.

Ustedes también han documentado ampliamente la eliminación de registros de nacimiento, a muchas también se les niega la renovación de sus pasaportes, lo que los coloca en una situación de apatridia de facto. ¿Cómo pueden los organismos internacionales ayudar a las víctimas a reconstruir su identidad legal cuando el Estado de origen, en este caso, Nicaragua ha borrado todos sus registros?

He leído su reportaje sobre la regularización masiva en España y me llamó mucho la atención que uno de los requisitos para regularizarse en España es tener los antecedentes penales de Nicaragua. Justamente para los opositores, imagino que eso no sería muy fácil obtener de las autoridades. Nosotros llamamos a la flexibilidad, que los países entiendan que el caso de Nicaragua es un caso particular, que no se puede pedir a un nicaragüense, porque además en muchos casos sí hay antecedentes penales contra personas, pero son antecedentes manipulados, son antecedentes falsos, son antecedentes de carácter político. Lo importante es que los países de acogida entienden que Nicaragua es un caso distinto.

En el informe mencionan que estamos en una cuarta fase de represión en Nicaragua. ¿Puede explicarnos en qué se caracteriza esta etapa y por qué dicen que ahora el objetivo no solamente es controlar a los opositores, sino también a quienes están dentro del propio aparato estatal del régimen y del partido Frente Sandinista? 

Evidentemente en el 2018 se caracterizó por la represión física de las manifestaciones, en aquel momento hubo por lo menos 350 ejecuciones extrajudiciales. Después se fue más un poco más selectivo, fueron contra las oenegés, la prensa independiente, etcétera. 

En este momento ya han logrado que no haya una contestación visible en el país y ahora están viendo quiénes son los posibles opositores tanto dentro del país como fuera del país. Por eso es tan importante para ellos la represión transnacional, porque la mayoría de las personas capaces de poner una resistencia, ahora viven fuera del país. 

Además, desde un cierto tiempo estamos viendo que hay una represión que responde, según nuestros criterios, al deseo de la copresidenta de eliminar todo foco posible que pueda oponerse. 

¿Esa purga interna dentro de cuadros importantes del Frente Sandinista en Nicaragua, cree que evidencia cierta debilidad en la estructura de mando de Ortega y de Murillo?

Bueno, debilidad en el sentido de que se reduce cada vez más el núcleo duro que apoya el gobierno. Cuando personas como Bayardo Arce —que nosotros consideramos que es una persona desaparecida— que ni su familia ni nosotros tenemos información sobre su paradero. Entonces, cuando hasta personas como Humberto Ortega, Henry Ruiz, Álvaro Boltadano, pero sobre todo Bayardo Arce, que era el fiel entre los fieles, cuando él está desaparecido nos sugiere que realmente se ha reducido la base de apoyo.

¿Usted cree que en el escenario internacional actual hay posibilidad de una transición democrática en Nicaragua tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que está pasando con Irán y también la presión que está ejerciendo Washington sobre Cuba?

Mire, nosotros consideramos que la recuperación de la democracia en Nicaragua será resultado de un proceso profundo de respeto al estado de derecho, el fin de las prácticas autoritarias, la creación de condiciones políticas que permitan elecciones libres, la participación plena de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil.

Nuestro mandato es documentar violaciones de derechos humanos, aportar evidencia rigurosa para avanzar en la rendición de cuentas. Esa es nuestra contribución y en ese marco seguiremos trabajando con independencia de los desarrollos geopolíticos regionales.

Para nosotros la respuesta internacional debe guiarse por el derecho internacional, la protección de los derechos humanos y la búsqueda de una recuperación democrática.

Lo que es cierto es que las han habido, por ejemplo, algunas de las liberaciones recientes de presos políticos se han producido como respuesta a la presión internacional, a las sanciones, al aislamiento diplomático, tal vez a los informes del GHREN. Eso indica que la presión tiene efecto y nosotros llamamos a la comunidad internacional a no relajar la presión sobre Nicaragua.

Pero esas liberaciones han sido parciales y con condiciones inaceptables. La arquitectura de la represión sigue intacta. Y para nosotros el camino necesario hacia la democracia en Nicaragua requiere un proceso profundo, no una reacción coyuntural a eventos externos. Y ese proceso debe ser el resultado de la voluntad del pueblo de Nicaragua.