«Regular las redes sociales sería el tiro de gracia para la libertad de expresión» en Nicaragua: director de FLED

Las redes sociales se han convertido en uno de los últimos espacios donde los nicaragüenses aún pueden informarse, opinar, debatir o simplemente escapar de la asfixiante clima de persecución política. Pero ese mismo espacio enfrenta nuevas presiones. El auge de figuras que se presentan como influencers y protagonizan controversias por su lenguaje o conductas ha reavivado el debate sobre la necesidad de regular los contenidos digitales.

Para Guillermo Medrano, director de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), reclamar un mayor control estatal sobre las redes sociales acarrea riesgos especialmente graves en un país que ya cuenta con un amplio andamiaje legal para criminalizar la libertad de expresión. «Sería el tiro de gracia para la libertad de expresión en Nicaragua», advierte en esta entrevista con DESPACHO 505.

Medrano recuerda que leyes como la Especial de Ciberdelitos o la de Regulación de Agentes Extranjeros ya han sido utilizadas para perseguir voces críticas, periodistas y medios independientes. Por ello, considera que otorgar más facultades al Estado para decidir qué contenido puede circular en internet podría profundizar el silenciamiento y acelerar lo que define como una normalización del «autoritarismo digital».

En esta conversación, el experto analiza los límites entre regulación y censura, el impacto de las leyes represivas sobre la libertad de expresión y las razones sociales y culturales que, a su juicio, explican el auge de ciertos contenidos digitales en un país marcado por el exilio, el cierre de espacios culturales y el apagón informativo.

¿Qué riesgos observa en que un Estado que censura y criminaliza la libertad de expresión amplíe aún más su capacidad de supervisar o restringir el contenido digital?

Desde una perspectiva jurídica, el mayor riesgo es que se normalice el autoritarismo digital. En un contexto de cierre total del espacio cívico, el Estado de Nicaragua carece de neutralidad institucional y por lo tanto no hay separación de poderes. Ampliar sus facultades de supervisión estatal no busca proteger derechos, sino perfeccionar el andamiaje de leyes represivas que ya existen, como la Ley Especial de Ciberdelitos o la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que están tres las más perversas.

En términos generales, esto se traduce en una violación adicional al principio de legalidad, se siguen utilizando tipos penales ambiguos como «noticias falsas» o «menoscabo a la integridad nacional». Todo ello tiene la finalidad de seguir criminalizando el estándar interamericano del ejercicio de la libertad de expresión, nada más que ahora también en el entorno digital.

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Creo que el principal riesgo de que se utilice el argumento de regulación para favorecer la censura es que en Nicaragua ya existe un historial de persecución contra periodistas, medios independientes y voces críticas. Darle más poder al Estado para decidir cómo y qué contenido puede circular, se puede traducir en más vigilancia, más autocensura y restricciones a los derechos fundamentales.

En un país donde los medios independientes han sido cerrados y periodistas han sido perseguidos o expulsados, ¿qué implicaciones tendría otorgar al Estado mayores facultades para controlar el contenido que circula en redes sociales?

Sería el tiro de gracia para la libertad de expresión en Nicaragua. Si ya cerraron periódicos, confiscaron redacciones, desterraron periodistas, controlar las redes sociales significaría la instauración de un control totalitario, absoluto sobre la mente de los ciudadanos.

Implicaría que el nicaragüense ya no podría ni quejarse, ni quejarse ni del precio del queso, ni que la energía se va, ni de la falta de agua potable o de que el camión de la basura no pasa, porque corre el riesgo de ser catalogado como ciberdelito o noticia falsa. Creo que sería catastrófico: sería el silencio total dentro del país.

También tendría implicaciones muy preocupantes para la libertad de expresión porque hasta ahora las redes sociales se han convertido en uno de los pocos espacios donde aún circula información independiente y donde la ciudadanía puede expresar, aunque sea con temor, opiniones diversas.

Otorgar mayores facultades de control por el estado, va a profundizar el silenciamiento de voces críticas y va a debilitar más el debate público que cada día es menos porque hay miedo a la censura. En Nicaragua darle Me gusta a un programa o a una nota periodística de un de comunicación puede significar asedio, intimidación, cárcel o muerte.

El debate ha resurgido a raíz de algunos reality shows y transmisiones en redes sociales en los que se han observado conductas que algunos consideran violentas o incluso potencialmente delictivas. ¿Cómo debería abordarse este tipo de contenidos sin abrir la puerta a mayores restricciones a la libertad de expresión?

La respuesta penal o regulatoria del Estado debe ser siempre el último recurso. Para sancionar conductas que vulneren derechos, como la violencia de género, debe aplicarse el derecho penal ordinario y exigir la autorregulación a las plataformas tecnológicas mediante sus normas comunitarias, bajo la doctrina de que la responsabilidad intermediaria recae sobre las audiencias.

Legislar a golpe de emoción ante un reality show constituye un error técnico y jurídico, porque abre la puerta a la censura previa, prohibidos por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También existen conductas que podrían constituir delitos y estas deben investigarse y sancionarse conforma a la ley, pero sin crear mecanismos amplios de control sobre la conversación pública. Es importante fortalecer la educación digital, la responsabilidad de las plataformas y la capacidad de la ciudadanía para identificar contenidos dañinos. Lo que hace falta es una alfabetización digital.

¿Dónde debería trazarse la línea entre la necesaria moderación de contenidos que puedan causar daño y el riesgo de que la regulación termine convirtiéndose en censura estatal?

Esa línea está claramente definida en el derecho internacional de los derechos humanos: la moderación de contenidos solo debe intervenir ante situaciones graves y reales, como la incitación directa a la violencia, la invocación a la guerra, la explotación sexual infantil o discursos de odio que pongan en riesgo la vida.

Y esa moderación debe ser aplicada por plataformas digitales o tribunales independientes. Nunca el Estado de forma unilateral. Desde el momento en que un gobierno como el de Nicaragua que decide qué es bueno y qué es malo escuchar la línea se borra y lo que tenés es censura pura y dura.

El límite debe encontrarse siempre en el respeto a los derechos humanos y en el debido proceso, la intervención debe limitarse a contenidos claramente ilegales, definidos por normas transparentes y sujetas a supervisión independiente. Cuando el Estado puede eliminar contenido según criterios ambiguos como sucede en la legislación nicaragüense el riesgo de censura es total.

Más allá del debate regulatorio, ¿qué revela sobre la sociedad nicaragüense el hecho de que este tipo de figuras o contenidos estén ganando visibilidad e influencia entre amplios sectores de la audiencia?

Este fenómeno nos desnuda como sociedad, refleja un trauma profundo, la normalización de la violencia que llevamos años viviendo, sobre todo un país donde existe una enorme necesidad de escape, porque existe una situación crítica en Nicaragua de crisis política, económica y social.

Cuando una sociedad está afixiada políticamente, sin empleo, con familias divididas por el exilio, la gente busca lo que sea para distraerse, aunque sea contenido vacío o violento. Esto tristemente es el reflejo de un tejido social que está golpeado y desgastado.

Pero también refleja cambios en la forma en que las personas consumen información y entretenimiento. Esto pone en evidencia una demanda de espacios de interacción y cercanía que actualmente los medios de comunicación que aún funcionan en su versión análoga no ofrecen debido al cierre del espacio mediático y cultural.

Es un fenómeno que debe de analizarse desde otras perspectivas, como la perspectiva social y cultural, no únicamente desde la regulación, o sea, desde el punto de vista jurídico, sino que hay que ver esa otra arista, lo social y lo cultural.

¿Cree que el auge de estos creadores responde a una demanda genuina del público o también es consecuencia del cierre de espacios informativos, culturales y de entretenimiento independientes en Nicaragua?

Esto es cien por ciento consecuencia del apagón informativo y cultural que hay actualmente en Nicaragua. En el país cerraron canales de televisión, radios locales y comunitarias, centros culturales, teatros; no hay espacio para el debate ni para el entretenimiento sano. La gente busca de alguna manera cómo escapar, cómo expulsar su pena.

Al dejar al pueblo en un desierto cultural, la gente consume lo único que queda flotando en la redes. ¿Y qué está flotando ahorita? Este auge, porque es que solo quiere escuchar vulgaridades, es que eso directamente es lo que hay. Entonces, tristemente, eso es lo que consume. Eso es lo que han dejado.

Al no existir un periodismo serio ni programas de entretenimiento de calidad, y dado que los medios de comunicación que aún operan carecen en gran medida de este tipo de contenidos, la vulgaridad y la chabacanería terminan ocupando ese espacio. Están a flor de piel y se convierten en lo que consume la audiencia.

Sin embargo, existe una demanda real por nuevos formatos digitales pero también es cierto que el cierre de medios y de espacios culturales ha reducido las opciones disponibles para para la ciudadanía. Ese vacío facilita que otros actores ocupen una mayor cuota de atención pública.