Agencia de viaje en Managua prometía trabajo y mejor vida para esclavizar mujeres en España
Les prometían un empleo estable con un salario que les daría la posibilidad de comenzar una nueva vida en España. La oferta llegaba desde una agencia de viajes en Managua y parecía la oportunidad que muchas mujeres nicaragüenses esperaban para conseguir «un futuro mejor». Al aterrizar en territorio español descubrían que todo era una trampa.
Lo primero que encontraban era una deuda que comenzaba a crecer desde el día de su llegada: debían pagar hasta 200 euros diarios por el alojamiento mientras esperaban ser enviadas a trabajar. Una vez empleadas, la organización liderada por una nicaragüense y marido español les imponía otra deuda de 5.000 euros por el costo del viaje. Para saldarla eran obligadas a trabajar como cuidadoras de personas mayores en una ciudad de la provincia de Málaga, al sur de España, bajo condiciones de explotación laboral: sin contrato, sin alta en la Seguridad Social, sin descansos ni vacaciones y por salarios de miseria que con lo que las mantenían atrapadas y prácticamente sin posibilidad de regresar a Nicaragua.
Es el caso más reciente de explotación laboral destapado por la Policía española. Tras meses de investigación, con la cooperación de la Interpol en Nicaragua lograron reconstruir el recorrido de las víctimas desde su captación en Managua hasta su incorporación al mercado laboral español. El operativo, desarrollado en Almargen, en Málaga, terminó con siete detenidos, dos de ellos enviados a prisión provisional, y la identificación de once víctimas.
De Managua a Malága, así engañaban a nicaragüenses para explotarlas
La pieza clave para captar a las mujeres era una nicaragüense residente en España que actuaba como el rostro visible de la organización. Ella contactaba a las víctimas y les ofrecía un empleo como cuidadoras internas de personas mayores en España, presentándolo como una oportunidad para mejorar su situación económica.
En Nicaragua, la organización criminal utilizaba como fachada una agencia de viajes ubicada en Managua para aparentar seriedad detrás de los desplazamientos hasta territorio español. A través de la agencia las mujeres recibían instrucciones para superar los controles migratorios, además de la documentación y el dinero necesarios para ingresar a España.
Los investigadores sostienen que la organización estaba liderada por esa mujer y su pareja, un ciudadano español, con el apoyo de familiares de ella dentro de Nicaragua y colaboradores encargados de facilitar el traslado y enviar dinero durante la fase inicial de captación.
Al llegar a España, las víctimas eran trasladadas a una vivienda en Almargen, propiedad de uno de los principales investigados. Mientras esperaban ser enviadas a trabajar debían limpiar el inmueble sin recibir remuneración y pagar 200 euros diarios por el alojamiento.
Cuando finalmente eran destinadas a un domicilio, comenzaba la explotación. La Policía sostiene que debían permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin contrato de trabajo, sin cotizar a la Seguridad Social, sin vacaciones, sin festivos y por un salario precario que en esta fase de investigación no ha sido revelado.
La organización reforzaba el control mediante una deuda de 5.000 euros que atribuía al costo del viaje desde Nicaragua. Las mujeres debían pagarla en cuotas mensuales de 350 euros. Si abandonaban el empleo, la deuda aumentaba automáticamente en otros 100 euros como castigo.
Descubrían el engaño demasiado tarde
Muchas comprendían el engaño solo cuando ya estaban en España. Sin dinero para comprar un boleto de regreso y obligadas a responder por una deuda imposible de saldar, quedaban atrapadas en un círculo de dependencia del que era muy difícil escapar.
De acuerdo a la información revelada por la Policía Nacional de España, la investigación comenzó en octubre de 2025, después de que el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos recibiera una alerta sobre la existencia de una red de explotación laboral. Durante meses, los agentes, con apoyo del Ayuntamiento y la Policía Local de Almargen, así como de las autoridades policiales nicaragüenses a través de Interpol, siguieron el rastro de la organización hasta desentrañar su funcionamiento.
La desarticulación de esta red formó parte de un operativo más amplio contra la explotación laboral. Ese mismo día, la Policía española también desmanteló otra organización que explotaba a trabajadores marroquíes en un obrador de pan de la provincia de Palencia. En conjunto, ambas operaciones dejaron once detenidos, dos personas liberadas y once víctimas identificadas.
La Policía Nacional advirtió que la trata con fines de explotación laboral se ha convertido en la modalidad más frecuente de trata de personas en España. Datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado muestran que en 2025 se registraron 390 víctimas de trata laboral, por encima de las 374 contabilizadas por explotación sexual.
