Paulo Abrão: “En Nicaragua la represión es una práctica normalizada”

El defensor de derechos humanos brasileño Paulo Abrão advierte de una sofisticación en el esquema represivo que la dictadura que Daniel Ortega ha instalado Nicaragua. Se refiere a las deportaciones, despojo de nacionalidad, exilio forzado y, más recientemente, la "libertad condicional inmediata" impuesta a ciudadanos que no han sido condenados.

Abrão conoce de primera mano la grave situación que atraviesa Nicaragua desde abril del 2018, cuando estallaron protestas ciudadanas. Entonces, en calidad de Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), recorrió el país y palpó la violencia. Escuchó testimonios de estudiantes, defensores de derechos humanos, pobladores, madres y ciudadanos víctimas de la represión que Ortega convirtió en el pilar que lo sostiene en el poder.

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Cinco años después, de manera independiente Abrão sigue de cerca lo que ocurre en Nicaragua y alza su voz para alertar sobre las sistemáticas y cada vez más graves violaciones a los derechos humanos en el país.

En este quinquenio de terror, identifica que aunque Ortega ha afinado sus métodos represivos en su afán de controlar el país e infundir miedo para tratar de callar las voces disidentes, "no ha dejado de utilizar a la prisión como un chantaje y a los presos políticos como moneda de cambio político".

En esta entrevista con DESPACHO 505, Abrão elogia a los nicaragüenses que a pese al cerco dictatorial siempre encuentran “nuevas maneras de denunciar y no rendirse en su lucha por volver a las vías democráticas”. Es esperanzador, dice porque él mismo espera volver pronto a una Nicaragua libre y democrática.

¿Cómo valora la situación de Nicaragua a cinco años del inicio de las protestas del 2018?

Pese a lo cruento del régimen, el pueblo de Nicaragua continúa luchando por su libertad, recordando, de diferentes maneras, a la comunidad internacional que la situación solo empeora. La sofisticación de las prácticas y métodos evolucionó estos últimos meses, pero también se hace cada vez más evidente la soledad y el auto aislamiento del Gobierno de Ortega – Murillo.  La deportación forzada, la confiscación de bienes, el cierre del espacio público, la arremetida violenta de la persecución con detenciones ilegales y esta práctica de “presión giratoria”, sumado a la desprotección de los pueblos indígenas nos hablan de una población en constante lucha, dentro como fuera de su territorio nacional.

La noche del 3 de mayo la Policía ejecutó detenciones masiva seguidas de acusaciones exprés por delitos relacionados a traición a la patria, ¿es un nuevo método de represión?

Si y no, porque en verdad ha profundizado el mismo método que viene desarrollando desde el inicio de su avanzada contra el ejercicio de los derechos humanos, el Estado de derecho y las libertades democráticas en el país. Las detenciones nocturnas ya eran una práctica. De otra mano, hace uso de la libertad condicional inmediata, eso es una novedad.

Los patrones represivos continúan en un Gobierno en constante negación. En Nicaragua la represión es una práctica normalizada, la persecución política, la criminalización, la falta total de debido proceso, las condenas políticas donde el régimen endurece su crueldad a través de la tortura y malos tratos, inclusive hacia los familiares buscando derrotar psicológicamente y espiritualmente a los detenidos.  A ello se suma la sofisticación de este sistema autoritario que en su afán de control encontró en la deportación y el exilio forzado una respuesta a sus problemas inmediatos, pero que no ha dejado de utilizar a la prisión como un chantaje y a los presos políticos como moneda de cambio político.

Qué está buscando el régimen con estas acciones y cómo se ven desde fuera del país. ¿Ortega quiere imprimir más miedo y terror entre las personas que ellos perciben como opositores? ¿Quiere un país en silencio?

Primero, hay que entender que tenemos un Estado en negación, donde los organismos multilaterales tampoco pueden acceder ni físicamente, ni a información fidedigna sobre lo que sucede. Es en una situación de auto aislamiento y en desacato a los diferentes sistemas de derechos humanos.

Ahora, aun en condiciones precarias, todos los informes y reportes producidos estos últimos años, entre ellos el de la Coalición Nicaragua Lucha ya el 2021 que recoge las voces de las víctimas, señalaba que las prácticas y métodos llevados a cabo en Nicaragua son características de una dictadura, entre ellos los crímenes de lesa humanidad que confirmó el  Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU y antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

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Entonces, siguiendo la línea de la anterior pregunta, las prácticas y métodos denunciados en Nicaragua han sido utilizados también en los peores regímenes autoritarios de la región como en Argentina, Uruguay o Chile, en los años 70s y 90s. 

Lo que Latinoamérica tiene que entender es que en pleno siglo XXI, en Nicaragua el aparato represor se extendió hacia otros espacios de la vida diaria del individuo y el uso del miedo al momento de denunciar y la autocensura no solo cala profundo en el tejido social, sino que tiene afectaciones profundas en el derecho al acceso a información, ya que desde hace tiempo es difícil tener datos y cifras consolidadas debido al amedrentamiento a las familias de las personas perseguidas y presas políticas.

Lo importante a destacar en el caso de Nicaragua es que el tejido social roto por la violencia estatal, golpeado por la dura situación de desplazamiento forzado debido al exilio, ha encontrado en la lucha por la libertad el mejor motor que los impulsa. Creo que pese a todas las maniobras del régimen de Ortega-Murillo han realizado, las y los nicaragüenses nunca van a quedarse en silencio, han dado su vida por ello, y no se callarán jamás hasta conseguir volver a la democracia y mientras exista la impunidad, no habrá silencio.

¿Cuál debería ser la respuesta de la comunidad internacional ante estas acciones del régimen? ¿Cuál es el peligro de la pasividad de los gobiernos de la región ante esta escalada represiva en Nicaragua? ¿Puede esto replicarse en otros gobiernos autoritarios si ven que la comunidad internacional se queda quieta?

Hace un mes se hizo público el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que fue creado por la ONU, donde además de confirmar los crímenes de lesa humanidad en el país, incluso apunta a posibles responsables, también da recomendaciones que nos ofrecen una perspectiva. 

Una de las posibilidades que debatieron los expertos ONU es el tema del principio de jurisdicción universal tal cual hoy ocurre en la causa Argentina, e inclusive se podría activar en España (ahora que está nacionalizando a las víctimas). 

Esa es una gran apuesta a seguir, el informe reivindica el deber internacional, la obligación internacional de protección, señalando que los países que tendrían víctimas nacionales durante la represión del 2018 también tienen la obligación y deber actuar en su jurisdicción con acciones judiciales. Se conocen víctimas de EE.UU., Brasil, Francia y Costa Rica, entonces la presión internacional debe ir por ahí frente a la omisión de la justicia interna nicaragüense. Acompañar el caso de la estudiante Raynea que tramita ante la justicia brasileña también es importante. Y debemos seguir presionando para que la CIDH envíe urgente los casos más recientes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Por otro lado, ante las violaciones denunciadas, los gobiernos y también los organismos multilaterales tienen responsabilidad en materia al principio democrático, es decir, independiente de eventualmente tener una línea de condena o de diálogo, no elimina la responsabilidad que los países de Latinoamérica y el mundo se pronuncien sobre la democracia en Nicaragua y la exigencia del derecho a las víctimas, y de solicitar que todas las obligaciones internacionales en el país sean respetadas, específicamente en materia de garantizar la reparación integral, la memoria, la justicia y el derecho a la verdad del pueblo nicaragüense.

 ¿Existen posibilidades reales de que Nicaragua retome el camino de la democracia en un corto plazo? qué se necesita para lograrlo?

El pueblo nicaragüense continúa resistiendo, dentro y fuera del país. Es muy esperanzador ver que ante el terrorismo de Estado que no ha cesado, las personas nicaragüenses acompañadas también de la comunidad internacional logran crear nuevas maneras de denunciar y no rendirse en su lucha por volver a las vías democráticas. Estoy seguro que vamos a volver a Nicaragua y será en un país libre y democrático, un país que se reconstruirá desde la memoria y la justicia.