Ortega y Murillo traspasan al INSS otro lote de propiedades del Estado
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó transferir un nuevo lote de propiedades del Estado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), una institución que arrastra una prolongada crisis financiera y que ha caído en un punto crítico.
Se trata de 14 bienes inmuebles sobre los que los acuerdos presidenciales publicados este jueves en La Gaceta, Diario Oficial, apenas revelan el departamento donde se ubican. La transferencia ordenada bajo la figura de donación se documenta únicamente en Números Absolutos de Propiedad (NAP), un sistema de identificación registral que sustituyó la referencia tradicional a las fincas inscritas que incluía datos como u ubicación exacta, extensión, valor catastral o comercial, estado de conservación y uso actual.
Ese sistema de códigos dificulta el rastreo público de los bienes cedidos, incluidos los confiscados por el régimen a opositores, organizaciones civiles y entidades consideradas no alineadas con el proyecto dictatorial que encabezan Ortega y Murillo.
Con este nuevo lote, ya suman 50 las propiedades estatales que Daniel Ortega y Rosario Murillo han ordenado «donar» al INSS en apenas 20 días. El pasado 19 de junio, los dictadores instruyeron a la Procuraduría General de Justicia a formalizar la transferencia de otros 36 bienes inmuebles al instituto, en lo que constituyó una de las mayores operaciones de traslado de patrimonio estatal al Seguro Social de los últimos años.
¿Un salvavidas para el INSS?
La nueva orden de transferencia de activos a favor del INSS es una acción orientada a fortalecer el patrimonio de la institución según citan los Acuerdos Presidenciales 97-2026, 98-2026 y 99-2026 que facultan a la Procuradora General de Justicia, en representación del Estado, y al presidente del INSS a suscribir las escrituras públicas de donación de los inmuebles.
Las propiedades se distribuyen en tres departamentos: 11 en Managua, dos en León y una en Carazo. No obstante, los acuerdos únicamente consignan los números NAP de cada inmueble y omiten información relevante como su ubicación exacta, extensión, valor catastral o comercial y el uso que actualmente tienen.
En los tres acuerdos, el régimen utiliza la misma justificación para las transferencias. Sostiene que las donaciones tienen como finalidad «fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses», aumentar la cobertura del sistema para los trabajadores y sus familias y fortalecer la capacidad institucional del INSS para ejecutar proyectos.
La justificación del traspaso apunta a una política orientada a evitar el colapso financiero del INSS por medio del fortalecimiento de su patrimonio inmobiliario con activos estatales. Sin embargo, ni los documentos oficiales ni las autoridades del régimen ofrecen una explicación de por qué fueron seleccionadas esas propiedades ni cómo contribuirán a mejorar la situación del instituto.
Como parte del procedimiento, el presidente del INSS deberá someter la aceptación de las donaciones a la aprobación del Consejo Directivo de la institución. La Procuraduría General de Justicia, por su parte, queda autorizada para ejecutar todos los actos jurídicos, administrativos, notariales y registrales necesarios para formalizar las transferencias e incorporar las cláusulas que considere pertinentes para proteger los intereses del Estado.
La transferencia ocurre en un contexto en el que el régimen ha recurrido en los últimos años a la reorganización de bienes públicos entre instituciones estatales, aunque en esta ocasión no ofrece información suficiente para dimensionar el valor económico de los activos incorporados al patrimonio del Seguro Social.
Entre los bienes cedidos al INSS, DESPACHO 505 ha logrado identificar inmuebles de lujo en la zona costera del Pacífico de Nicaragua, inluiodas cinco propiedades de lujo del complejo turístico Pelican Eyes, en San Juan del Sur, que fueron confiscadas al extesorero general de la República, Juan José Montoya Pérez.
