
Cárcel, vigilancia y miedo: la pesadilla de los deportados nicaragüenses desde Estados Unidos
Entre enero y julio reciente 6,300 nicaragüenses fueron montados en un avión y deportados a Managua desde Estados Unidos. Un año antes, fueron 3,323. Para ninguno, el forzado regreso a casa ha sido igual y tampoco ha sido fácil.
Unos tuvieron que pagar una humillación primero y jurarle por escrito perdón a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, el matrimonio de dictadores que gobierna a las malas al país desde el 2007 sostenido con las armas de la Policía, el Ejercito y paramilitares. Para otros, el pago ha sido en efectivo y en moneda dólar, hay a quienes condicionaron a “una libertad controlada” y como era de esperarse de los represores; están a quienes les negaron todo y fueron llevados sin sustento legal desde la terminal aérea a una cárcel del régimen.
Hace unos meses, la denuncia solo sería vista como una más de las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses que desde el exilio no han dejado de señalar los atropellos y crueldades de la pareja de dictadores, pero ahora hay nombres y confesiones, unas públicas y otras privadas que confirman la pesadilla. “Nadie que sea deportado a Nicaragua está seguro. Si estás en la lista como opositor estás en grave peligro”, advierte Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos de la organización en el exilio Nicaragua Nunca Más.
Carrión no exagera. Su organización sigue de cerca la situación de Jeffrey Isaac Jarquin, a quien en las filas opositoras llaman “El Nene”. Al despuntar octubre reciente, Jarquin fue llevado a una prisión en Managua después de aterrizar en un avión con deportados. Antes de eso, Jarquin luchó por un asilo en Estados Unidos debido a la persecución que sufría por haberse unido a las protestas que en abril de 2018 exigieron a Ortega y Murillo dejara el poder y encausar al país de nuevo a la democracia.
El Colectivo de derechos humanos que dirige Carrión dijo además a Infobae que han registrado cerca de 200 casos de deportados a los que régimen sometió inmediato a su llegada a Managua a la obligación de firma diaria en estaciones policiales. “Deben ir a firmar todos los días o van preso”, confirmó un familiar. Otras versiones hablan de pagos al Ministerio del Interior como condición para ingresar al país, como el caso de una religiosa a quienes le permitieron ingresar al país solo si pagaba una especie de fianza debido a que fanáticos de su comunidad, la señalaron de apoyar a manifestantes. Ella había viajado a una misión de su iglesia.
De una cárcel a otra y después a otra más cruel
Jeffry Isaac nació y creció en Bluefields, en el Caribe Sur del país. Iba a la universidad en su localidad y viajaba a Managua para asistir a competencias de físico culturismo. Cuando estallaron las protestas en abril de 2018 se unió al movimiento universitario y se instaló en el edificio de la Universidad Politécnica (Upoli), por entonces el epicentro de la rebelión cívica y trinchera principal de la dirigencia estudiantil rebelde. Según su mismo relato lideró un grupo de hasta 120 universitarios del movimiento de abril y sobrevivió a la masacre de los estudiantes en la Divina Misericordia.
Cuando estuvo en libertad, Jarquín contó que vio morir al opositor Gerald Vásquez cuando los paramilitares del régimen atacaron a manifestantes que ocuparon la Universidad Autónoma (Unan-Managua) en julio de 2018 y que antes, estando en Upoli, llegó a conocer a don Oscar Velásquez el pastor que junto a su familia fue quemado por policías y paramilitares en el barrio Carlos Marx de Managua, uno de los crímenes más terribles de la dictadura de Ortega y de Murillo, documentada por investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y denunciada al mundo como crimen de lesa humanidad.
Jarquin fue secuestrado por policías y paramilitares y apresado entre julio de 2018 y junio de 2019. Después de ser liberado, contó las torturas a la que fue sometido mientras estuvo en la Galeria No.16 de la Cárcel Modelo, en Tipitapa. Cuando fue liberado huyó a Estados Unidos y solicitó asilo. Pero en febrero de este año, fue arrestado por una denuncia de una supuesta agresión y entregado a autoridades de Migración que decidieron su deportación, pese al pago de una fianza que debió dejarlo en libertad.
El opositor pasó ocho meses en una cárcel de Miami-Dade y pese a esfuerzo de abogados y defensores de derechos humanos las autoridades de migración estadounidense lo deportaron a un país al que no debía volver, mientras lo gobiernen represores sin alma como Ortega y Murillo, responsable del asesinato de 350 opositores, la mayoría universitarios, de torturas, secuestros, expropiaciones y expulsiones masiva del país. “En este caso (el de Jarquin) violaron el principio de no devolución, porque estaba más que probado que corre peligro en Nicaragua”, señala el también defensor de derechos humanos Pablo Cuevas. “Sabemos que ahora él se encuentra en una cárcel de máxima seguridad, ¿En qué condiciones? No lo sabemos”, afirmó.
“El torbellino” de ICE y el difícil retorno
Sobre el paradero de Jarquín, las autoridades del régimen se limitaron a decirle a sus familiares que el opositor “tiene cuentas pendientes con la justicia” del régimen. Los familiares de Jarquin decidieron callar, para evitarle un mayor sufrimiento en medio de su desaparición forzosa. Nadie en Nicaragua se toma a la ligera esa prevención y basta un dato para entender el por qué: 9 opositores y críticos al gobierno de Ortega y de Murillo, han muerto bajo su custodia en los últimos siete años según una denuncia pública realizada por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Esas muertes siguen impunes.
“El torbellino” de ICE que regresó a Jarquín y a los más de 9 mil nicaragüenses al país donde un matrimonio ha jurado mantenerse en el poder hasta la muerte cueste las vidas que cuesten, han alcanzado a periodistas que dejaron el país cuando la pareja, desde el poder, los criminalizó, confiscó sus medios y sus bienes personales y los declaró enemigos sin patria. La ironía ha crecido como un vaso de agua que hace tiempo rebalsó sus niveles: huyeron de una cárcel política, fueron puestos en una cárcel para migrantes y hoy les toca luchar contra la amenaza de ser regresados y entregados a las manos de los verdugos responsables de la tragedia de la Nicaragua de los últimos años.
Algunos como el periodista Luis Galeano del medio electrónico Café con Voz, Ariana Quintanilla ex redactora del diario La Prensa, Roberto Collado Urbina excorresponsal de Canal 10 en Costa Rica por citar algunos, fueron detenidos por ICE a pesar en de que tenían procesos legales en marcha. Pero no fue todo, estuvieron al filo de una deportación que ponía sus vidas en peligro.
“Un minuto detenido es un minuto de angustia, de dolor, de sufrimiento y de zozobra, para uno, para nuestras familias”, resumió Galeano días después de su liberación de una cárcel migratoria del Condado de Baker, en la Florida. El periodista fue detenido el 14 de septiembre en Orlando, mientras trabajaba como conductor de Uber. Galeano huyó de Nicaragua en 2018 tras conocer de una orden de captura en su contra y la toma a mano armada del Canal 100% Noticias donde laboraba.
En 2023, y mientras vivía en el exilio, fue despojado de su nacionalidad junto a otros periodistas, abogados, analistas y activistas opositores y víctima de confiscación de sus bienes mediate sentencias de los jueces del régimen. Hoy Galeano “nada en aguas mansas”, después que a finales de octubre una Corte de Migración le aprobó el asilo tras una sostenida presión de organizaciones de derechos humanos, de periodistas y políticos estadounidenses que conocer la realidad que vive Nicaragua.
“Una órbita cruel” para periodistas
En esta vorágine de los migrantes nicaragüenses hay relatos amargos. Un activista que no corrió la misma suerte del periodista y cuyo caso terminó en una deportación, contó que la poderosa oficina federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ICE, responsable de redadas violentas y deportaciones masivas, unas legales y otras no, les recordaron a los uniformados del régimen de su país. “No oyen y te tratan como criminal”, fustigó.
Tras casi seis meses de una detención que consideró injusta en una cárcel de Texas, logró burlar a la dictadura que en Nicaragua hacía planes con su retorno forzado y lucha ahora por un refugio en un nuevo país. “Estoy vivo y en libertad, es lo que cuenta”, dice para este reporte.
Cuevas, lamenta esta especie de “orbita cruel” que viven los nicaragüenses. “Huiste de una cárcel de un dictador primero, vas a una cárcel para migrantes después y ahora te quieren entregar de nuevo en las manos del dictador”, acusó. Cuevas no analiza estos casos con sabiduría de escritorio, a él le tocó acompañar el proceso de detención y amenaza de deportación de la también periodista Josselin Montes hasta lograr su liberación de un centro de detención de Giorgia en febrero de 2024.
Cuevas recuerda que el equipo legal de Montes dio una batalla legal de 10 meses y logró juntar una pila de testimonios que confirmaron la amenaza de exponerla a la crueldad del régimen de Ortega y de Murillo. Felizmente, los abogados convencieron a un juez para que observara los riesgos de su retorno a Nicaragua y este ordenó suspender su deportación. “Mi temor era que (al ser deportada) el régimen me encarcelara, que el régimen me asesinara”, recordó por su lado Montes.
Un riesgo real, no imaginario
Hasta marzo del año pasado, las organizaciones internacionales de apoyo a la libertad de expresión y de los periodistas en la región, contabilizaban 61 medios de comunicación cerrados en Nicaragua por órdenes de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, la mayoría entre 2017 y 2024. Eso obligó a que más de 250 periodistas hayan dejado el país. “Los periodistas son allá (en Nicaragua) un blanco directo de represalias, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, vigilancia y amenazas de muerte”, advierte Cuevas. “Por eso es que buscan protección en otros países”, añade.
Este mes, la Red Latinoamericana de Periodistas en el Exilio, Relpex, expresó con mucha preocupación un aumento en los casos de periodistas detenidos en las redadas de ICE, pese a contar con solicitudes de asilo en proceso. “Es especialmente preocupante, no se respetan las solicitudes u otras peticiones de protección abiertas”, comentó Mariana Belloso a LatAm Journalism Review.
En los informes de Relpex, Nicaragua encabeza la lista de países que han expulsado más periodistas en la región con el 30% de sus casos. Señala la organización que, de los 426 periodistas registrados en la red, 131 ejercían en Nicaragua. La Red advierte que hay comunicadores que han pedido discreción en sus casos para proteger a familiares que se encuentran en el país a los que el régimen también ha amenazado, lo que indica que pueden ser más de los que ellos han registrado.
En una actualización de datos de julio de este año, la organización no gubernamental Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED, con sede en Costa Rica señaló que, desde el estallido social de abril de 2018, 310 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses, la mayoría periodistas, han abandonado Nicaragua; unos por razones de seguridad y otros desterrados por órdenes de la dictadura.
Del número, al menos 20 periodistas buscaron refugio en Estados Unidos según Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Pcin. Esos periodistas, son los que actualmente se encuentran atrapados en la ofensiva migratoria del presidente estadounidense Donald Trump. Otro grupo, tramita asilo en Costa Rica, España, México y otros países de la Unión Europea. “Un periodista que ha sido perseguido por su trabajo o por sus opiniones políticas, y solicita protección internacional no puede ser tratado como un inmigrante más, su situación exige una evaluación individual del riesgo que enfrentaría al ser regresado”, dice al respecto el periodista Miguel Mora.
Mora, que pasó 16 meses en una prisión del régimen de Ortega y Murillo, cuando la dictadura tomó con las armas su Canal de televisión “100% Noticias” en diciembre de 2018, recordó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han documentado torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia estatal en Nicaragua.
“Cuando hablamos de devolver a Nicaragua a un periodista perseguido, no estamos hablando de un riesgo imaginario, estamos hablando de un peligro real, respaldado por antecedentes y denuncias documentadas”, advirtió. “Deportar a un periodista a un país donde ha sido perseguido por informar no es solamente una decisión migratoria; puede convertirse en una decisión con consecuencias irreversibles para su vida y su libertad”, reitera.
Al filo de una dictadura que encarcela y mata
Nicaragua es un país que supervive a una de las dictaduras más crueles del hemisferio. Es gobernada por un matrimonio que cree que nacieron y existen para ejercer el poder y que puede heredarlo a su parentela como los reinos del medioevo. Hace unos meses, el octogenario dictador hasta anunció en plaza pública que había decidido que ya no habría más elecciones en el país para “evitar que los opositores llegaran al poder”.
Semejante declaración causó un repudio internacional que incluyó a amigos ideológicos de dentro y fuera de la región. Le tocó a la esposa del dictador “dorar la píldora” y anunciar unas reformas constitucionales para decir lo mismo que anunció Ortega, solo que más “matizada”, con supuestas consultas que sin un ápice de pena hasta llevaron al Cuerpo Diplomático establecido en el país. Antes, pusieron a los ministros, diputados, jefes policiales, propagandistas y hasta voces del ejército y de la policía que no debieran tener posturas políticas según la ley, a aplaudirlas, porque así funciona el mundo de los Ortega-Murillo.
En Nicaragua, el que le lleve la contraria paga un costo muy alto. Si alguien alguna vez lo hizo, puede que ya no viva, como el mismo hermano del dictador, el general Humberto Ortega, fallecido bajo su custodia en una casa por cárcel que el matrimonio le impuso por declarar que ni Murillo, ni ninguno de sus hijos tienen la capacidad de gobernar si tomaran el poder por herencia. O los 350 opositores asesinados tras la rebelión de abril de 2018, que en todo el país exigieron el fin de la dictadura hace ocho años. Otros, han sufrido confiscación y cárcel como el exasesor económico Bayardo Arce o cárcel, expulsión del país y declaración de apatridia como el caso de los 222 opositores enviados a Estados Unidos hace tres años.
Los periodistas han tenido su parte en esa ofensiva de la dictadura. El periodista Ángel Gahona fue asesinado en el pleno ejercicio de su trabajo durante la cobertura de una de las protestas que exigían el fin del régimen. La tragedia ocurrió en Bluefields, la zona caribe sur del país hace ocho años y sigue impune. Desde el 2018, hasta marzo del año pasado, el régimen ha secuestrado a 15 trabajadores de medios de comunicación entre periodistas, directores y colaboradores de sus redacciones.
Tras su desaparición forzosa, los ha juzgado y condenado por delitos inventados sin defensa legal y en juicios a puertas cerradas. Cuando los liberó, fue para expulsarlos del país, ordenar la confiscación de sus bienes y retirarles la nacionalidad. La ironía es que en el caso de los que se exiliaron en Estados Unidos, la deportación los regresa al mismo punto donde comenzó la tragedia de todo un país. “En Nicaragua, dice Carrión, al deportado no lo espera la esposa, la madre o el hijo triste por el retorno en derrota, lo hacen policías represores y fanáticos de civil listos para llevarte a una cárcel”, advierte.
Este reportaje se realizó con apoyo de la beca de producción periodística de DW Akademie y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX). La beca es parte del proyecto global “Space for Freedom” de la iniciativa Hannah Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

