Laura Fernández: concesiones mineras de Nicaragua a China son una «bomba de tiempo para Costa Rica»
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó su preocupación por una eventual «invasión» de mineros ilegales provenientes de Nicaragua, debido a las concesiones mineras que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado a empresas de bandera China en sitios cercanos a la frontera bilateral.
«Me preocupa enormemente lo que va a pasar con Indio Maíz en Nicaragua. Indio Maíz ya se concesionó a empresas chinas y se estima que ahí hay 1.500 o 1.800 coligalleros (mineros artesanales). Cuando esa empresa tome control de esa minera en Nicaragua ¿Para dónde creen que se van a venir esos coligalleros», declaró Fernández, tras una gira de campo a la localidad de Las Crucitas, un sitio cercano a la frontera entre ambos países que está tomado por la minería ilegal de oro.
La mandataria, cuestionada en los últimos días por sostener que Nicaragua tiene un gobierno electo por sus ciudadanos pese a los señalamientos sobre la deriva autoritaria de Ortega y Murillo desde 2018, aseguró que le preocupa una eventual llegada masiva de nicaragüenses a Costa Rica. «Un problema de invasión de esta cantidad de personas aquí», dijo, antes de calificar el escenario como «una bomba de tiempo para Costa Rica» que urge resolver.
El régimen de Nicaragua ha cedido entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 84 lotes a diecinueve empresas chinas que ocupan 1.274.908,33 hectáreas, lo que representa más del 8,5 % del territorio nicaragüense y que incluyen áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, según registros de Fundación del Río, en un informe titulado ‘Invasión minera china en Nicaragua’.
A mediados de abril pasado, EE.UU. sancionó a dos hijos de Ortega y Murillo, al viceministro del Interior, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, por estar involucrados en las operaciones de extracción y comercialización de oro en el país.
Endurecer controles contra invasores
«Esto es una fiebre del oro. El oro no se va a ir de aquí y se van a seguir metiendo cada vez más personas, mejor financiadas por el crimen organizado para seguir explotando irracionalmente y con un problema de seguridad donde no vamos a dar abasto», añadió Fernández.
Fernández afirmó que algunos mineros ilegales acumulan más de 35 deportaciones sin haber pisado la cárcel. Ante esa situación, anunció que impulsará una reforma legal para tipificar la minería ilegal como un delito penal y dejar de tratarla únicamente como una infracción ambiental.
LEA | Río San Juan sigue a merced del contrabando de oro: El régimen burla los acuerdos con Costa Rica
Las Crucitas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, se han convertido en epicentro de la minería ilegal de oro. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), redes criminales reclutan y financian a güiriseros para extraer material en la zona, trasladarlo por rutas clandestinas e introducirlo en Nicaragua a través de senderos que conectan con el Río San Juan. El fenómeno se concentra especialmente en Las Crucitas y el cerro Conchuditas, en el cantón de San Carlos.
Funcionarios del Gobierno costarricense han denunciado que el oro extraído en Las Crucitas termina en Nicaragua.
La minería de oro en Costa Rica, cerca de reactivarse
El Gobierno de Costa Rica impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería de oro y otorgar concesiones a empresas en Las Crucitas, donde las autoridades policiales detienen constantemente a mineros ilegales, muchos de ellos nicaragüenses, y decomisan material y equipos utilizados para extraer oro de forma artesanal y que ambientalistas afirman acarrea efectos nocivos al medio ambiente.
La presidenta Fernández, evacuada el viernes durante una gira en Las Crucitas tras escucharse una explosión, instó a los diputados a aprobar el proyecto de ley para que una empresa explote el oro en la zona y se eviten los daños ambientales derivados de la minería ilegal, además de dejar de gastar cerca de 1,3 millones de dólares mensuales en operativos de seguridad en la región.
En Las Crucitas iba a convertirse en una de las mayores minas a cielo abierto bajo una concesión otorgada a la canadiense Infinito Gold. Sin embargo, debido a una extensa batalla legal la compañía perdió la concesión en 2010 sin haber comenzado a construir la mina. Esto fue aprovechado por mineros ilegales que utilizan técnicas en las que emplean mercurio y cianuro.
*Con información de EFE
