Honduras pide al régimen de Nicaragua «trato digno» para sus funcionarios tras colapso de la Corte Centroamericana de Justicia
La Cancillería de Honduras confirmó este miércoles el cierre jurídico de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y pidió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo garantizar «trato digno» a los funcionarios hondureños afectados por la desaparición del organismo, en medio de filtraciones sobre la orden de expulsión de Nicaragua contra los magistrados Óscar Fernando Chinchilla y Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano.
Aunque el pronunciamiento diplomático evita referirse explícitamente a las versiones sobre las expulsiones, Tegucigalpa insistió en que cualquier medida adoptada por Nicaragua contra ciudadanos hondureños vinculados a la Corte debe ejecutarse con «trato digno», comunicación oficial, garantías consulares y respeto a sus documentos, bienes y familias. Esto deja entrever el nivel de tensión alrededor del colapso del tribunal regional con sede en Managua.
La declaración se conoce después de que la prensa hondureña informara que el régimen sandinista declaró non gratos y expulsó a magistrados de ese país ante la CCJ tras retirarles las prerrogativas diplomáticas derivadas de sus cargos.
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Según las publicaciones periodísticas, el exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla y la exmagistrada Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano fueron acompañados hasta la frontera con Honduras. Hasta ahora, ni Managua ni los funcionarios mencionados se han pronunciado públicamente sobre el caso.
Honduras: Nicaragua fue la primera en desatar la crisis en la Corte
En su comunicado, Honduras reconoce la «plena facultad soberana» de Nicaragua para decidir sobre el ingreso y permanencia de extranjeros en su territorio, y ofrece una recapitulación detallada sobre la forma en que se produjo el cierre de la Corte.
Las autoridades hondureñas explican que la Corte quedó «desprovista de su instrumento jurídico constitutivo», lo que provoca «el cese de sus funciones y la pérdida de su personalidad jurídica internacional», después de que Nicaragua, Honduras y El Salvador denunciaran el convenio que daba vida al organismo.
Tegucigalpa precisó que Nicaragua fue el primer país en denunciar el Convenio del Estatuto de la CCJ el 18 de marzo de 2025. Honduras hizo lo mismo el 29 de abril de 2026 y El Salvador el pasado 20 de mayo. Con la salida de los tres Estados Parte, el tribunal regional quedó formalmente extinguido.
Mal síntoma del sistma de integración centroamericano
La Cancillería hondureña también dio por terminado el Acuerdo de Sede firmado entre Nicaragua y la Corte, al considerar que perdió “su objeto, eficacia y razón de ser” tras desaparecer el organismo regional al que daba soporte institucional.
La CCJ nació en 1992 como uno de los pilares jurídicos del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), con la aspiración de convertirse en un tribunal supranacional para resolver controversias regionales. Desde 1994 funcionó desde Managua como símbolo de la integración centroamericana impulsada tras los conflictos armados de los años ochenta.
Sin embargo, su influencia política y jurídica fue deteriorándose progresivamente hasta quedar reducida a una institución prácticamente inoperante.
La desaparición definitiva de la Corte representa otro síntoma de la crisis que atraviesa el sistema de integración regional centroamericano. El Sica por su lado permanece bloqueado desde 2023 por las tensiones diplomáticas alrededor del régimen de Ortega y Murillo que exige el control de la Secretaría General del organismo regional.
