La cátedra de Suyen Cortez a los influencers que “premian por delinquir”, una ventana al “autoritarismo digital”

Hubo un tiempo en que la televisión nicaragüense mostraba sin filtros la tragedia. Los noticieros de sucesos hacían ‘zoom’ a las lentes de sus cámaras sobre los cadáveres tirados en el asfalto, a las heridas abiertas y a las víctimas de violencia cuyos nombres y rostros eran expuestos sin reparo.

La periodista Suyen Cortés recordó las prácticas de aquella época como algo “impensable” en los tiempos que corren: «Nuestra misión era salir a buscar sangre», dijo en un video difundido en redes sociales. Eran sus primeros años en la cobertura de sucesos y vivió desde adentro el complejo proceso que enfrentaron los medios de comunicación de entonces para comprender que la búsqueda del raiting no podía estar por encima de los derechos de las personas.

La periodista, alejada ya de las pantallas, se manifestó alarmada porque dos décadas después Nicaragua enfrenta un desafío similar, pero lejos de los estudios de televisión. El escenario ahora son las redes sociales y los protagonistas los “influencers” más populares del país.

“Los premiamos por delinquir en vivo”, zanjó Cortés al cuestionar la normalización de conductas que, a su juicio, han cruzado la frontera entre el entretenimiento y la ley.

Se refirió a los videos o reality shows transmitidos por internet en los que personajes que han ganado notoriedad en las redes sociales exhiben conductas sexuales, conflictos personales convertidos en espectáculo, exposición pública de terceros, expresiones de violencia de género, xenofobia, acoso y comportamientos que podrían constituir delitos.

“Hemos visto en esos reality shows que han hecho aparente consumo de sustancias ilegales. Vimos cómo una joven participante española fue humillada, desacreditada, fue víctima de xenofobia, de misoginia y todos lo vimos… Lo más triste y preocupante es que los premiamos por delinquir en vivo. ¿Están claros de eso? Los premiamos por delinquir en vivo. No podemos convertir a esos dis que influencers en vacas sagradas”, reclamó al llamar a la necesidad de una regulación como la que enfrentaron los medios de comunicación tradicional dedicados a la cobertura de sucesos.

Suyén Cortés señaló además la divulgación pública de información personal de una mujer, incluidos datos sobre su identidad y su lugar de trabajo durante una disputa difundida en redes sociales. Para la periodista, estos episodios reflejan una tendencia cada vez más frecuente: la conversión de situaciones potencialmente lesivas para terceros en contenido destinado a generar visualizaciones.

Su crítica alcanzó también a algunos influencers con responsabilidad probada en accidentes de tránsito con distinto grado de gravedad y que, pese a la polémica pública, continúan acumulando seguidores, reproducciones y contratos publicitarios.

Con esto Cortés planteó que, así como los medios tradicionales terminaron adoptando mecanismos de autorregulación para proteger a las víctimas y reducir los excesos de la llamada nota roja, las plataformas digitales deberían abrir una conversación similar sobre sus límites.

«Ustedes dirán: estás hablando de censurar. No, no se llama censura, se llama control. Se llama regulación», argumentó.

Peligro: el autoritarismo volcado al espacio digital

La propuesta, sin embargo, abre una ventana peligrosa en un país que puntea entre los países con menos libertad de expresión en el mundo, donde el periodismo se convirtió en uno de los oficios más peligrosos obligando a toda la prensa independiente a operar desde el exilio, a causa de la política de cero tolerancia del régimen.

Especialistas explican a DESPACHO 505 que el riesgo aparece cuando la respuesta a los excesos consiste en otorgar al Estado la capacidad de decidir qué contenidos pueden circular y cuáles no. En un país sin democracia, sostienen, la regulación de opiniones sí puede derivar en censura.

Para Guillermo Medrano de la Fundación para Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), las conductas delictivas deben ser perseguidas mediante las leyes ya existentes, independientemente de si quien las comete es un ciudadano común o una figura del mundo digital. (LEER ENTREVISTA)

Nicaragua ya cuenta con una norma diseñada por el régimen para restringir la libertad de expresión en el entorno digital. La Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en 2020 y conocida como «Ley Mordaza» que castiga con penas de entre uno y 15 años de prisión delitos considerados lesivos para la «seguridad del Estado», incluida la difusión de información que las autoridades consideren falsa o tergiversada y que genere «alarma», «temor» o «zozobra», conceptos que la norma no define con precisión dejando a total discrecionalidad su aplicación.

La legislación faculta a las autoridades a congelar bases de datos e intervenir equipos informáticos en investigaciones por ciberdelitos, y fue señalada desde su aprobación como una herramienta susceptible de ser utilizada para vigilar comunicaciones y perseguir el ejercicio periodístico.

En septiembre de 2024, el régimen Ortega-Murillo endureció la norma al incluir expresamente a las redes sociales y aplicaciones móviles dentro de su ámbito de aplicación, ampliando el control estatal sobre los contenidos difundidos en internet. Fue con esa reforma que se aumentó las penas de cuatro a seis años hasta rangos de entre siete y 15 años de prisión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido que la ley contiene tipos penales amplios y ambiguos que otorgan a las autoridades un amplio margen de interpretación para sancionar expresiones críticas y restringir el espacio cívico.

La diferencia relevante, anota un abogado penalista que pide anonimato, es que el problema no es la existencia de influencers polémicos sino que estos «sean utilizados como excusa para aumentar la represión en el espacio digital».

El abogado explica que el planteamiento de que se regulen las conductas de ciertos personales obedece a «la percepción de que la fama digital puede traducirse en una forma de impunidad social o judicial y es algo que el mismo régimen permite. Lamentablemente las autoridades han mandado ese mensaje porque han beneficiado a figuras responsables de hechos graves».