Dictadura ordena derogar a la Dirac y a Procompetencia y deja la mediación en manos de la PGJ
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a la Asamblea Nacional derogar la ley creadora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), y de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos (Procompetencia), funciones que fueron asignadas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
La iniciativa de ley enviada por la dictadura a la Asamblea Nacional señala que el motivo de la derogación es para «evitar duplicidades institucionales y fortalecer la seguridad jurídica» del país, convirtiendo a PGJ en juez y parte ante cualquier tipo de conflictos.
La medida adoptada por la dictadura deja sin efecto a todos aquellos centros de mediación privados que habían sido autorizados por la Dirac para resolver conflictos no solo de índole civil y penal, sino también empresarial.
«Quedan sin efecto legal, todas las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional, que establezcan trámites ante la Dirac, así como las acreditaciones otorgadas por esta, a personas naturales y jurídicas para operar como Centros de Mediación o entidades administrativas del mecanismo de solución alterna de controversia», indica la iniciativa de Ley.
A nivel nacional habían sido autorizado más de 50 centros distribuidos en departamentos como Managua, Matagalpa, León, Bluefields, Estelí, Chinandega y Masaya, los cuales manejan tanto mediación previa como arbitrajes en equidad o derecho. En Managua, la operaban el Centro de Mediación y Arbitraje de la Universidad Americana (CAM-UAM); y el Centro de Mediación y Arbitraje «Antonio Leiva Pérez» (CACONIC): Vinculado a la Cámara de Comercio de Nicaragua.
Asimismo, deja sin efecto los nombramientos de los funcionarios y cargos de dirección que conformaban estas instituciones.
Ordenan a Hacienda a pasar bienes
La Dirac fue creada por la Corte Suprema de Justicia en el 2000, como una dependencia especializada para revolver conflictos leves que no necesitaban ir a una proceso judicial, para evitar gastos y retardación judicial, pero con el desmantelamiento de la CSJ, la dictadura la integró en el 2024 a Procompetencia.
En el caso de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos fue creada mediante la Ley 1202, aprobada el 25 de abril de 2024, y era dirigida por el excomisionado mayor Domingo Navas Fúnez. En esa misma Ley, la dictadura incorporó las funciones y competencias de la Dirac.
En la iniciativa de ley, Ortega y Murillo ordena al Ministerio de Hacienda transferir a la Procuraduría General de Justicia, los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos vinculados a Procompetencia.
«El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de Justicia, coordinarán la reasignación de todos los bienes, activos y recursos financieros de Procompetencia y de la Dirac, conforme a la Ley», indica el artículo tres de la Iniciativa de Ley.
