María Teresa Blandón: “Los femicidios en Nicaragua son un acto de poder sin máscara”

Antes de dispararle, Héctor José Rivera Zeas obligó a Aura Sarahí Mejía Salmerón a salir al frente de su casa, en Chinandega, donde la asesinó frente a testigos. "Ahí se las dejo, la maté", dijo después a sus familiares tras cometer el crimen.

Sarahí es una de las 38 mujeres víctimas de femicidio en Nicaragua documentadas por el Observatorio Voces Contra la Violencia de Católicas por el Derecho a Decidir hasta la primera semana de septiembre. Su caso retrata el profundo desprecio por la vida de las mujeres, alimentado por la impunidad.

La rampante violencia machista responde a un patrón que refleja el dominio patriarcal sobre la vida de las mujeres, y que se perpetúa por inacción del Estado bajo el control de un régimen que al no garantizar prevención ni justicia deja a las mujeres en mayor vulnerabilidad frente a los femicidios, señala feminista María Teresa Blandón.

Blandón explica que más que las cifras, lo más alarmante es "el grado de crueldad" y frialdad con que actúan.
La activista recordó que estos agresores no surgen de la nada. “Son producto de una cultura que coloca a las mujeres en un lugar de subordinación y a los hombres en un lugar de jerarquía, dominio y sometimiento. La pregunta es por qué seguimos formando hombres que creen tener derecho sobre la vida de las mujeres”, resaltó.

Asimismo, considera preocupante que los casos repiten un mismo patrón. "La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes, en edad reproductiva, con hijos y que viven en condiciones de pobreza, tanto en barrios urbanos marginados como en comunidades rurales. En todos los casos, los responsables son hombres, también jóvenes, en su mayoría menores de 40 años que tenían algún vínculo con ellas: parejas, exparejas, novios o incluso familiares como hermanos o tíos".

Aura Sarahí también encaja en ese patrón: tenía 32 años y dejó en la orfandad a un menor de 13.

La complicidad del Estado

Blandón cuestiona la ausencia de políticas públicas de protección por parte del Estado, hoy bajo el control absoluto del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuya narrativa oficial presenta a sus instituciones como defensoras de los derechos de las mujeres, pero en la práctica no cumplen con su obligación de garantizar prevención, protección y acceso a la justicia.

"Ni siquiera en el caso del Ejército, donde han asesinado a una mujer en sus instalaciones, hubo una sola palabra. Ni un protocolo de seguridad para las mujeres en sus propias instalaciones. Las Comisarías de la Mujer no funcionan, no existen campañas de sensibilización, se han indultado agresores y violadores antes de cumplir la mitad de sus condenas. Y en la policía muchas veces las víctimas no son escuchadas, las mandan a reconciliarse con sus agresores", critica.

Blandón sostiene que esta cadena de omisiones e impunidad "hace que todas las formas de violencia contra las mujeres, contra las niñas y también contra los niños se reproduzcan, se normalicen y se perpetúen".

Femicidios recientes que ilustran el patrón

La advertencia de Blandón se confirma en los hechos. Casos recientes reflejan cómo la violencia machista se reproduce con impunidad, incluso dentro de instituciones estatales donde las mujeres se supone deberían estar seguras.

El 22 de agosto, un crimen estremeció al país al ocurrir dentro de las instalaciones del Ejército de Nicaragua. El mayor Enmanuel Flores asesinó con un arma blanca a su pareja, la teniente Teresa Vega Treminio, de Matagalpa, en la sede del Estado Mayor en Managua. Testigos relataron que antes del ataque hubo una discusión.

La gravedad del caso provocó indignación no solo por tratarse de un femicidio, sino porque ocurrió en una institución militar que guarda silencio. Ni el Ejército ni la Policía han brindado un informe oficial. Días antes, Flores le había pedido matrimonio a Vega en un video que circuló en redes sociales, donde se le ve entregándole un anillo de compromiso.

Este crimen ocurrió apenas 18 horas después de otro femicidio en Wiwilí, Jinotega, donde Maryuri Barrera Palacios, de 29 años, fue asesinada de un disparo por su pareja Eddy Rodríguez Romero, tras una discusión en un bar.

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A inicios de septiembre, en Chontales, tres hombres armados asesinaron en su vivienda a Sebastiana Liseth López Martínez, de 55 años, dejando herido a su hijo. Testigos aseguraron que los atacantes “solo llegaron a matarla”. Un día antes, en Estelí, Dora María Álvarez González, de 24 años, fue asesinada por su pareja Pedro Noé Carrasco García, de 32, en una finca tabacalera.

Una violencia estructural

El Observatorio Voces Contra la Violencia documentó que en 2024 se registraron 68 femicidios en Nicaragua, además de 23 asesinatos de nicaragüenses en el extranjero, principalmente en Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos y en lo que va del 2025 ya superan los 38 casos. 

Organizaciones y feministas insisten en que la violencia de género es un problema estructural y político. Señalan directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como responsable del retroceso en materia de defensa y protección de las mujeres, por la eliminación de mecanismos de prevención, el desmantelamiento de instituciones de apoyo y la criminalización de las defensoras.

“El silencio oficial y la ausencia de políticas públicas convierten al Estado en cómplice. Mientras tanto, seguimos contando víctimas de una violencia que no es casual ni individual, sino el reflejo de una sociedad que legitima el dominio masculino sobre la vida de las mujeres”, concluyó Blandón.