La alianza con Rusia alcanza al sistema de justicia de Nicaragua: el régimen autoriza acuerdo entre fiscalías

La alianza entre Managua y Moscú alcanzó este lunes un nuevo terreno. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó la firma de un convenio de cooperación entre las fiscalías de Nicaragua y Rusia, incorporando al sistema de justicia a la creciente red de acuerdos suscritos entre ambos países.

La medida quedó oficializada mediante el Acuerdo Presidencial No. 91-2026, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, en el que Ortega y Murillo otorgan plenos poderes a Alba Azucena Torres Mejía, ministra asesora para Políticas y Relaciones Internacionales y embajadora de Nicaragua en Moscú, para suscribir el convenio en nombre del Estado nicaragüense.

El documento autoriza la firma del Convenio de Cooperación entre el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de la República de Nicaragua y la Fiscalía General de la Federación de Rusia.

El texto divulgado en La Gaceta no detalla el contenido del acuerdo ni los mecanismos de cooperación que establecerán ambas instituciones.

La autorización se suma a una serie de acuerdos suscritos entre Managua y Moscú en los últimos años en ámbitos como seguridad, defensa, educación, tecnología, salud y cooperación institucional.

El delicado terreno de la justicia

Este convenio resulta especialmente sensible porque involucra directamente a las instituciones encargadas de la investigación y persecución penal en ambos países. Las fiscalías ocupan una posición estratégica dentro de la estructura de cualquier Estado. Son las instituciones encargadas de dirigir investigaciones penales, promover acciones judiciales y coordinar la persecución de delitos.

En el caso de Rusia y Nicaragua, ambas entidades cuentan además con amplias competencias para colaborar con otras autoridades nacionales e internacionales en asuntos vinculados a la justicia penal.

Aunque el contenido del convenio no ha sido divulgado, el acuerdo vincula por primera vez de manera formal a dos instituciones clave para el funcionamiento de los sistemas judiciales de ambos países.