“Impunidad en masacre de Bosawas enviaría un mensaje peligroso”, dice ambientalista Amaru Ruiz

Detrás de la masacre en Bosawas, donde al menos dos personas habrían sido asesinadas por invasores, hay intereses de las mafias de madera, tierra y ganado. Las autoridades conocen la situación, hay cabecillas identificados, pero no intervienen, denuncia la Fundación del Río.

Las autoridades nicaragüenses están obligadas a investigar y llevar a la justicia a los autores de la última masacre registrada este miércoles en la reserva de biósfera Bosawas, donde al menos seis personas habrían sido asesinadas por colonos invasores. De lo contrario, “se enviaría un mensaje peligroso de impunidad” que desataría una mayor conflictividad en la zona y nuevas matanzas, advierte Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.  

Han pasado dos días desde que se conoció la masacre, pero hasta ahora no hay información clara. La Policía Orteguista dio a conocer este jueves que investigaba el caso y redujo la cifra de fallecidos a dos, pese a que líderes comunitarios hablan de al menos seis asesinados y 10 desaparecidos.  

Detrás de la invasión de colonos en Bosawas, un área que debería estar protegida por el Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua y la Policía, hay grandes intereses de las mafias de tierra, ganado y madera, además de un histórico silencio institucional e impunidad en los casos, denuncia Ruiz.  

“Aquí debe haber una investigación y llevar a los culpables a la justicia, como sucedería en cualquier país democrático, pero no hay voluntad política para dar seguimiento a estos casos”, sostiene.  

El Ejército de Nicaragua, el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y la Secretaría de Comunicación de la Presidencia siguen sin pronunciarse al respecto.  

¿Cómo se califica el silencio institucional? 

Hay una negligencia institucional desde hace años en estos casos. El Ejército de Nicaragua no se ha pronunciado, recordemos que el Batallón Ecológico es la unidad técnica especializada en temas de protección de recursos naturales, áreas protegidas y territorios indígenas, pero hasta ahora no se ha pronunciado. Tampoco se ha pronunciado la Presidencia, el Marena y otras instituciones que deberían velar por estas comunidades.  

Esto demuestra que hay una negligencia en situaciones como estas, situaciones que no han sido de este año. Ya hemos denunciado masacres en Indio Maíz y crisis en los territorios indígenas misquitos y así desde hace más de 10 años que se viene denunciando la invasión de colonos en las reservas naturales. Esta situación nunca ha sido atendida de parte de las autoridades del Estado.  

¿Cuáles son las consecuencias de esa pasividad estatal en estos casos? 

Esto ha provocado que haya una impunidad, incluso los asesinatos selectivos en las zonas rurales ocurridos desde antes de abril de 2018 no han sido atendidos. No hay ninguno de estos casos que tenga justicia alrededor de los actores que han perpetrado masacres como estas. Ese mensaje está llegando a la población que invade estos territorios.  

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¿Cómo se explica que se den a menudo estos conflictos de tierra en estos territorios? 

Las personas en estos territorios se han tenido muchas veces que desplazar por el temor a masacres como esta. Hay algunas comunidades que se han resistido y han entrado en conflicto con estos colonos. Cuando esta situación ocurre es el resultado de esos conflictos anteriores, porque recordemos que los dueños de esos territorios son las comunidades indígenas mayagnas. Al entrar invasores a tratar de ocupar sus tierras ellos de alguna manera van a resistir a esa invasión.  

El grupo de colones armados a quienes responsabilizan por esta masacre son los llamados “Kukalón” y que está liderado por una persona de nombre Chévez Meneses, pero no vamos a tener confirmación de los hechos hasta que haya realmente justicia y la aplica, de alguna manera, el Batallón Ecológico como la Policía.  

Recordemos que estas poblaciones se asientan en zonas rurales, son personas sin armas, civiles y que al llegar los colonos armados el nivel de respuesta y de resistencia es mucho menor. En estos lugares la Policía y el Ejército deberían estar permanentemente tratando de evitar este tipo de masacres, pero están en otros menesteres, otras acciones que tienen que ver con andar persiguiendo a preso políticos o perseguir a opositores en las zonas rurales.  

La Policía y el Ejército no están cumpliendo con su deber constitucional de dar seguridad tanto en el campo como en la ciudad y proteger a estos grupos vulnerables como son los indígenas. 

Ellos tienen el deber de estar en estos territorios y se ha formado el Batallón Ecológica para proteger las áreas protegidas, pero no han actuado frente a estos invasores, pese a manejar la información.  

No hay una actuación alrededor de las autoridades para enfrentar la invasión a estos territorios indígenas. La Ley 445 definió la etapa de saneamiento como la etapa para poder identificar y desalojar a las personas que estaban ocupando territorios indígenas, pero esta etapa no ha sido del interés ni de las autoridades civiles, ni policiales o militares.  

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¿A qué se debe esa pasividad estatal? 

Representa toda una acción que va en contra de algunos intereses ganaderos e intereses madereros que son los que propician que haya impunidad en la zona, sobre todo cuando estos colonos llegan a estas zonas, deforestan los bosques y después instalan pasto para ganado que de alguna manera es lo que van a comercializar a nivel internacional.  

A pesar de que conocen la situación y hay un marco jurídico que mandata a estas instituciones del Estado en establecer los mecanismos para llevar a cabo la etapa de saneamiento, esto nunca llegó a las comunidades indígenas.  

Entonces estos colones ni siquiera tienen la intención de quedarse a vivir allí, llegan simplemente con la intención de explotación de los recursos naturales.

Sí. Se han hecho al menos dos estudios en los que se demuestra cómo han sido los procesos de deforestación e invasión a esos territorios de Bosawás y efectivamente hay toda una mafia ganadera, una mafia de tierra, de compra y venta ilegal de ganado dentro de la reserva. A raíz del conflicto en las comunidades misquitas en 2016 se elaboró un informe en la Asamblea Nacional en el cual se detallaba la situación de que algunos abogados se habían prestado a la comercialización de tierras en las reservas naturales, violando la ley al emitir títulos de propiedad en territorios indígenas.  

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Tenemos toda una red de tráfico de especies, madera y tierra, así como el aumento de los procesos de expansión de la ganadería dentro de la zona núcleo de Bosawas. Ese patrón de comportamiento también está en la reserva Indio Maíz, es decir, en las áreas protegidas de Nicaragua. El Estado tiene toda la información para actuar, pero nunca lo han hecho, mucho menos ahora desde abril de 2018 en el contexto de la crisis.  

¿Cuáles son las consecuencias de la escasa presencia del Ejército y la Policía en estas zonas? 

Esto genera un proceso de conflictividad y el aumento de los procesos de invasión, hace que lleguen más colonos y desplacen a las comunidades indígenas, dando lugar a masacres como estas. Estos casos están quedando en la impunidad.  

¿Cuáles son los precedentes que podría dejar que esta masacre en Alal quede en la impunidad, ¿cuál es mensaje que se manda sobre todo en este contexto de crisis? 

Esta es una masacre, la masacre del año pasado en Indio Maíz es otra masacre y las ejecuciones extrajudiciales en el campo también son una masacre que se encuentran en la impunidad. Es decir, no hay atención a estos casos, no hay justicia y eso manda un mensaje peligroso a que los criminales que están invadiendo los territorios pueden hacer cualquier cosa y no van a tener una repercusión con la justicia. Eso es un mensaje muy peligroso porque lo que estamos viendo es que aumenta la conflictividad social, una descomposición social; eso es peligroso para toda la sociedad que pone en peligro la estabilidad del país.  

Aquí vemos una responsabilidad clara de la Policía y del Ejército. Si la Policía no puede guardar el orden ni a nivel de ciudad y a nivel rural, el Ejército debería asumir un rol preponderante para desarmar a estos grupos armados. ¿Cómo es posible que grupos de colonos civiles estén armados?, ¿quién les dio permiso de portar estas armas?, ¿por qué están armados en una zona rural que debería ser custodiada por el Batallón Ecológico? 

¿Cuál debería ser el actuar de las autoridades en el caso de esta masacre y qué se debe hacer para evitar que se repitan? 

La respuesta institucional te la da todo el marco legal institucional, eso de alguna manera ya está definido. Lo cierto es que cada día se tardan más en comunicar la situación. En esta masacre de Bosawás la Policía vino a sacar un comunicado un día después, las instituciones del Estado no se han pronunciado, ni la Secretaría de Comunicación (de la Presidencia), ni el Marena, ni el Ejército. Tenemos poca atención y negligencia para enfrentar esta situación.  

Aquí debe haber una investigación y llevar a los culpables a la justicia, como sucedería en cualquier país democrático, pero no hay voluntad política para dar seguimiento a estos casos.