Temen por integridad física de nicaragüense deportado de Costa Rica
Desde el 11 de noviembre el nicaragüense Walner Antonio Ruiz Rivera de 37 años y que se identifica como opositor a la dictadura Ortega-Murillo, fue deportado de Costa Rica, por el puesto fronterizo Peñas Blancas, y desde entonces su paradero es una incógnita,según dednuncia su esposa Leonor Loáisiga Gaitán.
“No sabemos con exactitud dónde se encuentra, pero sospecho que desde el día de su deportación lo trasladaron de Peñas Blancas a las celdas de Auxilio Judicial Nacional de Managua, pero han transcurrido 24 días y aún no tengo información de mi esposo”, explicó Loáisiga a DESPACHO 505.
Agregó que su preocupación es aún mayor, debido a que la policía no ha presentado oficialmente a su esposo tal y como solían hacerlo con otros presos políticos que acusan por diversos delitos.
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“Él era uno de los opositores de Masaya más buscados y al no tener ninguna información de su paradero, temo por su integridad física o que sea víctima de actos de venganza por haber participado en las protestas antigubernamentales de abril del 2018” señaló.
Desde julio del 2018 la Policía Orteguista buscaba a Ruiz Rivera, junto a otras nueve personas que estuvieron involucradas en las protestas y el levantamiento de tranques de la ciudad de Masaya, a las cuales les imputan los cargos de crimen organizado, asesinato, secuestro y profanación de cadáveres y entorpecimiento de servicios públicos.

Pero el 23 de julio, antes que la policía diera a conocer a medios oficiales la orden de captura, Ruiz Rivera logró salir de Nicaragua por puntos no habilitados de la frontera sur, para exiliarse en Costa Rica, donde llegó con la esperanza de poder resguardar su vida
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Cinco días después de haberse refugiado en suelo costarricense, la fiscalía incluyó a Ruiz Rivera en una acusación que presentó contra 13 opositores en el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua, por seis delitos entre ellos el asesinato del teniente de la Policía Gabriel Vado Ruiz, ocurrido el 15 de julio del 2018 en Masaya.
En el proceso judicial que se ventila por separado, debido a que no todos los acusados se encuentran detenidos, la fiscalía le atribuye a Ruiz Rivera los delitos de terrorismo, secuestro extorsivo, robo agravado, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y profanación de cadáveres en perjuicio del oficial de la Policía..
Al refugiarse en Costa Rica, el opositor monimboseño pensó estar a salvo de esas acusaciones que han sido catalogadas por defensores de derechos humanos y su esposa como “injustas y prefabricadas”, pero el pasado 11 de noviembre las autoridades de migración costarricense lo entregaron a la dictadura de Nicaragua.
Según su esposa, pese a contar con un certificado emitido por el poder judicial de Costa Rica que demuestra que su esposo no posee antecedentes penales, las autoridades migratorias de este país lo acusaron “injustamente” de varios delitos lo cual es “totalmente falso”. También lo acusaron porque su condición migratoria en este país era irregular, “versión que desmentimos con su carné provisional que le otorgaron para trabajar”, detalló.
La esposa del detenido aseguró que es falso que a su esposo lo hayan deportado de Costa Rica en el 2012, tal y como lo señalaron las autoridades migratorias de ese país.
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Migración de Costa Rica argumentó que Ruiz Rivera fue deportado porque se encontraba “en condición migratoria irregular». Además, señalaron que tenía antecedentes de delito de robo agravado, que se remontan a los años 2004, 2006, 2011, 2017 y 2018.
El régimen orteguista había circulado al opositor nicaragüense a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Finalmente, la deportación hacia Nicaragua se cosumó pese a que había solicitado protección humanitaria por considerarse víctima de violación de derechos humanos de Nicaragua.
La organización de presos políticos también ha denunciado en su perfil de Facebook, que se desconoce el paradero del opositor monimboseño y agregan que fue deportado “arbitrariamente” por migración de Costa Rica para ser entregado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.



