Exfuncionaria judicial cumple año y medio «secuestrada» por el régimen: la CIDH alerta por su vida

La última vez que los familiares de Daysi Amelia Castillo Álvarez tuvieron noticias de ella fue el 7 de enero de 2025, cuando la Policía del régimen la detuvieron. Desde entonces, no han podido verla ni comunicarse con ella. Tampoco saben oficialmente dónde está recluida, en qué condiciones permanece ni cuál es su estado de salud.

La gravedad del caso de Castillo Álvarez, quien se desempeñaba como secretaria especial en el Juzgado Unico de Moyogalpa, en la Isla de Ometepe, es tan alta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le extendió medidas cautelares al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.

En la Resolución 66/2026, emitida el 20 de agosto, el organismo señaló que Castillo Álvarez permanece bajo custodia del Estado, en incomunicación total y prolongada y sin posibilidad de recibir visitas de sus familiares, allegados o representantes legales.

Sus familiares han realizado gestiones para conocer su situación, pero no han recibido información. Desconocen el lugar y las condiciones de su reclusión, así como si recibe atención médica o tiene acceso a los medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos.

En los registros oficiales no existe información sobre los motivos de su detención ni las causas que sustenten su privación de libertad.

El régimen no informa su paradero

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tampoco proporcionó información a la CIDH sobre su situación, de acuerdo a la informado por la Comisión.

La Comisión pidió a las autoridades nicaragüenses revelar dónde está detenida, precisar sus condiciones de reclusión y permitirle que reciba visitas y tenga contacto regular con su familia y sus abogados.

También exigió que Castillo Álvarez sea sometida de inmediato a una valoración médica integral y que reciba atención básica y especializada, además de los medicamentos que necesite. Sus condiciones de detención, remarcó, deben ajustarse a los estándares internacionales.

La CIDH solicitó además investigar los hechos que dieron origen a la resolución y adoptar medidas para evitar que se repitan. No obstante, el régimen mantiene una política de desconocimiento de las resoluciones y recomendaciones del sistema interamericano.