Veinte años del retorno de Ortega: anatomía de una demolición
Hay una paradoja que debería estremecer a cualquier demócrata latinoamericano: Daniel Ortega regresó al poder mediante una elección y terminó proclamando que en Nicaragua no habría más elecciones. Entre ambos hechos transcurrieron veinte años, pero la destrucción de la democracia no ocurrió de repente. Fue una demolición gradual, ejecutada ante los ojos de quienes podían detenerla y, demasiadas veces, prefirieron mirar hacia otro lado.
El 5 de noviembre de 2006, Ortega ganó la Presidencia con apenas el 38% de los votos. Más de seis de cada diez electores prefirieron otras candidaturas. No había conquistado una nueva mayoría: había encontrado la fórmula para gobernar sin ella. Esa fórmula nació del pacto que negoció con Arnoldo Alemán, cuyas reformas, aprobadas en 2000, redujeron el umbral para ganar en primera vuelta al 35% con cinco puntos de ventaja. El acuerdo también repartió cuotas de influencia en el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría. Lo que se presentó como gobernabilidad fue, en realidad, la privatización partidaria de las instituciones.
La división opositora completó el trabajo. Eduardo Montealegre obtuvo el 28,3% y José Rizo el 27,1%. Sumaban el 55,4%, aunque sus votos no necesariamente habrían pasado íntegros a una candidatura unificada. La lección política sigue siendo devastadora: una mayoría social puede perder su capacidad de decidir cuando sus dirigentes anteponen sus disputas a la construcción de reglas y acuerdos comunes.
Otro error fue confundir el cambio de discurso con un cambio de convicciones. Ortega prometió reconciliación, eligió como compañero de fórmula a un antiguo dirigente de la Contra y buscó el respaldo de figuras religiosas. Pero su trayectoria ofrecía advertencias suficientes: tras perder en 1990 había prometido «gobernar desde abajo»; en 2005, su partido expulsó a Herty Lewites por reclamar primarias. No se trataba solamente de ganar elecciones. Se trataba de eliminar cualquier competencia que pudiera disputarle el mando.
Una vez instalado, avanzó por etapas. En 2008, las elecciones municipales estuvieron marcadas por irregularidades y denuncias documentadas de fraude en decenas de municipios. En 2009, magistrados afines dejaron sin efecto la prohibición constitucional de la reelección consecutiva. En 2011 obtuvo otro mandato bajo esa controvertida interpretación judicial; en 2014 legalizó la reelección indefinida; y en 2016 dejó a la principal oposición sin su representación partidaria y parlamentaria, mientras Rosario Murillo llegó a la Vicepresidencia. Cada transgresión hizo parecer menos extraordinaria la siguiente.
El dinero fue decisivo. Entre 2007 y 2018, la cooperación venezolana superó los 4.950 millones de dólares, según reportes basados en cifras del Banco Central. Canalizada en gran medida a través de Albanisa y mecanismos ajenos al escrutinio presupuestario ordinario, esa riqueza permitió financiar programas sociales, construir redes de lealtad y concentrar recursos alrededor del poder. La ayuda exterior no era, por sí misma, el problema: lo fue su administración opaca y políticamente instrumental. Cuando algunos cooperantes suspendieron asistencia tras el fraude de 2008, el financiamiento petrolero redujo el costo de desobedecer las exigencias democráticas.
Pero el autoritarismo no se sostuvo únicamente con dinero venezolano. También encontró una conveniente normalización interna en el llamado modelo de «diálogo y consenso» con la cúpula empresarial. Es importante distinguir: no todo el sector privado participó ni obtuvo privilegios. Fueron dirigentes del COSEP y grandes grupos económicos quienes negociaron políticas con el Ejecutivo mientras otras instituciones perdían independencia.
Sus defensores pueden señalar un dato real: durante varios años Nicaragua creció a tasas cercanas al 5%. El problema es creer que el crecimiento económico puede sustituir el Estado de derecho. Un mercado verdaderamente libre necesita jueces independientes, propiedad protegida, competencia y límites al poder. Cuando las reglas dependen de la cercanía al gobernante, la estabilidad es aparente: es una concesión revocable. La historia dio una respuesta cruel. Ortega terminó encarcelando a antiguos dirigentes empresariales, entre ellos José Adán Aguerri y Michael Healy, y en 2023 canceló la personería jurídica del propio COSEP.
También debemos corregir otra injusticia histórica: la resistencia no nació en abril de 2018. Mucho antes protestaron el Movimiento por Nicaragua, la Unión Ciudadana por la Democracia, periodistas, defensoras de derechos humanos y jóvenes de iniciativas como Nicaragua 2.0. Desde 2013, el Movimiento Campesino desafió la concesión canalera de la Ley 840 y enfrentó represión. Aquellas voces advirtieron tempranamente lo que otros consideraban exageraciones. Abril de 2018 fue el estallido de una ciudadanía agraviada durante años, no su despertar repentino.
Después llegó la represión abierta. La CIDH registró al menos 355 muertes en el contexto de la crisis iniciada en 2018. Expertos de Naciones Unidas hallaron fundamentos razonables para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad. En 2021 fueron encarcelados aspirantes presidenciales; más de 450 ciudadanos fueron desterrados o privados de su nacionalidad; más de 5.500 organizaciones perdieron su personería jurídica y, según organizaciones civiles, más de 800.000 nicaragüenses abandonaron el país.
El desenlace político resume el método. En 2025, una reforma convirtió a Murillo en «copresidenta». En julio de 2026 Ortega anunció que no habría nuevas elecciones; en septiembre, una reforma recibió su primera aprobación para ampliar mandatos a siete años y excluir a quienes el oficialismo califica de traidores. Aún requiere otra votación, pero su propósito político está expuesto.
Veinte años después, las responsabilidades no son idénticas, pero la enseñanza es compartida. El pacto de las élites, la fragmentación opositora, el financiamiento sin controles y el crecimiento económico sin libertades facilitaron la concentración del poder. Nada de ello absuelve a Ortega de sus decisiones ni borra la valentía de quienes resistieron. Nicaragua demuestra que la democracia rara vez se pierde en un solo día: se entrega por cuotas, cada vez que alguien justifica un atropello como precio de la estabilidad.
El desafío de reconstruirla comienza por no repetir esa renuncia. No necesitamos otra promesa de orden a cambio de derechos. Necesitamos instituciones que ningún gobernante pueda comprar, capturar o heredar. Porque la lección de estos veinte años es inequívoca: cuando se negocia la libertad como si fuera una mercancía, al final se pierde también la seguridad que se pretendía comprar.
