El cierre de Ueno Bank y la caída de Santiago Peña en Paraguay deja sin empleo y sueldo a profesionales en Nicaragua

Un terremoto político y financiero sacude a Paraguay con la destitución y encarcelamiento del presidente Santiago Peña tras la intervención de Ueno Bank, el mayor escándalo de la era democrática del país sudamericano. El desplome de la entidad no solo provocó una crisis institucional sin precedentes, sino que desató un efecto dominó internacional que hoy golpea directamente a profesionales nicaragüenses.

Según confirmó este martes la ministra paraguaya del Trabajo, Mónica Recalde, el cierre de las empresas vinculadas al holding dejó sin empleo a unas 7.000 personas tanto en Paraguay como en filiales de Argentina, México, Panamá y Nicaragua. Las cifras exactas de afectados por país aún están bajo auditoría.

“Este entramado se extiende a nivel internacional”, advirtió la funcionaria, en declaraciones a la radio paraguaya Universo 970.

Los afectados en el exterior son profesionales que operaban a distancia como soporte técnico de itti, la empresa tecnológica del Grupo Vázquez encargada de toda la infraestructura digital del banco.

Aunque estos trabajadores residen en sus países de origen, sus contratos y salarios dependían de la matriz en Asunción, Paraguay. Con el congelamiento de cuentas y el cese de operaciones del conglomerado, sus pagos quedaron suspendidos de la noche a la mañana.

El Ministerio de Trabajo paraguayo informó que estableció canales de comunicación directa con este personal internacional y anuló mediante un dictamen oficial la cláusula de exclusividad en sus contratos, permitiéndoles buscar nuevos empleos sin perder el derecho a reclamar sus liquidaciones en el proceso de liquidación de activos.

Así operaba fraude

El Banco Central del Paraguay anunció hace una semana el comienzo de un procedimiento de resolución contra Ueno, tras detectar que el índice de solvencia del banco, que recibió más de 800 millones de fondos públicos, especialmente de cajas pensionales, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.

La intervención desembocó en una crisis política que salpicó a Santiago Peña, destituido en un juicio político por “mal desempeño de funciones” y quien permanece detenido en medio de la investigación por el caso de Ueno, así como el ahora extitular de Banco Central, Carlos Carvallo, quien había renunciado al anunciar el proceso contra la entidad financiera.

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Lo que se había promocionado como el milagro de la banca digital paraguaya terminó operando como una monumental estafa piramidal impulsada desde la cúpula del Estado. La trama consistió en inyectar masivamente fondos públicos en la entidad para luego otorgar créditos incobrables a empresas satélites de sus mismos directivos.

Cuando el banco se quedó sin liquidez, ejecutaron un sofisticado engaño contable, según la Fiscalía paraguaya. La institución prestaba dinero a firmas amigas, y estas se lo devolvían simulando ser inversores externos que compraban la cartera vencida. El banco se pagaba a sí mismo para ocultar un agujero financiero gigante.

La red de protección política protegió el fraude. El entonces presidente Santiago Peña mantenía acciones millonarias en el holding propietario del banco y colocó a Carlos Carvallo —expresidente de la entidad— al frente del Banco Central de Paraguay para maquillar los reportes de solvencia.

Con el regulador inactivo, Peña ordenó desviar en masa el dinero de ministerios, hidroeléctricas y las jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) hacia Ueno Bank, inflando artificialmente a la entidad con recursos públicos.

Así se destapó el caso

El caso salió a la luz tras un hackeo masivo a los servidores de la tecnológica itti. Los diarios ABC Color y Última Hora accedieron a auditorías ocultas de la Superintendencia de Bancos que demostraban que las cuotas de los créditos no las pagaban clientes reales, sino que era la misma plata del banco circulando en círculo.

La intervención de emergencia del Banco Central desató una ola de indignación popular. Ante el fracaso de su maniobra para blindarse como senador vitalicio y conservar su inmunidad, el Congreso paraguayo destituyó por unanimidad a Santiago Peña en un juicio político por «mal desempeño de funciones», asumiendo la presidencia el vicepresidente Pedro Alliana.

Al perder sus fueros, Peña está siendo procesado por lesión de confianza, lavado de dinero y administración en provecho propio, y actualmente se encuentra bajo prisión preventiva en una instalación militar mientras la Fiscalía allana sus propiedades.

Emergencia económica y golpe a los trabajadores

El impacto económico ha sumido a Paraguay en una crisis sin precedentes. Cerca de tres millones de clientes vieron congelados sus fondos; si bien el Fondo de Garantía de Depósitos devolvió el dinero a más del 93 % de los pequeños ahorristas, más de 800 millones de dólares de fondos estatales y jubilaciones del IPS permanecen en el limbo.

El desplome también arrasó con el imperio empresarial del Grupo Vázquez, cerrando medios de comunicación y dejando a miles de trabajadores en el desempleo forzoso.

La Fiscalía paraguaya ya ha imputado a 27 personas, incluyendo al presidente del banco y directivos capturados destruyendo documentos, mientras el tendido de la crisis traspasa fronteras y deja varados a colaboradores en Nicaragua y el resto de la región.