La ONU investigará el negocio de la dictadura con la represión

Han pasado casi tres años desde que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó el Grupo de Expertos sobre Nicaragua para investigar las violaciones y abusos cometidos desde abril de 2018. Su trabajo ha permitido concluir que se han cometido crímenes de lesa humanidad, han identificado a la estructura de la represión y en último informe han comprobado la participación del Ejército de Nicaragua en la represión. 

En la siguiente fase la investigación seguirá para saber cuáles son los actores que sacan provecho económico de las operaciones actuales del régimen de Nicaragua. “¿Cuál es el business plan que mantiene esta maquinaria de represión?”, aseguró a DESPACHO 505 el alemán Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos. 

Con el informe presentado este miércoles en Ginebra, los investigadores están identificando claramente el papel del Ejército, junto con la policía y los paramilitares en la represión de 2018 que se cobró más de 300 vidas.  

En las próximas semanas, el Grupo de Expertos revelará una lista de los presuntos responsables de estos crímenes, pero Simon adelantó que está integrada por más de 100 funcionarios.

El informe revela que el Ejército sí participó en la represión a las protestas, esto es importante porque la institución ha mantenido que solo protegieron objetivos estratégicos. ¿Cuáles son los principales hallazgos? 

El 20 de abril de 2018 se realizó una reunión en el auditorio del Estado Mayor en Managua. En ese lugar fueron convocados oficiales del Comando para Misiones Especiales del Ejército, de Inteligencia y Contrainteligencia, todos activos y en funciones. La reunión fue presidida por el general Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor y Néstor Moncada Lau, asesor presidencial de Seguridad.  

El jefe del Estado Mayor dijo que se estaba fraguando un “golpe de Estado” y los oficiales iban a ser asignados a través de diferentes unidades militares para aniquilar a los líderes de estas manifestaciones que supuestamente buscaban desestabilizar el país. Las actuaciones de los oficiales se realizarían vestidos de civil o con vestimenta de cualquier otra institución. 

Tenemos información de que al menos cinco comandos militares regionales participaron en la represión. También lo hizo la fuerza aérea del Ejército. 

Entiendo que en este momento no pueden publicar los nombres de los mandos y funcionarios implicados en la represión a la espera de que venza un plazo para una respuesta del Gobierno, pero en términos de cantidad, ¿cuántos son? 

Estamos hablando de más de un centenar, la pregunta es cuáles son las ruedas que hacen indispensable que la maquinaria funcione. Los que hemos identificado son de particular interés y en su momento lo haremos públicamente.  

¿Cuál debería ser la respuesta de la comunidad internacional al conocer que el Ejército también participó en la represión?, ¿sanciones a la institución? 

Claramente nosotros hemos también hemos pedido para las instituciones que juegan un papel en ese aparato, ya sea el Ejército, la Unidad de Inteligencia y otras que se han instrumentalizado. 

¿Cómo describiría a Nicaragua en medio de todo este contexto represivo y después de una reforma en la que Ortega y Murillo han eliminado el Estado de derecho y subordinado todos los poderes del Estado a su voluntad? 

Es complicado trabajar con calificativos, algunos llaman a Nicaragua como régimen dinástico, otros una dictadura o un sistema autoritario.  

Yo preferiría llamarlo como un sistema de Estado que está diseñado de tal manera para perpetuarse en el poder, hablo de la familia Ortega. Es una reforma constitucional que está hecha a medida de la cúpula que en este momento está dirigiendo al país. Esto, aunque debo confesar que no conozco la Constitución de Corea del Norte, tiene facetas de un régimen como aquel que conocemos.  

Lo que a mí me asombra es que (Ortega y Murillo) buscan legalizar algo que de hecho ya venía haciendo desde hace varios años. ¿Por qué buscamos como régimen legalizar nuestro modus operandi con una reforma a nuestra Constitución? Esa es la pregunta, el resto carece de fundamento para poder calificarlo de algo democrático. 

La principal preocupación que tenemos desde una perspectiva de derechos humanos es que el Estado de Nicaragua quita de sus principios consagrados de la Constitución el de la Dignidad Humana como base del Estado, esto habla por sí mismo. 

¿Este informe puede servir como una herramienta en procesos de investigación penales contra la dictadura como los que se llevan a cabo en Argentina por crímenes de lesa humanidad? 

Sí, desde una perspectiva técnica, el umbral probatorio que nosotros aplicamos coincide con muchas jurisdicciones como umbral probatorio que se necesita para adherir una causa penal y en algunos casos se acerca a lo que se necesita para emitir una orden de captura. 

Otra cosa que nos llama la atención del informe es la implicación del Minsa en la red de espionaje contra toda la población, no solo los opositores. ¿Cómo funciona esa parte? 

El Minsa a través de sus censos levanta datos sobre la población, la cual nutre centros de inteligencia para poder agregar más información sobre todos los hogares.

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Uno podría decir que otros países hacen esto, en muchos países con estado de derecho o sistemas democráticos lo usan para fines de seguridad pública y salud, pero en el caso de Nicaragua esto es instrumentalizado para controlar a la población. No es que esto sea único, sino que el fin para el que se usa la información es único. Esto aplica igual para Telcor, para la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otros órganos que mandan información al Comité Nacional de Inteligencia y seleccionar a los objetivos de la violación.  

¿A nivel técnico, cuál es la metodología que han usado y con cuántas personas han hablado? 

Desde el principio de nuestro mandato hace tres años hemos recabado con 1.534 testimonios y hemos revisado más de 7.000 documentos. Hay pruebas documentales sobre muchos de los implicados en la maquinaria de la represión.  

Ahí quisiéramos hacer un llamado a personas que desde adentro tengan conocimiento y quieran aportar más a la investigación, puedan profundizar lo que sabemos o ampliarlo de tal manera que podamos avanzar con más. 

El Grupo de Expertos ha documentado los crímenes de lesa humanidad y la participación de la Policía y el Ejército en la represión y han identificado a los responsables. ¿Qué sigue ahora en su trabajo investigativo? 

Nuestro mandato finaliza en un mes, pero confiamos en que será renovado. La investigación seguirá para saber cuáles son los actores que sacan provecho económico de las operaciones actuales del régimen de Nicaragua. ¿Cuál es el business plan que mantiene esta maquinaria de represión?