Renuncian a Luis Ángel Montenegro de la Superintendencia de Bancos y ya tiene reemplazo
Luis Ángel Montenegro, quien se desempeñaba como titular de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif) desde mayo de 2019, presentó su renuncia al cargo alegando «problemas de salud» y su intención de proceder a la jubilación. De forma exprés, Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron a la Asamblea Nacional nombrar a Sara Amelia Rosales Castellón como reemplazo.
En su carta de renuncia, Montenegro, un funcionario de larga trayectoria y lealtad dentro de las estructuras del orteguismo, agradeció a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo por el «apoyo decidido» brindado durante su gestión. Pese a retirarse por motivos de salud, el ahora exfuncionario aseguró en su misiva que estará «siempre disponible para apoyar al Gobierno en cualquier misión en la que consideren que mis servicios pueden ser de alguna utilidad».
Bajo la administración de Montenegro, la Siboif funcionó como un órgano de presión y vigilancia extrema sobre la banca privada nacional en el contexto de la crisis sociopolítica que arrastra el país, facilitando la imposición de normativas punitivas y alineadas con los intereses políticos de la secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El ascenso de Sara Amelia Rosales Castellón
Inmediatamente después de conocerse la renuncia, Ortega y Murillo enviaron al Parlamento la propuesta para imponer a Sara Amelia Rosales Castellón en el puesto vacante.
Rosales Castellón, quien ha ocupado diversos cargos de confianza dentro del aparato estatal del régimen —incluyendo puestos clave en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)—, asume la jefatura de la Siboif con la misión de garantizar la continuidad del control partidario absoluto sobre los bancos y las instituciones financieras que operan en el país.
Analistas económicos y políticos advierten que este rápido relevo en la Siboif no representa un cambio de rumbo en las políticas financieras, sino una consolidación del control político del régimen sobre los flujos de capital, los bancos comerciales y la fiscalización del sistema financiero nicaragüense, en un momento donde el sector privado opera bajo el constante asedio y fiscalización de la dictadura.
