De concejal del FSLN a preso político: El precio por negarse a reprimir

Para junio del 2018, Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado, de 54 años, llevaba seis meses como concejal de la bancada del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, (FSLN) en Masaya. Había resultado electo en noviembre de 2017 a través de una alianza entre el partido rojinegro y el Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), en el cual milita, pero “cayó en desgracia”.

El nombre de Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado, también conocido como Tikay, fue borrado de la lista de funcionarios públicos en Masaya, ahora aparece como parte de los 125 prisioneros políticos por los que organismos defensores responsabilizan al régimen de Daniel Ortega.

Según ha expresado ante las autoridades que lo enjuiciaron, su encarcelamiento fue un “castigo” que tiene dos motivos el reclamo que hizo al fallecido alcalde de Masaya Orlando Noguera por el asesinato de su sobrino durante un ataque de policías y paramilitares, en el sector de San Miguel, 2 de junio del 2018; y su rechazó el llamado a reprimir las manifestaciones cívicas, iniciadas el 18 de abril de ese año.

“Desde ese entonces, ellos lo tomaron a mal, como traición”, aseguró Gutiérrez.

En el juicio que terminó el pasado 1 de marzo con un fallo de culpabilidad, el exconcejal se declaró inocente e “injustamente procesado» por tráfico de estupefacientes y portación ilegal de armas de fuego. Reafirmó que su posición ante la represión y alzar la voz por su sobrino asesinado es lo que lo tiene en prisión.

El preso político podría enfrentar hasta 16 años de encierro en la cárcel. La juez Fátima Rosales González, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito Penal de Juicio de Managua, no ha dictado sentencia, pero su fallo de culpabilidad lo basó en la versión que brindaron oficiales de policía.

En el último día de juicio, durante el debate de pena, el fiscal Luis Carlos Mongalo solicitó un castigo de 16 años , mientras que el defensor de presos políticos Julio Montenegro pidio la pena mínima, enfatizando que se trata de un juicio político sustentado en declaraciones contradictorias.

AISLADO Y ENFERMO

Desde el pasado 13 de enero, cuando el exconcejal fue trasladado a la cárcel, sólo le han permitido una visita. Está aislado y enfermo, denuncia su esposa Noelia Cano Espinoza, quien en 2017 fue electa concejal suplente, y también separada de su cargo en junio de 2018.

Además de padecimiento crónicos, Gutiérrez se queja de problemas de salud derivados de una brutal golpiza que le dieron el día de su detención. Lleva más de un mes exigiendo a las autoridades del Sistema Penitenciario de Tipitapa que se le brinden atención médica por los problemas estomacales que padece y el deterioro de su salud luego de su violenta detención.

“No sabemos porqué no permiten que un médico ingrese a examinarlo”, reprocha Cano, al expresar que como tampoco les han permitido visitarlo, desconocen su estado de salud, “y el gran temor que tenemos es que durante la golpiza que le propinaron haya resultado con daños en fracturas que tiene de vieja data”, explicó.

“Fue crucificado y pateado al momento en que llegaron a secuestrarlo a la casa que estaba alquilando y producto de la golpiza, se le inflamó el estómago, y desde ese día presenta fuertes dolores estomacales y hasta fiebre le ha dado, pero no permiten que un médico lo examine”, denunció.

Durante el juicio la jueza aprobó la petición del defensor Julio Montenegro para que el exconcejal fuera valorado en el Instituto de Medicina Legal, para determinar su condición de salud. “Desconozco si ya fue valorado por el médico forense, porque se nos tendría que estar notificando, pero durante las etapas de juicio hemos insistido en que se le brinde atención médica, sin embargo esa petición no la han resuelto y es parte de una constancia en el caso de los presos políticos”, afirmó Montenegro al recordar que la fecha prevista para la revisión era el 2 de marzo.

Explicó que con frecuencia presentan solicitudes para que se ordene a las autoridades del Sistema Penitenciario ue brinden atención médica inmediata a los presos, pero que estos reciben un tratamiento básico y los resultados de las valoraciones casi nunca coinciden con las dolencias que manifiestan los reos. Muchos requieren atención especializada y no se les garantiza.

La esposa del exconcejal, exige suu liberación y que se le permita a la Cruz Roja Internacional, entrevistarlo.

REPRIMIR PARA DEFENDER A RAMÓN AVELLÁN

Por su pasado como parte de los guerrilleros que combatieron a la par de Camilo Ortega contra la dictadura de Somoza, Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado fue llamado para integrarse a los escuadrones de ataque a las protestas antigubernamentales del 2018.

Refirió que fue el presidente del PRN, Julio César Blandón, conocido como comandante Kaliman, quién lo contactó para hacerle la propuesta.

En concreto, asegura que le había orientado organizar a un grupo de sesenta hombres que tenían como misión ser el escuadrón de defensa del comisionado Ramón Avellán, sancionado por Estados Unidos por su responsabilidad en la violencia y graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega a partir de abril de 2018.