Acusado por femicidio no llega a juicio por culpa de las autoridades penitenciarias

A las nueve de la mañana miércoles 24 de marzo en el Juzgado de Distrito Penal de Adolescentes y Especializado en Violencia de la ciudad de Ocotal, del departamento de Nueva Segovia, estaba todo listo para el inicio del juicio por el femicidio contra Yesenia de Jesús Marchena. La juez y fiscal llegaron puntales a la cita. Faltó el acusado.

La ausencia de Edier José Caballero Pozo (25 años), a quien la Fiscalía acusa como el sujeto que el pasado 9 de febrero asesinó a Yesenia de Jesús Marchena -su expareja- con un arma blanca, fue provocada por las autoridades del Sistema Penitenciario “Puertas de la Esperanza” del departamento de  Estelí que, entre sus responsabilidades, tienen la de cumplir con el traslado de los reos a los llamado ante la justicia.

Esta falta de cumplimiento provocó la reprogramación del juicio por femicidio contra Caballero Pozo para el 6 de abril a las nueva de la mañana. Para demostrar la culpabilidad del acusado, la Fiscalía llamará a declarar como testigos a diez personas.

Marta Flores, representante de Católicas por el Derecho a Decidir, sostiene que la ausencia del reo no es un hecho aislado, si no parte de la actitud negligente y de menosprecio hacia la violencia contra las mujeres que impera en toda la cadena de justicia. «Esto nos da una lectura que la violencia de género no es de suma importancia, nuestros registros nos arrojan esa alto nivel de impunidad», agrega en referencia a los 384 crímenes impunes que esta organización contabiliza desde el año 2012, cuando en Nicaragua reconoce la figura del femicidio.

«En lo que va del año son dos femicidas prófugos y más de diez niñas y adolescentes mujeres desaparecidas que no tienen esa efectiva búsqueda por ser mujeres, pero si fuese droga o algún opositor ahí son efectivos. El deber sería tener la misma efectividad y no continuar viendo la violencia de género como una simple discordia», cuestiona.

NUEVO AVISO PARA EVITAR FALTA

Ante el atraso, la representante del Ministerio Público solicitó a la juez Nancy Rossman Mendoza, titular del Juzgado de Distrito Penal de Adolescentes y Especializado en Violencia de la ciudad de Ocotal, del departamento de Nueva Segovia, que girará un oficio con anticipación a  las autoridades penitenciarias de Estelí para que se garantice la presencia  del reo. También pidió que solicite a la Policía Nacional el traslado de las evidencias ofrecidas en el intercambio de pruebas.  

Según la acusación, el femicidio contra Yesenia de Jesús Marchena se registró en  la comunidad Santa Clara, del municipio San Fernando, Nueva Segovia. También expone que Yesenia sufría maltrato físico y verbal de parte del acusado y, por ese motivo, a finales de enero decidió poner fin a la relación de pareja y se trasladó a vivir a la casa de su mamá.

No obstante, aprovechando que vivían  en la misma comunidad,  Caballero llegó a buscarla a las 6: 50 de la tarde del pasado 9 de febrero. Ella se encontraba en  la acera de la casa de su mamá en compañía de  una amiga y al verlo ingresó a la vivienda. Decidió salir cuando creyó que se había marchado, y fue cuando él la atacó con el arma que había alistado cuando fue a buscarla.

En lo que va de 2021, un total de 14 mujeres han sido víctimas de femicidio en Nicaragua, según datos de Católicas por el Derecho a Decidir. Flores no omite el crimen contra la joven transgénero Lala, pero señala que este se trata de un crimen de odio y que Nicaragua tiene un vacío legal en materia de diversidad, ya que no ha reconocido el delito de transfemicidio.

“En este transfemicidio podemos ver la misoginia, la homofobia, la intolerancia que podemos ser diversos y diferentes, el machismo se pone de manifiesto”, comenta Maryce Mejía, de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

Las defensoras lanzan con insistencia alertas sobre el riesgo que enfrentan las mujeres y otros grupos vulnerables por razones de género. Demandan una atención urgente que no hace eco las autoridades. Por el contrario, consideran que la violencia machista ha sido instrumentalizada políticamente, porque fue impuesta la prisión perpetua en el país como una supuesta medida para castigar estos crímenes, pero en la práctica, las autoridades invisibilizan la violencia.

El 2020 cerró con 71 femicidios, la mayoría no reconocidos por las autoridades.