Juan Sebastián Chamorro ve venir una nueva etapa de presión contra Ortega y Murillo: no acatarán a la OEA y habrá consecuencias

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta que establece un plazo de 30 días para buscar un diálogo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y comenzar a exigir el cumplimiento inmediato de una lista de medidas clave para el restablecimiento de las libertades en Nicaragua. Si no hay avances, el proceso abre la puerta a una escalada gradual de presión en los ámbitos diplomático, económico, financiero y multilateral.

El líder opositor Juan Sebastián Chamorro anticipa que los dictadores no acatarán las demandas contenidas en la propuesta de resolución que discutirán los cancilleres de la OEA sobre Nicaragua. Con ello, sostiene, darán paso a una nueva fase de acciones internacionales.

“El régimen muy probablemente no tomará ninguna de las acciones recomendadas, eso se puede ver venir”, pronostica Chamorro. De ocurrir así, añadió, Nicaragua y la comunidad internacional entrarían en “una nueva etapa de relación”, marcada por “acciones concretas y específicas directas” contra los dictadores en los ámbitos financiero, económico y multilateral.

Esas medidas todavía no aparecen definidas. Chamorro reconoce que habría preferido que el propio proyecto estableciera desde ahora cuáles serían las acciones que seguirían a un eventual incumplimiento.

Las exigencias a la dictadura

La primera exigencia del documento presentado formalmente por las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Perú es liberar a todos los presos políticos y revelar el paradero de las personas en condición de desaparición forzada. También plantea restituir la ciudadanía a 452 opositores despojados de su nacionalidad y restablecer los registros civiles y los derechos de todos los nicaragüenses declarados apátridas.

La lista incluye restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica; permitir el regreso de los medios de comunicación y devolver la personalidad jurídica a las organizaciones de la sociedad civil ilegalizadas.

El régimen también tendría que revertir las reformas constitucionales y devolver las propiedades y demás activos confiscados, incluidos los de medios de comunicación.

El borrador plantea además retirar de Nicaragua al personal, la tecnología, las capacidades y las instalaciones de seguridad de países extranjeros cuya presencia amenace la seguridad hemisférica.

¿Qué pasa si Ortega y Murillo no cumplen?

Para Chamorro, el documento deja planteado qué puede ocurrir si el régimen desoye esas demandas.

“Yo diría que se trata de una advertencia que le hace la OEA a los dictadores”, sostiene el dirigente opositor, quien no espera que Ortega y Murillo rectifiquen.

Aunque las posibles medidas todavía deben ser definidas, Chamorro considera relevante que el borrador contemple desde ahora un mecanismo para avanzar hacia acciones colectivas.

“Aunque hubiéramos preferido o querido que la resolución ya incluyera estas acciones de este plan, esta resolución, este borrador, es un paso a favor porque está dejando en evidencia a la OEA que fueron advertidos los dictadores”, afirma.

Así será el proceso

La reunión de cancilleres del 2 de octubre determinará el alcance definitivo de la resolución. Si resulta aprobada, el primer paso será la creación de un “Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua”, integrado por Estados miembros designados por la Presidencia con “representación geográfica equitativa” y el apoyo de la Secretaría General.

Su primera misión será abrir un canal directo con el régimen y “buscar un diálogo rápido y directo con las autoridades nicaragüenses”, una gestión que podría incluir una visita al país encabezada por ministros de Relaciones Exteriores.

Pero esa vía tendrá un plazo limitado. El grupo deberá entregar a la Presidencia un primer informe con sus recomendaciones en un máximo de 30 días, periodo en el que deberá evaluar la respuesta del régimen y plantear los pasos siguientes.

La resolución busca impedir que el diálogo se prolongue indefinidamente y termine aplazando otras decisiones. Por eso establece que “cualquier iniciativa emprendida en virtud de este mandato deberá tener un plazo determinado y no deberá retrasar la consideración de medidas colectivas adicionales”.

La OEA se reserva 45 días para decidir nuevas medidas

La resolución mantiene abierta la Reunión de Consulta y autoriza a su Presidencia a convocarla nuevamente en un plazo de 45 días, o antes si las circunstancias lo justifican, para evaluar el informe del Grupo y decidir “las medidas adicionales que sean oportunas”.

Para entonces deberán estar sobre la mesa las opciones para una “acción colectiva gradual y coordinada” que el Grupo tiene el mandato de elaborar en los ámbitos diplomático, político, económico, financiero e institucional multilateral.