Régimen protesta a Costa Rica por llamado de campesinos a una intervención militar

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo protestó ante el Gobierno de Costa Rica por los llamados del Movimiento Campesino Anticanal a una intervención militar en Nicaragua y acusó a esa organización opositora de utilizar a menores de edad.

El canciller sandinista, Valdrack Jaentschke, remitió una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica en la que señala que el movimiento ha solicitado “en múltiples ocasiones” una “Intervención militar ” en Nicaragua para “lesionar los ferechos fundamentales” de los nicaragüenses.

La Cancillería también cuestiona la representatividad del Movimiento Campesino Anticanal, al que califica de “autodenominado”, y asegura que “no se tiene registro oficial de sus miembros, ni de la cantidad de estos”. El régimen contrapone a la organización con quienes denomina, en mayúsculas, “VERDADEROS CAMPESINOS”, los “miles y miles” de nicaragüenses que trabajan la tierra.

Reclamo por la participación de menores

El régimen en supuesta defensa de los derechos de la infancia expresó una protesta y rechazo a lo que llamó “exposición infantil en espacios inadecuados”, señala el documento, que califica el hecho como una “vulneración inadmisible de sus derechos fundamentales” y una “grave negligencia por parte de los actores involucrados”.

“La infancia no puede ni debe ser instrumentalizada, expuesta ni utilizada como un elemento de distracción, legitimación o escudo, en escenarios que sobrepasan su madurez emocional y física”, agrega.

Jaentschke insta al Gobierno costarricense a evitar que se vulneren los principios de protección de niños y adolescentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

El reclamo se produce días después de que Costa Rica expresara su preocupación por la reforma constitucional impulsada por Ortega y Murillo que restringe la participación de la oposición en las elecciones y amplía a siete años el mandato presidencial. El Gobierno costarricense defendió entonces la pluralidad política, la participación ciudadana, la alternabilidad en el poder y el derecho a elegir y ser electo como elementos esenciales de una democracia