Crece rechazo en Costa Rica a las declaraciones de Laura Fernández de que Nicaragua “eligió” su gobierno

Las últimas declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante una entrevista con el medio NTN24 en la que no reconoció como dictadura a Nicaragua, generaron una ola de reacciones y críticas por parte de diversos sectores políticos costarricenses y de la oposición nicaragüense en el exilio.

Durante la entrevista, al ser consultada sobre la convivencia con el país vecino Nicaragua, Fernández afirmó: «Tenemos una relación armoniosa dentro de lo que cabe. Ellos con sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener, y nosotros acá llevando la relación de vecindad de una manera pacífica y armoniosa».

Asimismo, la mandataria diferenció la situación de Nicaragua de las de Cuba y Venezuela, argumentando que el territorio nicaragüense goza de inversiones vigentes y de una aparente estabilidad económica.

Estas declaraciones provocaron una respuesta inmediata de figuras de la política costarricense. La expresidenta Laura Chinchilla catalogó la postura de Fernández como un desatino explicable únicamente por la «ignorancia o indiferencia».

Chinchilla recordó que la situación en Nicaragua incluye crímenes de lesa humanidad, el cierre masivo de universidades y la cancelación de más de 3.500 organizaciones civiles, por lo que pidió disculpas al pueblo nicaragüense en nombre de la tradición diplomática de su país.

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Por su parte, el expresidente Luis Guillermo Solís señaló que las afirmaciones reflejan un profundo desconocimiento del escenario represivo impuesto por el orteguismo.

La oposición sale en tromba a criticarla

En la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la oposición también cerró filas. Diputados de bancadas como el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio se mostraron en contra de lo que consideran una normalización de un régimen autoritario bajo justificaciones meramente comerciales.

La diputada y excandidata presidencial Claudia Dobles recordó que la dictadura en Nicaragua se consolidó mediante el desmantelamiento de la independencia judicial y el ataque sistemático a la prensa independiente, por lo que calificarlo como una elección ciudadana resulta contradictorio.

El distanciamiento de las declaraciones de la presidenta con la realidad nicaragüense queda expuesto al contrastarse con los informes de organismos internacionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han documentado de forma reiterada que en Nicaragua no existen condiciones para procesos electorales libres, justos y transparentes debido al control total de los poderes del Estado, la persecución judicial y el encarcelamiento o destierro de los principales liderazgos de la oposición.

Asimismo, reportes de agencias de la ONU para los refugiados (ACNUR) confirman que el flujo migratorio forzado hacia Costa Rica no se detiene, impulsado precisamente por la persecución política y el deterioro de las libertades fundamentales, contradiciendo la premisa de una estabilidad interna elegida por la ciudadanía.