Rosario Murillo se autoproclama presidenta “ungida por el Espíritu Santo” y dueña de Nicaragua

Rosario Murillo se autoproclamó este lunes como presidenta “ungida por el Espíritu Santo” y dueña de Nicaragua al defender las reformas a la Constitución Política impuestas por su régimen para ampliar a siete años los periodos de gobierno y blindar la continuidad de la dictadura familiar sin competencia electoral.

“Todos en Nicaragua nos sentimos ungidos por el Espíritu Santo. Presidentes porque merecemos ser presidentes, porque nos pertenece esta patria nuestra, de todos”, dijo en su alocución diaria a través de medios oficialistas, en referencia a las supuestas “consultas ciudadanas” con las que el oficialismo intenta legitimar el nuevo paquete de cambios constitucionales.

Un traje a la medida para la sucesión familiar

El discurso mesiánico de Murillo ocurre tras la aprobación en primera legislatura, el pasado septiembre, de una nueva reforma constitucional en la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— que reconfigura los tiempos y las reglas electorales en el país.

El periodo de gobierno para la Presidencia y los demás cargos de elección popular se extiende de seis a siete años. Hasta 2024, el mandato presidencial era de cinco años y el municipal de cuatro.

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Se prohíbe expresamente postularse a cargos públicos o participar en procesos electorales a las personas desnacionalizadas o acusadas por el régimen de “traición a la patria”.

Para sectores opositores, este diseño legal busca asegurar la permanencia indefinida de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder, además de allanar el terreno para una eventual sucesión dinástica dentro de su núcleo familiar sin alternancia democrática.

Poder absoluto sin contrapesos

Nicaragua opera abiertamente bajo un sistema de control total. Ambos esposos ostentan la Presidencia y dirigen el Ejecutivo, desde donde subordinan al resto de las instituciones estatales.

Tras una reforma previa ejecutada en 2025, los antiguos poderes del Estado —Legislativo, Judicial y Electoral— perdieron su rango e independencia para convertirse por ley en simples “órganos” sometidos directamente a las órdenes de la Presidencia.

La farsa de las “consultas ciudadanas” 

El oficialismo sostiene que las reformas aprobadas en septiembre cuentan con el respaldo popular recogido en asambleas y consultas territoriales. Sin embargo, en la práctica, estas actividades funcionan como una puesta en escena del Frente Sandinista en la que nadie disiente por temor a represalias.

Dentro de Nicaragua impera un estado de vigilancia permanente donde cualquier crítica pública o en redes sociales contra las decisiones de Ortega y Murillo es castigada con prisión bajo cargos fabricados de “atentado contra la paz” o “traición a la patria”.

A ello se suma la coacción directa sobre la planilla estatal. Organismos de derechos humanos han documentado que los empleados públicos son obligados a asistir a actos partidarios y a firmar o respaldar las iniciativas del régimen bajo amenaza de despido. 

Para la oposición en el exilio, la ausencia total de libertad de expresión y de prensa independiente dentro del país invalida de origen cualquier consulta promovida por la dictadura.