MANAGUA — La justicia no llegará mañana. Es un camino sinuoso el que han emprendido los familiares de nicaragüenses asesinados por alzarse contra el régimen orteguista a partir de abril de 2018.

“Puedo asegurar que el esfuerzo en la búsqueda de la justicia da frutos”, sostiene la defensora de derechos humanos Claudia Paz y Paz cuando, dos abriles después, se le pregunta cuánto tiempo más tendrán que esperar los familiares de los asesinados para ver pagar a los responsables de esos crímenes.

Claudia Paz y Paz, es directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Centroamérica y México, exfiscal General de Guatemala, catedrática y defensora de derechos humanos. Ella conoce de cerca la situación de Nicaragua, pues formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que documentó y analizó cuatro eventos de violencia seleccionados entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.

El informe proporcionado ha sido un valioso insumo para las madres y familiares de las víctimas de la represión desatada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya que recaba la poca o nula intención del Estado de Nicaragua por brindar justicia a quienes la demandan. 

Paz y Paz sostuvo una entrevista telefónica con Despacho 505 para comentar sus impresiones a dos años de la rebelión cívica. 

¿Cuál es su apreciación sobre la búsqueda de justicia de las madres y familiares de las víctimas de la represión en el año 2018? ¿Se ha brindado algún tipo de seguimiento a las familias que desde hace dos años exigen castigo para los responsables?

Te comento que los objetivos de la Asociación Madres de Abril (AMA) son completamente legítimos. Ellas se constituyeron justamente después que algún familiar fuese asesinado durante la crisis del 18 de abril que se desató en Nicaragua y, pues, sus esfuerzos por la búsqueda de la verdad y la búsqueda de justicia son extremadamente importantes, para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.

Desafortunadamente el sistema de justicia de Nicaragua, no es un sistema de justicia independiente, que tenga las garantías para hacer investigaciones eficaces y dar con los responsables de estas terribles violaciones a los derechos humanos y sancionarlos.

A dos años de iniciada la crisis no hay una sola persona condenada y creo que ni siquiera se han iniciado investigaciones en contra de las fuerzas de seguridad responsables, en muchos de los casos, de las muertes de los muchachos, de los asesinatos de los chicos.

Nosotros como GIEI clasificamos estos crímenes como crímenes de lesa humanidad y, en ese sentido, sabiendo que en Nicaragua no hay en este momento condiciones de justicia, urgimos a los países del hemisferio que iniciaran investigaciones de oficio sobre estos crímenes, porque el principio de jurisdicción universal así lo permite.

Ahora, como CEJIL nosotros no hemos dado seguimiento a estos casos, en algún momento si hemos brindado herramientas teóricas a las Asociación Madres de Abril, en talleres de formación sobre los principios de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, pero no más que eso.

Cuando uno habla con las familias percibe y manifiestan temor, han sufrido persecución, cárcel, exilio por su demanda de justicia. ¿Hay algún mecanismo legal para abrir una causa por estas afectaciones a las familias por parte del Estado? Me refiero a una condena a futuro.

Sí, definitivamente, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad lo más fuerte son los asesinatos, pero nosotros en el GIEI documentamos que junto a los asesinatos había detenciones masivas, personas que eran lesionadas y había, lo que podríamos configurar como persecución, que eran estas personas que se solidarizaban con las víctimas, que buscaban justicia y recibían acoso, amenaza e incluso asesinatos.

En los crímenes de lesa Humanidad se enmarcan lesiones, asesinatos, privación de libertad, pero engloban también incluso otros aspectos de violación de derechos como la negación de derechos a la salud, personas que fueron expulsadas de la universidad o amenazas, que son parte de este mismo patrón de persecución a opositores políticos. La persecución y amenazas son también crímenes de lesa humanidad.

En el caso de las familias que han pedido asilo o refugio y les ha sido negado ¿Cuál sería la ruta a seguir? Debido a la “normalidad” que pregona el régimen y la llamada Ley de Amnistía muchos Estados creen que sí hay garantías para el retorno y no las hay.

Creo que depende de la legislación en cada país, pueden impugnar la denegatoria del otorgamiento de asilo, porque la situación está muy lejos de ser normal en Nicaragua, pero para nosotros, las organizaciones de derechos humanos, hay una tarea muy importante y es hacer visibles estas violaciones a derechos humanos que continúan ocurriendo en el país y llevarlas a los foros internacionales de derechos humanos como lo hemos hecho, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recordar que en Nicaragua se continúan violando los derechos humanos y las personas continúan sufriendo persecución por sus opiniones, por sus expresiones.

¿Hay algún caso que pueda tener un punto de comparación con la situación que vive Nicaragua, que pueda decirles a las familias, dentro de tanto tiempo vamos a ver justicia, o seguimos esperando un cambio milagroso en el país?

Personalmente la situación que conozco es la situación de mi país, de Guatemala, donde los esfuerzos valientes de las víctimas fueron los que llevaron a la justicia a los más altos jefes de Estado, altos funcionarios militares responsables de crímenes tan fuertes como genocidio, crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia, violación sexual y están ya condenados, no es una.

Lamentablemente en Guatemala eso ocurrió muchos años después, sobre todo cuando son regímenes autoritarios como el caso de Nicaragua, (la justicia) no es algo que ocurrirá de la noche a la mañana, pero sí puedo asegurar que el esfuerzo de las víctimas en la búsqueda de la justicia da frutos.

¿Deberá ser necesario eliminar la Ley de Amnistía que aprobó el Gobierno el año pasado para en un futuro tener justicia para las víctimas en Nicaragua?

Esa Ley de Amnistía no es aplicable a crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a derechos humanos, hay abundante jurisprudencia en el sistema interamericano que señalan que estos crímenes no son amnistiables y menos los perpetradores se pueden autoamnistiar, no se pueden perdonar sus propios crímenes así que esta ley no cobraría vigencia para permitir la impunidad de estos graves crímenes.

Como GIEI no conocimos de ninguna investigación en contra de la Policía, los antimotines, los grupos paraestatales; no había investigaciones y las investigaciones que conocimos por asesinatos, creo que de 109 casos fueron diez casos donde se acusaba a personas que no habían sido las responsables, en la mayoría de los casos la hipótesis fiscal se sostenía en declaraciones de testigos que eran empleados gubernamentales, cuyos testimonios se contradecían con las pruebas científicas.

A dos años hay desesperanza, ¿cuál sería su recomendación para estas familias que exigen justicia?

Lo que vivimos en Guatemala nos dejó como enseñanza que el trabajo que se realiza en la documentación de las denuncias, los esfuerzos por la búsqueda de la verdad, acciones como las de las Madres (de Abril) con el Museo (de la Memoria), que es un trabajo maravilloso; todos esos esfuerzos luego se transforman en justicia, que, aunque no veamos los frutos ahora, todas estas semillitas que estamos sembrando permiten que no se olvide lo que ha ocurrido, documentar todo para que en un futuro cercano dé sus frutos.