La expansión de la minería china en Nicaragua desata alarmas en Costa Rica y un fuerte choque entre Washington y Pekín
La creciente entrega de concesiones mineras a empresas chinas en Nicaragua —que ya abarcan el 10 % del territorio nacional— ha desbordado la frontera, provocando una crisis de seguridad y un trasiego masivo de oro en el norte de Costa Rica. Este escenario ha desatado un enfrentamiento diplomático directo entre las embajadas de Estados Unidos y China, con el régimen de Daniel Ortega respaldando a su aliado asiático.
El epicentro del conflicto se ubica en Las Crucitas, del lado costarricense. En febrero de este año, el Gobierno de Costa Rica presentó ante la Asamblea Legislativa el informe Salvemos Crucitas, donde formuló una grave acusación: empresas chinas instaladas en el lado nicaragüense de la frontera están comprando la broza (el material con partículas de oro extraído por mineros ilegales o coligalleros) para procesarla por su cuenta.
El negocio es altamente rentable y fomenta la ilegalidad transfronteriza. Mientras los mineros artesanales logran recuperar apenas entre el 15 y el 20 por ciento del oro contenido en los sedimentos, las compañías chinas aplican tecnologías que permiten extraer hasta el 95 por ciento.
Como resultado de este esquema, según San José, se calcula que los coligalleros extraen anualmente unos 250 millones de dólares en oro de suelo costarricense, mineral que no se queda en Costa Rica, sino que termina cruzando hacia Nicaragua.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha denunciado que el Estado gasta alrededor de un millón de dólares mensuales para intentar proteger ese territorio, un esfuerzo que sigue siendo insuficiente ante el flujo de mineros ilegales, en su mayoría nicaragüenses.
El choque diplomático: EE.UU. vs. China
Esta dinámica extractiva motivó la reciente intervención de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, que afirmó categóricamente que la “minería china en Nicaragua implica un costo para Costa Rica”.
Washington denunció este viernes el modus operandi en la zona: “Empresas mineras chinas en Nicaragua suelen emplear tácticas abusivas, como obligar a los mineros artesanales a vender su oro por debajo del precio de mercado”.
La delegación diplomática advirtió que, como resultado de estas tácticas coercitivas, cada vez más nicaragüenses cruzan la frontera para extraer oro ilícitamente.
“Esta actividad ilegal ejerce una presión creciente en la frontera norte de Costa Rica”, señaló la embajada estadounidense, al tiempo que aseguró que “Estados Unidos respalda a Costa Rica en la protección de su frontera y en la lucha contra la minería ilegal y el tránsito fronterizo ilegal vinculado a esta actividad”.
La respuesta de Pekín llegó mediante un pronunciamiento de su embajada en Managua, rechazando las declaraciones estadounidenses y asegurando que sus empresas no operan en las inmediaciones fronterizas.
La diplomacia asiática señaló que Washington “acusa sin fundamento a empresas mineras chinas en Nicaragua de recurrir a prácticas coercitivas y vinculan sus actividades con la minería ilegal en Costa Rica”.
Por su parte, la dictadura de Ortega y Murillo salió en defensa de Pekín. El régimen calificó los señalamientos de Estados Unidos como “afirmaciones falsas” y expresó su respaldo oficial a la declaración de China “por su contundencia y veracidad”.
El 10 % del país concesionado
A pesar de las negativas de China y el régimen sobre la proximidad de estas operaciones a la frontera, los registros oficiales cuentan otra historia.
El detonante de la actual crisis ocurrió entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2025, cuando la dictadura concedió tres licencias a gran escala a la empresa china Thomas Metal S.A.
Una de estas concesiones, denominada “El Castillo”, abarcó 39.172 hectáreas en los municipios de El Castillo y San Juan de Nicaragua, operando muy cerca de la frontera con Crucitas e invadiendo directamente territorio de la Reserva Biológica Indio Maíz.
Según los registros de la organización ambientalista Fundación del Río, entre 2021 y junio de 2026, el régimen ha otorgado concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas, las cuales ocupan un total de 1.277.389 hectáreas. Esta cifra representa el 10 % del territorio nicaragüense y afecta áreas biológicas protegidas, así como territorios indígenas y afrodescendientes.
Ante el saqueo continuo, el Ejecutivo costarricense impulsa un proyecto de ley en su Congreso para reactivar formalmente la minería de oro y otorgar concesiones legales en Las Crucitas, buscando recuperar el control estatal sobre una zona donde la sombra de la minería china en Nicaragua sigue marcando el ritmo de la extracción ilegal.
