Juan Sebastián Chamorro: “Hay que reformar el Presupuesto de la República para aumentar el gasto en salud”

El director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demanda a la dictadura responder a la crisis de coronavirus con todas las “herramientas posibles”.

En las últimas dos semanas diferentes cámaras empresariales y organizaciones políticas han presentado una serie de medidas sociales y económicas para afrontar la pandemia de Covid-19. La dictadura de Daniel Ortega las ha ignorado, contrario a sus homólogos de la región centroamericana que han salido al rescate de empresas y ciudadanos que se han visto afectados por la crisis.

Hoy la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha publicado un documento en el que plantea al régimen algunas líneas de acción de cara al coronavirus. “Algunas de las medidas que estamos enumerando no requieren recursos fiscales, requieren voluntad política”, comenta el director ejecutivo Juan Sebastián Chamorro.

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“El costo de estas medidas rebasará nuestra capacidad fiscal rápidamente”, agrega la Alianza, que plantea respuestas a las preocupaciones como la asfixia que sufren empresas por las reformas a Ley de concertación tributaria y el alto costo de la energía. Tmbién recomienda suspender por los próximos tres meses el pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA), el Impuesto de Bienes Inmuebles, la Cuota Fija y los tributos que cobran las municipalidades. 

En política monetaria:

Mantener la política de libre convertibilidad de la moneda y asegurar el sostenimiento del tipo de cambio nominal, manteniendo para ello la actual política cambiaria.

En política financiera:

Abrir líneas de créditos de emergencia hacia la banca privada a fin de asegurar que el crédito no se disminuya más.

Reducir encaje a fin de que más recursos puedan ser destinadas a los clientes bancarios.

Creación de fondos de garantías que respondan por préstamos de pequeños y medianos productores y comerciantes.

Suspender por tres meses el pago de cuotas de préstamos, sin detrimento del historial crediticio.

Suspender el pago de hipotecas por tres meses.

En política económica:

Suspender el pago de agua y luz por tres meses, así como prohibir el corte de dichos servicios. El pago de estos cobros pendientes se podría ir prorrateando en el tiempo una vez superada la crisis.

Promover que las empresas de telecomunicaciones no suspendan servicios de telefonía celular ni de internet, necesarias para mantener a la población informada.

Reducir por tres meses los precios de los combustibles del gas licuado, en virtud de la disminución de los precios internacionales del petróleo.

Reducción de los precios de los combustibles en proporción a la disminución de la caída de los precios internacionales del petróleo.

Crear un programa especial de atención a trabajadores de cuenta propia, que dependen de su trabajo diario para poder subsistir

En política fiscal:

Reformar el Presupuesto General de la República y crear un fondo de emergencia a fin de atender necesidades de urgencia durante la pandemia.

Suspender el pago del impuesto sobre la Renta, del Valor Agregado y el Impuesto Selectivo de Consumo por tres meses.

Suspender del pago de Cuota Fija, impuestos que cobran las alcaldías por tramos comerciales en el mercado y el Impuesto a Bienes Inmuebles (IBI) por los próximos tres meses.

¿Tiene la capacidad el Estado para impulsar estas medidas que propone la Alianza Cívica?

Algunas de las medidas que estamos enumerando no requieren recursos fiscales, requieren voluntad política. Por ejemplo, si una maquila está al borde del cierre porque no tiene pedidos, en vez de cerrar se puede transformar para fabricar mascarillas y material de protección. En este caso debe haber voluntad política y administrativa por parte de la Corporación Nacional de Zona Franca de permitir que parte de esa producción, debido a la necesidad que hay en el país, se pueda introducir sin impuestos.

También hay recursos fiscales dentro del Presupuesto General de la República como ha ocurrido en el mundo ante la emergencia. Me refiero a una reasignación del PGR para reducir gastos que no son prioritarios. En la Alianza proponemos que aumente el gasto en salud, principalmente en la protección del personal sanitario y en el tema de los ventiladores, porque van a ser necesarios. También propusimos una moratoria en pagos de agua y luz para que se genere un respiro. 

Habla de reformar el PGR y la creación de un fondo de emergencia, ¿cómo se puede financiar si Ortega no está accediendo a fondos internacionales y lo que hay son dos millones de dólares donados por el BCIE y Taiwán? 

Hay gastos que pueden ser suspendidos dentro del Presupuesto General de la República, es un Presupuesto bastante grande y siempre se pueden encontrar partidas que reasignar. Esto es común en el mundo. Los eventos turísticos y desfiles de moda pueden cancelarse, esto cuesta plata al sector público, a los contribuyentes, y uno puede encontrar eventos de este tipo, suspenderlos y liberar los recursos del PGR para atender la pandemia. Se puede reasignar recursos. Por otro lado, el BCIE anunció un programa de US$1,900 millones para Centroamérica y si se asumen que habrá parte igual para todos los países miembros fundadores de la región, le corresponden a Nicaragua entre US$300 y US$400 millones para atender la pandemia. 

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Como Alianza, estamos a favor de este tipo de recursos para atender las necesidades, aunque sí estuvimos en contra de préstamos para financiar a la Policía. Hay alguna posibilidad de acceder a recursos externos, sabemos que a nivel mundial los pagos a deuda externas están suspendidos. 

¿A qué instituciones se les pueden ajustar los presupuestos?

Hay algunas empresas públicas que son súper solventes, o eran antes de la crisis como la Empresa Administradora de Aeropuertos, la Empresa de Puertos e instituciones como la Alcaldía de Managua, que ha mostrado solvencia en sus operaciones porque recibe mucha plata de mercados. En situaciones de este tipo hay que ser creativo y encontrar soluciones a la problemática. 

La Alianza en su propuesta menciona suspender impuestos como el IBI, el IR, ¿qué impacto tendrá la crisis en la capacidad recaudatoria del Gobierno? Partamos de que la economía lleva dos años en números rojos.

La capacidad recaudatoria del Estado está comprometida desde hace dos años y estará peor producto de la crisis. Lo que nosotros proponemos es que cuando tenés situaciones de esta naturaleza, debés proteger al consumidor, el bolsillo de los ciudadanos para preservar la actividad económica y que no se mueran los negocios. No hablamos de eliminar totalmente los impuestos sino de una moratoria de los servicios para que, mientras dure la crisis, la gente pueda sobrevivir, luego se va viendo cómo se ajustan. Tenemos que afrontar la crisis con todas las herramientas posibles, y este llamado también lo hacemos al sector privado. 

Es importante que el Gobierno decrete un Estado de alarma, ¿usted qué explicación encuentra a esta actitud del Gobierno de no hacer nada? Supongamos que quiere proteger la economía, pero el costo de no hacer nada ahora será mayor en los próximos años.

Declarar un Estado de emergencia siempre lleva costos económicos para un Gobierno porque se suspenden los flujos de ingresos. La explicación de no declarar el Estado de emergencia o de calamidad es para proteger sus finanzas públicas, no es para proteger a la población. 

¿Esta crisis será peor que la crisis de 2018?

Será peor porque ya venía golpeada y ahora viene a afectar otras actividades que no estaban afectadas antes de la crisis, en particular las remesas, y las exportaciones de zona franca que suman más US$2,500 millones. La economía antes de la crisis iba a crecer a negativo 1, pero con el virus crecerá a negativo 5.

Los ciudadanos urgen medidas de los bancos, pero por su cuenta las instituciones no pueden tomar decisiones, es decir que se necesita la bendición del Gobierno.

El sector bancario es regulado porque maneja plata del público y es supervisqeo. Cualquier medida debe tener el visto bueno del Gobierno. La última palabra la tiene la Siboif. Ya se hizo la solicitud para que se aplicara esta moratoria, pero se fueron de vacaciones en Semana Santa.

Funides, Cosep y Amcham anunciaron en marzo la creación de un fondo para atender la pandemia, ¿cómo avanza eso?

El fondo está constituido, hay una fuerza de tareas que se reúnen constantemente y se están tomando acciones de solidaridad. Tenemos que tomar en cuenta una cosa muy importante y fue la negativa que se le dio a monseñor Rolando Álvarez, en Matagalpa, de emprender acciones de solidaridad. Para nosotros es importante tomar en consideración esto. Queremos distribuir materiales de protección y establecer un centro de llamadas, aunque la capacidad de atención la tiene el Estado de Nicaragua porque es el dueño de hospitales y centros de salud, o sea, es su responsabilidad. 

El Gobierno podrá hacer lo mismo con las iniciativas similares a las del obispo Álvarez.

Por eso estamos tomando las medidas correspondientes.

¿Qué otro avance puede comentar?

Tenemos todas las comunicaciones que ha habido del Comité Interdisciplinario de Científicos. Ha sido un comité activo haciendo un trabajo de divulgación, al igual que la Unidad Médica. Estamos evaluando cómo hacemos centros de llamadas, pero esto requiere financiamiento y se está trabajando en ello.

¿Qué instituciones tocarán para financiar la iniciativa?

La solidaridad debe expresarse por todos y cada uno de los sectores de la sociedad. No sólo hablamos de la necesidad de recaudar recursos financieros, sino también expresar la solidaridad humana.

Las cámaras coinciden que el alto costo de la energía las está asfixiando y por ello hablan de la necesidad de ajustar el pliego tarifario, pero la Cámara de Energía no comparte este planteamiento. ¿Hay división en el sector privado sobre estos temas?

Nosotros creemos que el precio de los combustibles y su disminución debe ser trasladado a los consumidores. La reducción del precio del petróleo ha sido tan significativa que nosotros como consumidores debemos sentir esa disminución.

¿Hay unidad en el sector privado sobre estas medidas?

Yo creo que sí, hubo un comunicado de seis cámaras del Cosep que fue bastante contundente.

Seis de más de 20 cámaras…

Se pronunciaron la Cámara de Industria, de Comercio, de Turismo, que son gremiales de la economía que en su conjunto representan una parte importante del PIB, es así como hay que verla.